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Dueños de pisos turísticos de Madrid denuncian el «limbo legal» que sufren y piden revisar el Plan Especial de Hospedaje

propietarios de pisos turísticos piden revisar plan de hospedaje

  • Conclusiones Estudio Sobre la Realidad de los Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico en Madrid

EUROPA PRESS – Propietarios de turísticas en Madrid han denunciado el «limbo legal» al que están sometidas las Viviendas de Uso Turístico (VUT), que «pone en riesgo el patrimonio o economía familiar de muchas personas», por lo que piden revisar el Plan Especial de Hospedaje del Ayuntamiento.

Lo han hecho a través del primer ‘Estudio Sobre la Realidad de los Pequeños Propietarios de Viviendas de Uso Turístico en Madrid’, que ha realizado la Asociación de Viviendas Turísticas (‘Madrid Aloja’) mediante una encuesta abierta a asociados y propietarios independientes que permite conocer la situación del sector del alojamiento en viviendas de uso turístico en la capital.

Un estudio crucial, señalan los propios arrendadores de este sector, teniendo en cuenta que según datos del Ministerio de la Vivienda el 85% de las viviendas en alquiler, tanto turísticas como residenciales, están en manos de pequeños propietarios. Además, y también según datos del INE, que, del total de viviendas destinadas al alquiler en España, el 1,3% son de uso turístico. En el caso de Madrid es del el 0,6%, siete décimas por debajo de la media nacional.

De hecho, uno de los datos más importantes que se desprende del estudio es el número de inmuebles con el que cuentan los pequeños propietarios que destinan al uso de viviendas turísticas. Los resultados de la encuesta indican que el 77,7% de los pequeños propietarios tienen menos de 3 viviendas.

Más concretamente, el 36,3% de las personas encuestadas asegura que tiene una única vivienda turística, el 40,9% tienen dos o tres viviendas, el 15,1% de las personas encuestados tienen 4 o 5 viviendas y el 7,5% tienen entre 6 y 10 viviendas turísticas.

MOTIVOS PARA CONVERTIR SU PISO EN TURÍSTICO

Con respecto a los motivos por lo que se decantan por poner en el mercado un inmueble como vivienda de uso turístico, y según un ranking de prioridades en una escala de 1 a 5, el sondeo concluye que la principal motivación es la de encontrar una fuente de ingresos extra al quedarse sin trabajo y no encontrar oportunidades en el mercado laboral, según el 37,8% de las personas encuestadas.

En segundo lugar, según el 36,3% de las personas encuestadas, lo hacen por una inversión personal o familiar, y en tercer lugar, según el 9,09% de las personas que han respondido, para explotar económicamente su primera vivienda. Otro de los datos más llamativos es que el 4,5% de las asegura que han destinado al uso turístico su primera vivienda para pagarse una residencia al llegar a la tercera edad.

«Durante la crisis del Covid los propietarios de viviendas de uso turístico han facturado el 27,2% de lo que facturaban en el período precovid y muchos de ellos han destinado sus viviendas a sanitarios, cuarentenas y todo tipo de labor social durante la crisis sanitaria», señala la asociación.

Además, sobre el uso que han dado a las viviendas de alquiler durante los periodos de las mayores restricciones y confinamiento, por orden y en una escala puntuable de 1 a 5, el 62,3% de las personas encuestadas aseguran que han destinado su vivienda al alquiler temporal por meses, el 42,03% afirma que han mantenido desocupadas sus viviendas y el 26,09 % que han contribuido y colaborado con campañas de labor social, prestando sus viviendas a sanitarios, realizando cuarentenas o cualquier otro uso solidario.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el estudio también analiza cuáles son los principales problemas a los que se enfrentan los pequeños propietarios de viviendas turísticas en estos momentos. Al respecto, el principal problema señalado por el 100% de las personas encuestadas es «la inseguridad jurídica que provoca la regulación cada vez más restrictiva y prohibicionista de las viviendas turísticas».

El segundo problema es el abandono de la administración turística sobre una fórmula tan importante de alojamiento cómo son las viviendas turísticas para el 83,3%; y, en tercer lugar, la caída de la actividad turística como consecuencia de la pandemia para el 39,4%.

Los resultados también ponen de manifiesto que únicamente el 22,7% de los encuestados plantean el conflicto vecinal como uno de sus problemas y apenas el 18,1% de los encuestados señalan como un problema la competencia con las cadenas hoteleras.

QUIEREN REVISAR EL PLAN ESPECIAL DE HOSPEDAJE

La realización de este estudio ha permitido identificar y conocer para el sector los principales retos a los que debe enfrentarse la regulación de las viviendas turísticas y la reactivación de una de las fórmulas de alojamiento turístico más importantes, en estos momentos, para los destinos turísticos. Además de la necesidad de movilizarse por parte de los pequeños propietarios para dar a conocer su realidad.

Para ello, Madrid Aloja ha creado un grupo de trabajo de pequeños propietarios para dar continuidad a la hoja de ruta de la asociación y activar una ronda de contactos políticos para presentar los resultados de este estudio.

De esta manera, quieren poder reactivar un proceso negociador con la actual corporación municipal que permita abordar una profunda revisión del Plan Especial de Hospedaje elaborado por el Gobierno de Manuel Carmena durante la anterior legislatura, así como la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOUM) que «permita dar seguridad jurídica a las viviendas turísticas».

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Gente | Madrid

Manifestantes rompen pañuelos frente a la Embajada iraní para protestar por la muerte de Mahsa Amini

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Un grupo de manifestantes han aplaudido a varias mujeres que han roto pañuelos este jueves frente a la Embajada de Irán en Madrid en una concentración convocada por Amnistía Internacional para protestar por la muerte de la joven kurdo-iraní Mahsa Amini.

Tijeras en mano, las manifestantes han rasgado telas de colores mientras sonaba la versión persa de ‘Bella Ciao’, una canción que ha cobrado protagonismo en las últimas semanas tras el estallido social que ha provocado la muerte de Amini en Irán, la joven de 22 años que falleció en dependencias policiales después de ser detenida por la Policía de la Moral por llevar mal el velo.

La portavoz de Amnistía Internacional, Yolanda Vega, ha expresado en declaraciones a Europa Press que hay una «impunidad enorme» con respecto a la represión policial en el país y que las vías de justicia para exigir una rendición de cuentas «no es que se hayan agotado, es que no existen».

«Lo que estamos pidiendo al Gobierno español es lo que estamos pidiendo a todos los gobiernos que ahora están en el Consejo de Derechos Humanos y es que respalden, en el seno de Naciones Unidas, la creación de un mecanismo independiente y que sea internacional, y que garantice la investigación y la rendición de cuentas de lo que está pasando en Irán», ha indicado.

Vega ha señalado además que «dentro de Irán no se van a dar las condiciones para conseguir justicia y reparación». «Las mujeres están sometidas a una discriminación constante en la ley y en la práctica», ha asegurado, agregando que esto «entra en temas tan personales como el matrimonio, el divorcio, el empleo o la indumentaria».

«Son leyes que se les han impuesto y que son discriminatorias. Que violan el derecho de las mujeres a la igualdad, el derecho a la libertad de expresión y a la libertad religiosa», ha dicho, añadiendo que pueden ser sometidas a torturas, castigadas y enviadas a prisión.

Así, ha puesto el ejemplo de la abogada pro Derechos Humanos Nasrín Sotudé, quien fue sentenciada en marzo de 2019 a una pena de 38 años de cárcel y 148 latigazos por «crímenes contra la seguridad nacional. «El objetivo de todas estas leyes es silenciar a las mujeres, pero el efecto es el contrario», ha destacado.

Para Vega esto se puede apreciar en «la cantidad de mujeres que están saliendo a la calle y que están siendo represaliadas». «Estamos viendo cómo hay mujeres que la Policía las amarran por el pecho muy fuertemente o las tiran por el pelo y las arrastran», ha indicado, agregando que la situación «es muy dura», aunque «hay cada vez una conciencia mayor».

Durante la manifestación, una mujer ha denunciado malos tratos y violencia contra su sobrina en el país asiático. «Ella hoy también era una de las víctimas», ha expresado Mali, una mujer de 34 años que estudia en España y que, visiblemente emocionada, se ha cortado el pelo frente a la multitud.

«Estoy aquí porque yo no tengo miedo. La siguiente podría ser mi familia. Nosotros también vamos a volver», ha subrayado con lágrimas en los ojos, asegurando que teme por sus tres hermanas que salen a protestar a las calles en Irán y de las que muchas veces no tiene noticias por los constantes cortes de internet en el país.

Mali también ha recordado a Nika Shakarami, una joven de 16 años que desapareció el pasado 20 de septiembre en el marco de las protestas y cuyo cuerpo fue encontrado en una morgue en la capital, Teherán, con golpes en la nuca.

Ondeando pañuelos, el grupo de manifestantes, cantando «Mujeres, vida y libertad», ha aplaudido durante más de un minuto a la activista iraní pro Derechos Humanos Nilufar Saberi, que ha leído un manifiesto para honrar la muerte de Amini.

«Venimos a reclamar a las autoridades iraníes: que cese de una vez por todas la represión sangrienta contra los manifestantes. Que deroguen las leyes discriminatorias contra las mujeres. Que eliminen la Policía de la Moral. Que haya justicia para las víctimas», ha pedido.

La muerte de la joven kurda de 22 años tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico ha provocado una ola de indignación tanto en una parte de la sociedad iraní, como de forma más unánime a nivel internacional.

Se han registrado numerosas manifestaciones en varias ciudades de Irán, incluida Teherán, en las que numerosas mujeres han arrojado sus velos y se han cortado el pelo en forma de protesta. Por su parte, las autoridades han reprimido con virulencia estas concentraciones, dejando al menos 154 muertos, según los últimos recuentos de la organización no gubernamental Iran Human Rights (IHR).

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La Revuelta Escolar se traslada al parque del Casino de la Reina en Lavapiés para exigir entornos «limpios y seguros»

Revuelta Escolar Lavapies

La Revuelta Escolar se traslada este viernes al parque del Casino de la Reina en Lavapiés para exigir entornos «limpios y seguros», donde también denunciarán el «abandono institucional» que sufre el barrio y reclamarán un parque «agradable para toda la ciudadanía».

Grupos como la Revuelta Escolar de Embajadores trabajan en los entornos escolares para defender espacios públicos que acogen «parques limpios, seguros y pacíficos, promoviendo el aumento de lugares lúdicos y la posibilidad de peatonalización de las calles que a diario transitan niñas y niños», según ha indicado el mismo en un comunicado.

Este grupo, así como las familias y organizaciones del barrio, se han unido para reclamar una «actuación adecuada» por parte del Ayuntamiento. Para ello, se manifestarán a las 16 horas en la calle Casino.

En la Revuelta Escolar se suele reivindicar que las calles cercanas a los colegios estén cortadas al tráfico, para conseguir unos entornos escolares «seguros y pacificados».

En este caso, se quiere reivindicar «la necesidad de tener parques limpios y seguros para la infancia, que pasa también por reivindicar una alternativa habitacional para las personas que actualmente viven en el parque del Casino de la Reina». «El caso de este parque es especialmente importante porque en él se encuentra un colegio y un instituto, y cercano a él otros dos colegios y una escuela infantil», ha apostillado.

Las organizaciones que pertenecen a este movimiento piden soluciones habitacionales y alternativas dignas para las personas que habitan el parque Casino de la Reina, redistribuir presupuesto de gasto policial para invertir en recursos sociales, destinados a vecinas en situación de exclusión social y mantener y limpiar los parques y jardines.

También, exigen parque peatonal, también para la policía, y un quiosco recuperado al servicio del barrio. «La solución no es policial y la necesitamos ya», han señalado.

La Revuelta Escolar ha recordado que Lavapiés se ha visto afectado por la salida «forzosa» de los vecinos por los desahucios, por los «altos costes» de alquiler, «la crisis social que produjo la pandemia del Covid-19 o el aumento del coste de la vida y la falta de proyectos de los servicios sociales para garantizar las necesidades básicas de las personas en situación más vulnerable».

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