Suspendida hasta el 24 de junio la declaración de Alberto González y del resto de investigados
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha decidido aplazar hasta el próximo 24 de junio la declaración de Alberto González Amador y otros investigados en un presunto fraude fiscal, según fuentes judiciales.
La suspensión se debe a que uno de los investigados citados para este lunes no fue notificado de la citación, y tampoco se pudo realizar una videoconferencia programada para mañana en los juzgados de Sevilla.
González Amador, pareja de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, llegó discretamente a los juzgados alrededor de las diez de la mañana para enfrentar los cargos por dos delitos fiscales y uno de falsedad documental relacionados con un presunto fraude fiscal de 350.951 euros, según la Fiscalía de Madrid y la Agencia Tributaria.
Su llegada pasó desapercibida para los medios, que se congregaron en los dos accesos de la sede judicial. Actualmente, se encuentra dentro de la sala de vistas para rendir su declaración.
Se informa que González Amador podría haber cambiado su apariencia, llevando el pelo más corto y sin barba, lo que hizo que los periodistas que lo esperaban no lo reconocieran.
En el acceso principal de los juzgados se ha implementado un dispositivo de seguridad especial con vallas, y decenas de periodistas se han concentrado en las puertas.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid interrogará durante la mañana a Alberto González y a Maximiliano N. en el marco de las diligencias abiertas contra Alberto G. A. y otras cuatro personas. El martes, se interrogará a otras tres personas investigadas en el mismo procedimiento penal.
La pareja de Ayuso podría defender su inocencia o aceptar los delitos que se le imputan según un acuerdo propuesto por su defensa, que implica una condena de ocho meses de prisión, cuatro por cada delito fiscal.
Este interrogatorio precede a la ratificación que deberá hacer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la querella que interpuso contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal Julián Salto, por revelación de secretos en relación con un comunicado difundido por la Fiscalía de Madrid sobre el cruce de correos entre su abogado y el fiscal del caso.
La investigación se centra en supuestos delitos relacionados con el Impuesto de Sociedades de los años 2020 y 2021, así como un presunto delito de falsedad documental al presentar facturas que no corresponden a servicios prestados con el fin de reducir la tributación.
La jueza de Instrucción fundamenta estos cargos en el Código Penal, concretamente en el artículo 305.1 en concurrencia con un delito de falsedad en documento mercantil.
El caso se originó a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que señalaba un presunto fraude fiscal al detectarse gastos ficticios basados en facturas emitidas por varias sociedades, que no se corresponden con servicios reales. La investigación inició el 23 de enero y se presentó una denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según la denuncia, la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente habría cometido un fraude tributario superior a los 120.000 euros y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
