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Sucesos | Madrid

Ocho años de cárcel por agresión sexual y no abuso al emplear la violencia con una paliza a la víctima

cárcel por agresión sexual

  • Aplica la jurisprudencia del Supremo al considerar que basta que esa violencia sea suficiente para alcanzar el fin propuesto, «paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima»

EUROPA PRESS – La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a ocho años y medio de cárcel a un hombre por un delito de agresión sexual y no abuso sexual como solicitó la fiscal en el juicio por emplear la violencia sobre su víctima, a quien propinó una brutal paliza tras negarse a mantener relaciones en su piso del madrileño barrio de Chamberí.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se pena a Alien B., de origen rumana, a dos años y medio de prisión por agresión sexual; a dos años por un delito de lesiones; y a otros cuatro años por un delito de robo con violencia. Además, se le impone una medida de cinco años de libertad vigilada una vez sea excarcelado.

Los hechos se produjeron a las 23.30 horas del 17 de octubre del 2020 cuando la víctima se encontró con el acusado, a quien conocía de unos días antes, en un local de ocio situado en la calle Pelayo de Madrid. Tras cerrar el bar, se fueron juntos al domicilio de la joven.

La víctima relata en su denuncia que sobre las 08.00 horas el acusado comenzó a realizarle tocamientos de naturaleza sexual que no le agradaron, oponiéndose claramente a ellos y pidiéndole que se marchara de su domicilio.

Entonces, el hombre comenzó a darle golpes a la par que le preguntaba insistentemente por el lugar en que se hallaba el dinero, momento en el que la chica se desvaneció. El condenado aprovechó para robarle el teléfono móvil, dinero en efectivo y una cadena dorada.

La fiscal del caso solicitó trece años de cárcel por un delito de abusos sexuales, lesiones y robo con violencia, mientras el letrado de la víctima, el abogado penalista Juan Gonzalo Ospina, elevó la petición de cárcel a dieciséis años al calificar los hechos de agresión sexual por el uso de la fuerza.

La Sala ha apoyado la tesis de la acusación particular al calificar los hechos de agresión sexual por el uso que hizo el acusado de la fuerza para conseguir satisfacer sus deseos sexuales. Aduce que el artículo 178 del Código Penal, que describe el tipo básico de las agresiones sexuales, vincula «la presencia de la violencia e intimidación al atentado contra la libertad sexual de la víctima, sin establecer otras circunstancias personales u objetivas para entender consumado el tipo».

En este sentido, exponen los magistrados, «el elemento normativo expresado en la alternativa violencia o intimidación constituye el fundamento del delito, es decir, el castigo se produce por cuanto se coarta, limita o anula la libre decisión de una persona en relación con su actividad sexual».

Alude la Sala a jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reiterado que «la violencia o intimidación empleada en los delitos de agresión sexual no han de ser de tal grado que presenten caracteres irresistibles, invencibles o de gravedad inusitada, sino que basta que sean suficientes y eficaces en la ocasión concreta para alcanzar el fin propuesto, paralizando o inhibiendo la voluntad de resistencia de la víctima».

BRUTAL PALIZA

Tras negarse a mantener relaciones sexuales, la chica recibió una brutal paliza. Sufrió fracturas y deformidad en la nariz, necesitó la reconstrucción de dos piezas dentales, requirió tres días de hospitalización a los que sumó ochenta y siete días más de convalecencia.

En el juicio, el acusado se limitó a señalar que no recordaba nada de lo sucedido aquella noche. Sin embargo, la víctima relató el violento episodio vivido con su agresor tras propinarla una paliza después de que se negara a mantener relaciones sexuales.

En casos de delitos sexuales, el testimonio de la víctima es suficiente para enervar la presunción de inocencia de un acusado siempre que su declaración no genere dudas ante el tribunal.

La resolución recoge que no hay razón alguna para considerar «el testimonio de la víctima una denuncia injustificada, que tenga un móvil espurio, ya que con este procedimiento, «la víctima no obtiene ninguna ventaja, de la índole que sea», agregando que «esa declaración se ve corroborada por las testificales de sus vecinos, que relatan el estado en el que la encontraron pocos minutos después de marcharse el acusado».

Gracias a la tecnología de geolocalización, que se puso en marcha con las pesquisas policiales más inmediatas, localizaron el teléfono móvil de la mujer en la casa del investigado, y lograron el testimonio de un testigo que situaba la cadena dorada en manos del ahora acusado.

El abogado de la víctima, el letrado penalista Juan Gonzalo Ospina, ha incidido en que «no basta con denunciar en la Policía ante un caso de violación, agresión sexual o abuso», sino que destaca la importancia de acudir a un abogado penalista experto en delitos sexuales que conozca «el trámite adecuado a seguir y no deje en desamparo a la víctima».

Además, ha resaltado «la mejora en la investigación criminal con unidades especializadas como la UFAM (Unidad de Atención a la Familia y Mujer) de la Policía Nacional que realizaron una labor encomiable en la presente investigación».

Así, ha asegurado que ello «puede ser la diferencia entre encarar un juicio con las suficientes garantías procesales para las víctimas, en una situación nada fácil para las mismas, en un sistema judicial garantista como es el nuestro, donde es necesario demostrar la culpabilidad del acusado con pruebas lo suficientemente contundentes para que no quede lugar a dudas de su infracción».

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Sucesos | Madrid

Decomisados 19 ejemplares de animales que estaban a la venta en tupperwares en un parking junto a Expotierra

animales a la venta en tupperwares

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente de la Policía Municipal de Madrid se han incautado de 19 ejemplares de animales que estaban expuestos dentro de tupperwares para su venta ilegal en un aparcamiento cercano al Pabellón de Cristal de la Casa de Campo donde el pasado día 17 tenía lugar la Feria Internacional de Reptiles, Anfibios, Peces, Invertebrados y Pequeños Mamíferos, Expoterraria.

Esta actuación, que se encuadra en una operación internacional contra el tráfico ilícito de especies protegidas, permitió que se decomisaran un total de 19 especies vivas, principalmente reptiles, camaleones y serpientes, que estaban expuestas a la venta en un aparcamiento y dentro de tupperwares, ha informado a Europa Press un portavoz de la Policía Municipal.

De ellas, cuatro especies figuran en el Convenio Internacional CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos que tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

Así, se consultó con el herpetólogo de la Universidad Complutense de Madrid para que procediera a la descripción exacta de las mismas. En el resto de especies no contempladas en este convenio, no está permitida su comercialización fuera de los canales oficiales, como era el caso.

APOYO AÉREO CON DRONES DE POLICÍA MUNICIPAL

La operación se puso en marcha al detectar en la vigilancia aérea realizada por la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid en el marco de la celebración de esta feria posibles actividades ilícitas en uno de los estacionamientos próximos a la misma, ha explicado a Europa Press fuentes de este Cuerpo.

En concreto, desde los visores de los drones, los agentes pudieron constatar que un grupo de personas se concentraba alrededor de uno de los vehículos estacionados y se intercambiaba recipientes de plástico con lo que pudiera ser alguna especie animal en su interior a cambio de dinero.

Agentes de la Unidad de Medio Ambiente se personaron inmediatamente en el lugar y comprobaron cómo se estaba realizando la adquisición de uno de estos animales. Por ello, los agentes arrestaron a un ciudadano español como responsable de la venta. Asimismo, lograron determinar que uno de los compradores se había trasladado desde Portugal para realizar la compra de los especímenes con un vehículo matriculado en el país luso.

Así, se realizaron diligencias ante la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Servicio de Protección a la Naturarela UCOMA-Seprona, Gima 1, por un presunto delito contra el tráfico de especies.

Todas las especies decomisadas fueron entregadas y en custodia del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el Centro de Investigación FIEB (Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad)

En concreto, la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid colabora operativamente con Guardia Civil, UCOMA-Seprona, y con Europol, Ministerio para la Transacción Ecológica para la Cooperación Policial, la Autoridad de Seguridad y Alimentos de Holanda (NVWA), Policía Carabineri de Italia ( Medio Ambiente), Policía Medio Ambiente de Sueca, Policía Medio Ambiente de Países Bajos para realizar el servicio de Vigilancia e Inspección Administrativa en esta feria.

Para el desarrollo del operativo se celebró una reunión de trabajo previa para impulsar el control de especies animales en la sede central de Guardia-Civil- UCOMA, en la cual se establecen equipos de trabajo conjuntos de los diferentes organismos intervinientes. De esta forma, la Unidad de Medio Ambiente de Policía Municipal de Madrid inspeccionará los expositores asistentes a la feria y además solicita la colaboración de la Sección de Apoyo Aéreo para vigilar el posible comercio ilegal de animales en el exterior de Expoterraria.

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Sucesos | Madrid

La Audiencia de Madrid devuelve a la jueza el caso del crimen de Meco para que motive el archivo

caso del crimen de Meco

  • La instructora levantó la imputación al principal sospechoso del crimen y a otro sospechoso por falta de pruebas

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado devolver a la jueza de instrucción el caso del crimen de la joven Miriam Vallejo, cuyo cadáver apareció hace casi cuatro años cosido con 90 puñaladas en un descampado de Meco, para que motive el archivo de la investigación.

Así consta en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la acusación particular y por adhesión por el fiscal contra el auto de 27 de abril de 2022 dictado por la jueza para revocarlo a los efectos expuestos.

Dicho auto levantaba la imputación al principal sospechoso del crimen de la joven, Sergio S. M., y contra otro sospechoso por falta de pruebas. «No existen motivos suficientes para atribuir la perpetración del delito a persona determinada, ni para continuar con la imputación de Sergio ni contra el otro sospechoso», argumentó la jueza.

El fiscal se sumó al recurso por falta de motivación porque «no permite a las partes conocer los motivos que justifican el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones». Por ello, solicita que se dicte nueva resolución motivada en la que se expongan los argumentos que justifican dicho sobreseimiento.

Los magistrados emplazan ahora a la jueza a que «se pronuncie solo sobre su decisión de sobreseer provisionalmente la presente causa habida cuenta los indicios que la acusación particular ha considerado incriminatorios contra ambos investigados, aun cuando el Ministerio Fiscal los haya impugnado».

«Procede por ello declarar la nulidad del auto objeto de recurso al efecto de que se dicte una nueva resolución con arreglo a Derecho», recoge el auto que acuerda devolver «al Juzgado de procedencia las actuaciones originales, con testimonio de la presente resolución, para su conocimiento y cumplimiento.

El principal sospechoso del crimen era Sergio, quien era compañero de piso de la chica junto a su novia. Desde que fue arrestado, defendió su inocencia pero sus restos de AND en la ropa de Miriam le incriminaban a pesar de que su defensa insistía en que se pudo transferir en la lavadora.

En la instrucción, la jueza solicitó a la forense del caso que ampliara el informe de autopsia para determinar si pudieron intervenir varias personas en el crimen, una tesis que defendía la defensa del único investigado.

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