Ecologistas piden a Comunidad de Madrid medidas contra las causas de incendios forestales
Las asociaciones de ecologistas han reclamado este viernes a la Comunidad de Madrid que tome medidas contra la causas de los incendios forestales
La Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA), Jarama Vivo y Liberum Natura han reclamado este viernes al Gobierno regional que tome medidas eficaces contra la causas de los incendios forestales.
A pesar del aumento en las inversiones que la Comunidad de Madrid ha realizado en la lucha contra los incendios forestales con respecto a 2023, un 5,3% más este 2024, hasta alcanzar los 47 millones de euros, 2,4 millones de euros más que en el ejercicio anterior, estos no han dejado de producirse, «aunque existen suficientes datos y tecnología como para que se tomen medidas con antelación, y evitar al menos en parte, los fuegos que se están produciendo en la región».
Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales
Durante lo que llevamos de años 2024, y sobre todo desde el 15 de junio, que comenzó el Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA), los ecologistas han calculado, por los datos recogidos de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, que han ardido más de 1.200 hectáreas, frente a las 1.290 que ardieron en los últimos tres años, tan sólo superada hasta el momento por las 1.326 hectáreas de 2020, pero que es posible que a finales de verano se haya superado esta superficie.
Los ecologistas critican que, pese a estos datos, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, haya anunciado las bondades de su Consejería al esclarecer el 82% de los fuegos que se produjeron en la Comunidad de Madrid durante el año 2022, trabajo habitual de las Brigadas Especiales de Incendios Forestales (BEIF).
O el control de las 34 torres de vigilancia que ejerce sobre el terreno en la detección de cualquier foco de fuego, sin recordar que este año son 149 profesionales más los que se han incorporado a la lucha contra el fuego, llegando a 5.924 efectivos, lo que supone una cifra récord.
Los colectivos ecologistas aseguran que algunos de los incendios producidos se podrían haber evitado si se hubiera llevado a cabo las medidas que la Comunidad de Madrid tiene recogida en el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA) que prohíbe y limita el empleo de cualquier instrumento, vehículo o aparato (desbrozadoras, radiales, motosierras, así como cosechadoras, segadoras o tractores con aperos) que pueda generar chispas, deflagración, calor o descargas eléctricas en los montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 metros alrededor de aquellos, desde el 15 de mayo y hasta el 31 de octubre –época de riesgo medio y alto– sin una autorización expresa de la Dirección General de Emergencias.
Causas de los incendios
La falta de esa vigilancia, insisten, es lo que ha propiciado los incendios más importantes que se han producido. El incendio de Loeches, que ha calcinado 720 hectáreas de cultivo, pasto y bosque mediterráneo en regeneración se produjo por el empleo, en las horas de más calor, de una cosechadora que trabajaba en la zona, «y que carecía de los medios de extinción que obliga la ley, como batefuegos, extintores o mochila de agua».
El primer incendio del Molar se debió al incendio de un camión que prendió en el arcén de la N-I, pasando al monte. Este año han sido numerosos los casos de incendios forestales producidos por esta causa. Los ecologistas señalan que numerosas cunetas aún no han sido limpiada ni desbrozadas lo que supone un peligro, ya que la tirada de objetos como colillas desde los coches «es una práctica incívica que perdura y no se pone remedio».
El segundo incendio de El Molar, que también ha afectado al término de Pedrezuela esta semana, ha sido causado por el empleo de una radial mientras se realizaban unos trabajos.
Restricciones
Los ecologistas ven necesario restringir temporalmente actividades de alto riesgo, como el tránsito y estacionamiento de vehículos en zonas forestales, la celebración de eventos en las decenas de fincas ilegales de bodas diseminadas por toda la región, el uso del fuego en fiestas patronales, etc.
Por último, consideran que con esclarecer los casos no es suficiente, sino que debe existir un mecanismo disciplinario real y efectivo que sea ejemplarizante. «Esa ‘libertad’ de la que hace gala el Gobierno de la Comunidad de Madrid puede ejercerse con responsabilidad y concienciación, sin poner en riesgo el patrimonio natural, vidas y bienes», concluyen.
