El inquilino del caso ariete solicita 4 años de cárcel para los seis agentes por allanamiento y daños

EUROPA PRESS – La acusación particular en el caso de los seis agentes de la Policía Nacional que irrumpieron en un piso de la calle Lagasca de la capital en marzo de 2021 solicita cuatro años de cárcel y seis años de inhabilitación absoluta por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada y daños.

Así consta en el escrito de conclusiones provisionales presentado por esta parte que representa al morador en la fase intermedia del procedimiento de cara a la próxima celebración de juicio oral contra los policías.

La Audiencia Provincial de Madrid ordenó el pasado mes de marzo juzgar a los seis policías, entre ellos al subinspector al mando del operativo, al estimar el recurso interpuesto por el morador de la vivienda, a través de su abogado Juan Gonzalo Ospina, contra el auto por el que el juez acordaba levantar a cinco de ellos la imputación a instancias del fiscal.

En su escrito, al que tuvo acceso Europa Press, la acusación particular considera que los hechos son constitutivos de un delito de allanamiento de morada de los artículos 202.2 y 204 del Código Penal y subsidiariamente un delito del artículo 534 del Código Penal; además de un delito de daños del artículo 263.2.1 del Código Penal y subsidiariamente un delito de daños del artículo 263.1 del Código Penal.

En cuanto a la petición de penas, el morador solicita a los agentes dos años y seis meses de cárcel, multa de doce meses e inhabilitación absoluta de 6 años por el delito de allanamiento de morada. De forma subsidiario, se reclama la pena de multa de 12 meses a razón de 10 euros al día e inhabilitación especial para el empleo o cargo publico 6 años.

Por daños, se pide la pena de un año y seis meses de prisión y multa de 24 meses a razón de 10 euros al día; y subsidiariamente a la pena de 6 meses de multa a razón de 10 euros.

Lo sucedido se produjo sobre las 00.50 horas del 21 de marzo de 2021, en el curso de una intervención policial y a pesar de que no tenían ni el consentimiento de los moradores ni autorización judicial, los agentes de Policía Nacional tiraron la puerta abajo de la vivienda situada en el número 18 de la calle Lagasca de la capital, accediendo a su interior y deteniendo a los moradores.

«Ante la negativa a abrir la puerta de la vivienda, el subinspector y su grupo de Policías Nacionales, en lugar de esperar a que los moradores abandonasen la vivienda para identificarlos a la salida y proceder a sancionarlos como infractores de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, decidieron de manera conjunta y premeditada, abrir la puerta por la fuerza, o en su caso derribarla», recoge el escrito.

Según el letrado, se obviaron con esta acción «radicalmente tres principios irrefutables de toda actuación policial, enseñados en la oposición de acceso al cuerpo, y en la Academia de Policía Nacional en Ávila: proporcionalidad, congruencia y oportunidad».

El escrito añade que los agentes sabían que actuaban de forma ilegal, ya que «no se estaba cometiendo delito alguno urgente y que requiriese su intervención de manera inmediata o necesaria», si bien «decidieron a sabiendas de su ilegalidad, porque tienen clara formación policial y lo han estudiado previamente en la Academia de Policía, que derribar la puerta de lo que es un domicilio vulnera claramente la intimidad de los moradores».

«Los acusados deberán indemnizar de forma conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad civil al morador, por los daños ocasionados en la vivienda en la cantidad de 2.921,33 euros y 4.000 euros por daños morales al haberse violentado su intimidad y haberse sometido al mismo a un procedimiento penal en base a una actuación policial ilegal, habiéndose incluso llegado a proceder a la detención del mismo y a iniciarse un procedimiento en su contra», agrega.

El despacho penalista Ospina Abogados bajo la dirección jurídica del abogado Juan Gonzalo Ospina ha negado hacer valoraciones sobre el escrito de conclusiones.

AVALADAS POR MARLASKA

Este tipo de intervenciones policiales a la fuerza fueron avaladas por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el caso de que se tratará de pisos turísticos, un extremo descartado en este caso por los vecinos del inmueble al corroborar ante el juez instructor que el inquilino tenía un contrato de alquiler de larga duración.

En una de las vistas celebradas dentro de los trámites del jurado, el fiscal solicitó la continuación del procedimiento solo para el jefe del operativo y el sobreseimiento respecto del resto de los agentes investigados. La Abogacía del Estado reclamó entonces exonerar a todos los agentes.

En una reciente resolución, la Sala acordó la continuación del procedimiento para juicio ante el Tribunal del Jurado contra los citados agentes del Cuerpo Nacional de Policía, manteniendo y confirmando el resto de dicha resolución.

«Las dudas que se plantean sobre la ilicitud o no de dicha orden y el acatamiento de la misma por el resto de los agentes deberán ser resueltas por el tribunal sentenciador, de la misma manera que deberá hacerlo respecto de si los agentes actuaron en el ejercicio legítimo de su cargo o en la creencia fundada de obrar conforme a derecho», aseveraba.