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Sucesos | Madrid

Los policías que tiraron abajo una puerta en Villaverde esgrimen que entraron para verificar un hecho violento

Policías abajo puerta Villaverde

  • Solicitan como prueba la transcripción de una llamada al 091 que hizo una vecina para alertar de «fuertes golpes»

EUROPA PRESS – Seis de los doce agentes de la Policía Nacional investigados por un delito de allanamiento de morada por tirar abajo la puerta de un piso de Villaverde han esgrimido ante el juez Marcelino Sexmero que seguían los protocolos oficiales para verificar si se estaba produciendo un hecho violento tras recibir la Sala del 091 un llamada alertado de «fuertes golpes», han informado fuentes jurídicas.

Se trata del segundo caso de la ‘patada en la puerta’ que llega a los tribunales madrileños por un delito de allanamiento de morada, regulado en el artículo 202.1 del Código Penal. A diferencia de la causa que se sigue contra seis agentes por acceder con un ariete en una vivienda de la calle Lagasca de la capital, en este caso no se estaba produciendo una fiesta ilegal.

Ante el juez, han comparecido seis de los policías que participaron en el operativo policial llevado a cabo a las 5.30 horas del pasado 9 de diciembre en el número 14 de la calle Pan y Toros. El próximo lunes declararán otros seis imputados por los mismos hechos. También ha testificado la mujer que llamó a la Sala del 091, ratificando que esa noche escuchó ruidos que la hicieron sospechar de que se podía estar produciendo un hecho violento.

En la causa están investigados doce agentes por allanamiento de morada y las cinco personas que estaban en el piso por delitos de atentado, desobediencia y lesiones.

Según las mismas fuentes, los policías han explicado ante el juez que entraron para comprobar la integridad de la mujer y de su bebé a consecuencia de una llamada a la Sala del 091.

Nada más llegar el indicativo, se produjo un lanzamiento de botellas por parte de las personas que estaban en el interior de la vivienda. Durante la intervención, dos de los policías resultaron lesionados.

Los policías solicitarán que se aporte como prueba a la causa la transcripción de dicha llamada para verificar ante el instructor que se estaba cometiendo un delito flagrante, un extremo que permitiría a los policías acceder a la fuerza.

JUGANDO A LA PLAYSTATION

Frente a la versión policial, los denunciantes sostienen que sí se estaba celebrando una fiesta y que estaban haciendo bastante ruido al estar jugando a la ‘PlayStation’, siendo cinco personas sin estar infringiendo las restricciones que había en ese momento por la pandemia.

A la llegada de los agentes, uno de los moradores entreabrió la puerta y se identificó. Su defensa ha señalado a Europa Press que no había ninguna denuncia por violencia de género ni ninguna persona lesionada, indicando que no se estaba produciendo ningún delito flagrante que justificara la entrada a la fuerza.

FUERTE REYERTA

Según el atestado policial, al que tuvo acceso Europa Press, los agentes recibieron un aviso a las 5.30 horas del pasado 9 de diciembre en el que se alertaba de que se estaba produciendo una «fuerte reyerta» en el citado piso, «pudiendo escuchar una vecina fuertes gritos de una mujer, así como un niño llorando».

A su llegada, los agentes fueron recibidos con lanzamientos de botellas desde una de las ventadas. Uno de los policías relató que al subir por las escaleras, escuchó un gran escándalo y golpes que provenían de la vivienda objeto del atestado.

Los moradores se negaron a abrir la puerta y comenzaron a insultar a los agentes, advirtiendo éstos que debían entrar a comprobar la integridad de la mujer y el niño.

Tras proseguir los insultos y amenazas, el responsable del operativo indicó que había que entrar «ante la posibilidad de que en dicha vivienda se estuviera produciendo un hecho violento, con peligro para la integridad física de una mujer y su hijo».

«Los agentes comenzaron a golpear la puerta tratando de acceder al interior, consiguiendo desencajar el marco, aunque no resulta posible acceder por encontrarse estas personas empujando», recoge el atestado. La intervención se prolongó durante más de una hora. Finalmente, lograron entrar en el domicilio y procedieron a engrilletar a los moradores.

En la denuncia de los moradores, a la que tuvo acceso Europa Press, las personas que estaban en el interior de la vivienda denuncian que sufrieron lesiones y golpes por parte de los agentes, tachando la intervención de «grave», «antijurídica» y «desproporcionada».

Sucesos | Madrid

La Audiencia de Madrid ordena investigar a más policías por un nuevo caso de ‘patada en la puerta’

Audiencia investiga policías vivienda

  • Se trata de los agentes que accedieron por el método del resbalón en una vivienda de la calle Velázquez

EUROPA PRESS – La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar a los agentes de la Policía Nacional que accedieron el pasado 22 de marzo a la fuerza en una vivienda de la calle Velázquez por el método del resbalón para disolver una fiesta ilegal, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Este caso se produjo el pasado 22 de marzo, un día antes de los hechos que desembocaron en otro caso judicializado contra seis agentes de la Policía Nacional por un delito de allanamiento de morada en la calle Lagasca de la capital.

Se da la circunstancia de que tres agentes coinciden en los dos operativos, entre ellos el subinspector al mando del dispositivo de ambas intervenciones.

Tras entrar los agentes en el piso de la calle Velázquez, en el distrito Salamanca, se procedió a la detención de dos jóvenes, quienes se querellaron contra los policías.

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, cuyo titular acordó archivar la causa penal. Fue entonces cuando la defensa de los moradores, representada por el letrado Juan Gonzalo Ospina, interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Ayer los magistrados de la Sección Tercera se reunieron para deliberar sobre el recurso, cuyo fallo ya se ha emitido. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda estimar el recurso de apelación y ordena al Juzgado a que proceda «a la toma de declaración del querellante y de los querellados y se pronuncie después sobre las eventuales diligencias de investigación que puedan derivar de la misma».

Juan Gonzalo Ospina ha destacado que «los hechos enjuiciados no son una cuestión baladí». «Estamos discutiendo sobre la defensa de derechos fundamentales, la inviolabilidad del domicilio, un derecho inherente a la dignidad humana», ha dicho.

Los magistrados señalan que del examen del testimonio del procedimiento judicial «se desprende que no hubo consentimiento por parte del ahora querellante con contrato de arrendamiento a su nombre respecto del domicilio señalado y que la decisión de entrada en el inmueble fue tomada ante la ausencia de respuesta a las órdenes de los agentes y a los apercibimientos que de forma reiterada se llevaron a cabo, razón por la cual se procedió a la apertura de la puerta de acceso al domicilio mediante el método del resbalón sin causarse daño alguno».

Precisamente, fueron los magistrados de la Audiencia madrileña quienes ordenaron el pasado junio investigar a los agentes que disolvieron una fiesta ilegal en el número 18 de la calle Lagasca entrando en el piso con una ariete sin autorización judicial.

El instructor de esta causa, el juez Jaime Serret, acordó recientemente archivar las actuaciones a cinco de los seis agentes investigados por un delito de allanamiento de morada al considerar que cumplieron órdenes de su superior. Por ahora, solo se acusa al subinspector al mando del operativo policial.

El inquilino, también defendido por Juan Gonzalo Ospina, anunció ayer que recurrirá este archivo parcial al considerar que los policías podrían haber incumplido las órdenes ilegales de su superior al no contar con autorización judicial para acceder en la vivienda.

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Sucesos | Madrid

El ‘Rey del Cachopo’ pide autorización a la Audiencia de Madrid para querellarse contra exparejas y la madre de Heidy

Rey del Cachopo autorización para querellarse

  • La familia lo achaca a la pretensión de la letrada a dar mayor publicidad al caso, lo que entiende que incurre en mala fe

EUROPA PRESS – La defensa de César Román, alias el ‘Rey del Cachopo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid autorización para proceder a querellarse contra sus exparejas y la madre de Heidi Paz por supuestas injurias y calumnias durante el juicio celebrado el pasado mes de mayo.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la letrada Ana Isabel Peña solicita la pertinente autorización para proceder contra esas personas en virtud de lo que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal al supuestamente vertir injurias en la vista oral.

El tribunal tiene que dar el visto bueno para proteger a quienes han comparecido en un proceso frente a los perjuicios que una causa pudiera originarles como consecuencia de las manifestaciones realizadas o expresiones vertidas en la misma para la defensa de sus intereses y pretensiones.

En concreto, la letrada quiere emprender acciones legales contra la exmujer de Román, Natividad R. P.; su expareja Sara L. S.; la madre de la víctima, Gloria B.; y su exsocio Celestino M.R.

En la parte contraria, la familia de la víctima se ha opuesto en un escrito a la solicitud de autorización al no concretarse los hechos que se les imputan. Su abogado, el letrado Alexis Socias, entiende que lo único que se busca es continuar con una notoria publicidad, siendo a su juicio procedente por su mala fe la imposición de costas en esta actividad procesal.

El texto explica que «la necesidad de obtener licencia del Juez o Tribunal para poder presentar querella por presuntos delitos de calumnia o injuria causadas en juicio es, por tanto, una limitación razonable que opera como garantía del ejercicio efectivo de ese mismo derecho fundamental por parte de terceros».

«La tutela judicial exige que las alegaciones formuladas en un proceso, que sean adecuadas o convenientes para la propia defensa, no pueden resultar constreñidas por la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios al honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad disuasoria o colectiva para el legítimo ejercicio del propio derecho
de contradicción», recoge el escrito judicial.

Agrega que en la presente solicitud piden que se autorice frente a, en algunos casos, «testigos que la propia Sala ha tenido en cuenta a la hora de motivar su sentencia, algo que sería ir contra sus propios actos».

RECURSO ANTE EL TSJM

El pasado junio, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Román a quince años de cárcel por el homicidio de su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en una de las naves que tenía el empresario para sus negocios de hostelería.

En el juicio, las exparejas del condenado, Sara y Natividad, describieron el perfil violento de Román, al igual que hizo Gloria Bulnes, madre de la joven hondureña de 25 años fallecida.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa el recurso interpuesto por la abogada de Román por vulneración de derechos fundamentales. En su recurso, se cuestiona la investigación y la valoración de la prueba realizada por el jurado popular.

INJURIAS Y CALUMNIAS

En un comunicado, la letrada Ana Isabel Peña explicaba que «los delitos que se presentan ante estos hechos son tanto públicos como privados, y van desde el falso testimonio, que consiste en un delito contra la Administración de Justicia, hasta querellas por injurias y calumnias e incluso querella por daños morales como es el caso de Natividad y Gloria».

Según la letrada, «en esta caza de brujas han participado demasiados actores, y no se puede permitir la mentira y el daño no sólo a una persona física, sino incluso a la Administración de Justicia». «Ya es hora de que se imparte Justicia contra los que realmente incurren en ilícito penal», aseveraba.

Manifestó que «el circo montado» por los supuestos testigos de «hechos» van a tener que dar cuenta de su actuación ante los Juzgados de Instrucción, y «si no se retractan, pueden llegar a obtener una pena de prisión de hasta 3 años; que, en el caso del perito además se impondría en su mitad superior y consecuencias más graves que pueden afectar a su oficio».

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