El juez archiva la causa contra los funcionarios de Alcorcón investigados por el incendio de 2022
El juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Alcorcón ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo del procedimiento respecto a los funcionarios del Ayuntamiento investigados en el marco de la causa por el incendio en la calle Oslo en 2022 en el que murieron dos menores de una misma familia.
En el auto fechado a 9 de enero, el juez determina que estos funcionarios cumplieron "con la diligencia de mínimos que les es exigible para no objetivar una responsabilidad desde el plano penal".
Entre las víctimas de la explosión se encontraba un bebé de nueve meses y su hermano de cinco años, quien falleció por inhalación de humo. La deflagración se originó a raíz de una chispa de una generadora que prendió un material aislante en unas obras que se realizaban en un restaurante.
En cuanto a la comprobación de la correcta sectorización de la obra, se aclara que es algo que "excede de su competencia, careciendo de facultades de supervisión de material". Además, el magistrado deniega la declaración en calidad de investigado al concejal responsable de Urbanismo.
El auto también señala que esto permite que el Ayuntamiento de Alcorcón pueda reintegrarse en el procedimiento "como parte, en su caso, perjudicada en el mismo". El documento destaca que contra esta decisión cabe recurso de reforma y subsidiario de apelación, o bien recurso de apelación directo.
Respaldo municipal
La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha comentado que "este auto avala, tal y como ya han defendido, la actuación municipal, ya que certifica que los trámites efectuados se han basado en el estricto cumplimiento de la normativa existente y la ley regional".
Además, resalta que se ha devuelto al Consistorio "su condición de parte perjudicada por el presunto delito, tal y como solicitamos desde el primer momento".
"El único objetivo es el de velar por los derechos y ayudar a la familia que ha sufrido las terribles consecuencias del incendio, así como al resto de vecinos, con el fin de depurar responsabilidades en este horrible suceso", asegura.
Hace un año, el juez interrogó a cuatro obreros y al coordinador de seguridad de la obra como investigados por un presunto delito de homicidio, lesiones imprudentes y daños.
Estos imputados se respaldaron en un informe pericial, ratificado por el máximo responsable de los bomberos municipales, que detallaba las deficiencias antiincendios del edificio al carecer de medidas contra el fuego en los falsos techos, incumpliendo la normativa.
Además, a los responsables de las obras se les imputa la presunta comisión de un delito conexo urbanístico y ordenación del territorio por vulnerar las directrices del Código Técnico de la Edificación.
