Juzgan a un guardia civil acusado de amenazar a una persona con desvelar datos personales si no le daba 85.000 euros

La Fiscalía Provincial de Madrid solicita un año de prisión para un cabo primero de la Guardia Civil que a raíz de su actividad profesional tuvo conocimiento de datos personales del propietario de una finca a quien amenazó con desvelarlos si no accedía al pago de 85.000 euros.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de amenazas. El juicio se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid.

El escrito de acusación señala que el 6 de abril de 2020 el cabo primero de la Guardia Civil, J. M. M., acudió a un inmueble urbano sito en San Lorenzo de El Escorial, donde se estaba efectuando una tala en el interior de la citada finca.

Como consecuencia de esta actuación tuvo conocimiento de los datos personales del propietario de la finca al tiempo que una persona no identificada le facilitó información sobre el modo de adquisición de la propiedad y de su titular anterior.

Con dicha información el acusado telefoneó en varias ocasiones al propietario del inmueble a quien exigió a través de un teléfono con número oculto el pago de 85.000 euros.

J. M. M. se hacía pasar por trabajador de una empresa dedicada a la localización de patrimonios de herencias yacientes y hasta le amenazó con desvelar sus infidelidades a la esposa del acusado.

A su vez, el 1 de junio de 2020 le envió una carta sin firma, dándole cuenta al interesado de sus gestiones efectuadas con el patrimonio de una de sus clientas, fallecida en 2016, y de quien heredó la finca anterior, «advirtiéndole de que los hechos se pondrían en conocimiento de la Hacienda Pública, por si hubiera cometido un fraude fiscal».

Tras varios contactos entre ambos, y sin ponerse de acuerdo sobre la forma de entrega el dinero, el acusado remitió el 17 de julio de 2020 un escrito de denuncia a la Hacienda Pública Autonómica a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid, comunicando a los efectos oportunos, que el A. P. J. era heredero único y universal de todos los bienes de J. L. F. y advirtiendo de que habiendo transcurrido casi cuatro años y cinco meses desde el fallecimiento de la señora, «faltarían menos de 4 meses para la prescripción del impuesto de sucesiones y donaciones, firmando el mismo como Cabo 1° junto con su compañero con la intención de que no le relacionasen con las llamadas anteriores».

En idénticos términos, el 21 de Septiembre de 2020, remitió sendas denuncias al Ayuntamiento de Madrid y al Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial.