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Sucesos | Madrid

La Fiscalía abogará por mantener viva ‘Titella’ frente a la petición de José Luis Moreno de anular la causa

José Luis Moreno Titella

  • El productor se agarra a un defecto procesal para tumbar toda la investigación

EUROPA PRESS – La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opondrá a la nulidad solicitada por el productor de televisión José Luis Moreno, que busca hacer naufragar toda la causa al haberse superado los plazos de instrucción iniciales, al considerar que las razones esgrimidas por el ventrílocuo son un mero error procesal que se puede subsanar sin invalidar el conjunto de la investigación sobre esta presunta macroestafa.

Según ha avanzado La Sexta y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el Ministerio Público entiende que este defecto formal puede corregirse, dados los sólidos indicios encontrados contra Moreno, al que los investigadores señalan como ‘cabecilla’ de la trama.

La ex estrella televisiva ha pedido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno que declare nulo todo lo actuado desde el 23 de agosto de 2008, cuando expiró el plazo para que el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid, el que empezó a indagar en ‘Titella’, pudiera seguir investigando.

Moreno sostiene que el juzgado madrileño no prorrogó la fase de instrucción cuando debía, sino casi un año después, hasta que finalmente se inhibió a favor de la Audiencia Nacional debido a la complejidad de la causa, de modo que habría caducado irremediablemente ese 23 de agosto.

EN LIBERTAD CONDICIONAL

Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario. La Policía Nacional sospecha que el ventrílocuo mantendría ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.

El productor, acusado de estafa, blanqueo, asociación ilícita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Publica, está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del país. El pasado 8 de julio depositó un aval hipotecario para cubrir la fianza de 3 millones de euros que le exigió el juez.

Los peritos de la Audiencia Nacional están analizando dicho aval, el cual implica que debe respaldar mediante hipoteca el doble de la cantidad que se le había señalado inicialmente, de modo que en lugar de avalar 3 millones tienen que ser 6 millones.

UNA TRAMA, DOS ORGANIZACIONES

Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habría valido de dicha estructura para blanquear el dinero.

Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serían los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendría una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestaría su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirían necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».

Ese dinero pasaría entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrían «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparían de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerían de actividad alguna.

Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverían «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacían pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarían con la complicidad de empleados de banca que se llevarían su comisión a cambio de introductor este dinero en el circuito legal.

Sucesos | Madrid

La Audiencia de Madrid ordena investigar a más policías por un nuevo caso de ‘patada en la puerta’

Audiencia investiga policías vivienda

  • Se trata de los agentes que accedieron por el método del resbalón en una vivienda de la calle Velázquez

EUROPA PRESS – La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado investigar a los agentes de la Policía Nacional que accedieron el pasado 22 de marzo a la fuerza en una vivienda de la calle Velázquez por el método del resbalón para disolver una fiesta ilegal, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Este caso se produjo el pasado 22 de marzo, un día antes de los hechos que desembocaron en otro caso judicializado contra seis agentes de la Policía Nacional por un delito de allanamiento de morada en la calle Lagasca de la capital.

Se da la circunstancia de que tres agentes coinciden en los dos operativos, entre ellos el subinspector al mando del dispositivo de ambas intervenciones.

Tras entrar los agentes en el piso de la calle Velázquez, en el distrito Salamanca, se procedió a la detención de dos jóvenes, quienes se querellaron contra los policías.

La querella recayó en el Juzgado de Instrucción número 26 de Madrid, cuyo titular acordó archivar la causa penal. Fue entonces cuando la defensa de los moradores, representada por el letrado Juan Gonzalo Ospina, interpuso un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Ayer los magistrados de la Sección Tercera se reunieron para deliberar sobre el recurso, cuyo fallo ya se ha emitido. En el auto, al que tuvo acceso Europa Press, se acuerda estimar el recurso de apelación y ordena al Juzgado a que proceda «a la toma de declaración del querellante y de los querellados y se pronuncie después sobre las eventuales diligencias de investigación que puedan derivar de la misma».

Juan Gonzalo Ospina ha destacado que «los hechos enjuiciados no son una cuestión baladí». «Estamos discutiendo sobre la defensa de derechos fundamentales, la inviolabilidad del domicilio, un derecho inherente a la dignidad humana», ha dicho.

Los magistrados señalan que del examen del testimonio del procedimiento judicial «se desprende que no hubo consentimiento por parte del ahora querellante con contrato de arrendamiento a su nombre respecto del domicilio señalado y que la decisión de entrada en el inmueble fue tomada ante la ausencia de respuesta a las órdenes de los agentes y a los apercibimientos que de forma reiterada se llevaron a cabo, razón por la cual se procedió a la apertura de la puerta de acceso al domicilio mediante el método del resbalón sin causarse daño alguno».

Precisamente, fueron los magistrados de la Audiencia madrileña quienes ordenaron el pasado junio investigar a los agentes que disolvieron una fiesta ilegal en el número 18 de la calle Lagasca entrando en el piso con una ariete sin autorización judicial.

El instructor de esta causa, el juez Jaime Serret, acordó recientemente archivar las actuaciones a cinco de los seis agentes investigados por un delito de allanamiento de morada al considerar que cumplieron órdenes de su superior. Por ahora, solo se acusa al subinspector al mando del operativo policial.

El inquilino, también defendido por Juan Gonzalo Ospina, anunció ayer que recurrirá este archivo parcial al considerar que los policías podrían haber incumplido las órdenes ilegales de su superior al no contar con autorización judicial para acceder en la vivienda.

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Sucesos | Madrid

El ‘Rey del Cachopo’ pide autorización a la Audiencia de Madrid para querellarse contra exparejas y la madre de Heidy

Rey del Cachopo autorización para querellarse

  • La familia lo achaca a la pretensión de la letrada a dar mayor publicidad al caso, lo que entiende que incurre en mala fe

EUROPA PRESS – La defensa de César Román, alias el ‘Rey del Cachopo, ha solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid autorización para proceder a querellarse contra sus exparejas y la madre de Heidi Paz por supuestas injurias y calumnias durante el juicio celebrado el pasado mes de mayo.

En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la letrada Ana Isabel Peña solicita la pertinente autorización para proceder contra esas personas en virtud de lo que exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal al supuestamente vertir injurias en la vista oral.

El tribunal tiene que dar el visto bueno para proteger a quienes han comparecido en un proceso frente a los perjuicios que una causa pudiera originarles como consecuencia de las manifestaciones realizadas o expresiones vertidas en la misma para la defensa de sus intereses y pretensiones.

En concreto, la letrada quiere emprender acciones legales contra la exmujer de Román, Natividad R. P.; su expareja Sara L. S.; la madre de la víctima, Gloria B.; y su exsocio Celestino M.R.

En la parte contraria, la familia de la víctima se ha opuesto en un escrito a la solicitud de autorización al no concretarse los hechos que se les imputan. Su abogado, el letrado Alexis Socias, entiende que lo único que se busca es continuar con una notoria publicidad, siendo a su juicio procedente por su mala fe la imposición de costas en esta actividad procesal.

El texto explica que «la necesidad de obtener licencia del Juez o Tribunal para poder presentar querella por presuntos delitos de calumnia o injuria causadas en juicio es, por tanto, una limitación razonable que opera como garantía del ejercicio efectivo de ese mismo derecho fundamental por parte de terceros».

«La tutela judicial exige que las alegaciones formuladas en un proceso, que sean adecuadas o convenientes para la propia defensa, no pueden resultar constreñidas por la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios al honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad disuasoria o colectiva para el legítimo ejercicio del propio derecho
de contradicción», recoge el escrito judicial.

Agrega que en la presente solicitud piden que se autorice frente a, en algunos casos, «testigos que la propia Sala ha tenido en cuenta a la hora de motivar su sentencia, algo que sería ir contra sus propios actos».

RECURSO ANTE EL TSJM

El pasado junio, la Audiencia Provincial de Madrid condenó a Román a quince años de cárcel por el homicidio de su pareja Heidi Paz, cuyo torso se halló el 13 de agosto de 2018 en una de las naves que tenía el empresario para sus negocios de hostelería.

En el juicio, las exparejas del condenado, Sara y Natividad, describieron el perfil violento de Román, al igual que hizo Gloria Bulnes, madre de la joven hondureña de 25 años fallecida.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tiene sobre la mesa el recurso interpuesto por la abogada de Román por vulneración de derechos fundamentales. En su recurso, se cuestiona la investigación y la valoración de la prueba realizada por el jurado popular.

INJURIAS Y CALUMNIAS

En un comunicado, la letrada Ana Isabel Peña explicaba que «los delitos que se presentan ante estos hechos son tanto públicos como privados, y van desde el falso testimonio, que consiste en un delito contra la Administración de Justicia, hasta querellas por injurias y calumnias e incluso querella por daños morales como es el caso de Natividad y Gloria».

Según la letrada, «en esta caza de brujas han participado demasiados actores, y no se puede permitir la mentira y el daño no sólo a una persona física, sino incluso a la Administración de Justicia». «Ya es hora de que se imparte Justicia contra los que realmente incurren en ilícito penal», aseveraba.

Manifestó que «el circo montado» por los supuestos testigos de «hechos» van a tener que dar cuenta de su actuación ante los Juzgados de Instrucción, y «si no se retractan, pueden llegar a obtener una pena de prisión de hasta 3 años; que, en el caso del perito además se impondría en su mitad superior y consecuencias más graves que pueden afectar a su oficio».

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