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Sucesos | Hoyo de Manzanares

Juzgan al exalcalde de Hoyo de Manzanares por permitir negocios de hostelería en terrenos de protección

juzgan al exalcalde de Hoyo de Manzanares

La Audiencia Provincial de Madrid juzga mañana al exalcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras García y a un exconcejal de Urbanismo por la presunta comisión de un delito de prevaricación y sobre la ordenación del territorio.

Regueiras y el exedil se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel. Se les acusa de falta de vigilancia e inspección al permitir supuestamente el desarrollo de actividades de hostelería y restauración en tres fincas situadas en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección, ubicadas dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, sin licencia municipal.

En concreto, el escrito de acusación recoge que entre el 12 de febrero de 2008 y el 13 de julio de 2012 se presentaron trece escritos ante el Ayuntamiento por parte de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid sobre la existencia de estos negocios.

Según los denunciantes, en estos terrenos se llevaban estaban a cabo actividades de restauración y hostelería «sin contar con las preceptivas licencias municipales».

En el escrito se cita el caso de la finca denominada ‘El Pendolero’ que, si bien contaba con una licencia municipal desde 1997 para la apertura de establecimiento con el fin de organizar congresos, asambleas y similares, concedida a favor de «Castillos y Palacios, S.L.».

No obstante, se reseña que con posterioridad a tal año el Ayuntamiento no efectuó actividad alguna de control «de las vicisitudes de dicha licencia ni de la actividad, pese a que ésta se ha venido desarrollando por otras entidades a favor de las cuales no consta licencia». Además, en el caso de las otras dos fincas no constaba licencia alguna.

NO HUBO INSPECCIÓN

Pese a ello, el entonces regidor y su concejal «no realizaron actuación alguna de inspección ni de disciplina urbanística respecto de los usos y actividades que se estaban desarrollando en las citadas fincas», según se recoge en el escrito.

Tras el recurso interpuesto en 2012 por las citadas asociaciones empresariales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid instó al Ayuntamiento a obligar el cese de la actividad y a ejercer el control administrativo de las actividades de hostelería y consistente en la celebración de eventos tales como bodas y banquete.

«Para el caso de no presentarse las licencias de actividad, de instalaciones y de funcionamiento, el Ayuntamiento procederá a ordenar el cese de dicha actividad hostelera», se indicaba.

Ante esta decisión, el exalcalde envió en febrero de 2016 los requerimientos pertinentes a los titulares de las fincas para que se abstuvieran del uso de celebración de eventos «hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En este sentido, la Fiscalía ha indicado que «sólo tras dictarse la primera de las sentencias citadas, en febrero de 2016» se ha procedido por el acusado a dirigir requerimientos a los titulares de las citadas fincas «para que se abstengan del uso de celebración de eventos hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En febrero de 2014, Hermanos Gil, S.A., titular de la finca denominada «San Antonio», presentó solicitud de calificación urbanística para la actividad de celebración de eventos, calificación que le fue concedida de forma parcial (sólo respecto de algunos de los edificios existentes en la finca) pero con determinadas condiciones.

En abril de 2016 el titular de finca denominada ‘Los Jarales’ presentó solicitud de calificación urbanística para «usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares», cuya resolución por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid «aún no consta».

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Sucesos | Hoyo de Manzanares

El exalcalde de Hoyo de Manzanares reconoce que no controló la actividad ilegal de tres fincas de eventos al delegar competencias

exalcalde de Hoyo de Manzanares

  • Se desvincula de la obligación que tenía de impedir la actividad al afirmar que cuando llegó al cargo tenía 39 años y solo era educador físico

El exalcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras García (PP) se ha desvinculado este martes de su obligación de inspeccionar en su mandato la actividad ilegal que desarrollaban tres fincas de eventos ubicadas en terrenos protegidos que no contaban con licencia, una omisión por la que se le acusa de un delito de prevaricación y sobre la ordenación del territorio.

Regueiras y una exedil de Urbanismo se enfrenta a una petición fiscal de dos años y medio de cárcel. El exalcalde llegó al cargo gracias a una moción de censura cuya votación en enero de 2018 no tuvo validez jurídica, un asunto que llegó a los tribunales y por el que fue condenado a dos años de cárcel por un delito de desobediencia y un delito de usurpación de funciones públicas.

En la legislatura 2007/2011, Regueiras era concejal del Partido Independiente Popular de Hoyo y con el apoyo del PSOE e IU consiguió llevar adelante una moción de censura contra el entonces alcalde Antonio Antolínez Sousa, del PP.

Ahora, el fiscal le acusa a él y a la exconceja de falta de vigilancia e inspección al permitir el desarrollo de la actividad en tres fincas (Los Jarales, El Pendolero y San Antonio) en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección, ubicadas dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, sin licencia municipal.

En las cuestiones previas, la defensa del exalcalde ha alegado vulneración del derecho de presunción de inocencia por el juicio paralelo al que se le ha sometido y vulneración de su derecho al honor, un alegato rechazado por el presidente del tribunal por la falta de fundamento.

En su declaración, el acusado ha manifestado que llegó al cargo de alcalde con 39 años y con una licenciatura en educación física, delegando en otros sus competencias. «Te vas enterando poco a poco de las cosas y de la problemática», ha dicho.

El fiscal le ha preguntado si tuvo conocimiento de los escritos de queja de la asociación que denunció el caso, a lo que ha manifestado que se lo trasladó a un letrado externo que contrató y a los secretarios jurídicos del Consistorio. «Me asesoraban directamente y ellos me decían lo que tenía que hacer», ha explicado añadiendo que no veía «ningún problema» en dejar estos asuntos en sus manos.

«Los secretarios y el letrado me dijeron que no me preocupara porque estas fincas no necesitaban licencias. Decían que su actividad era legal. Este asunto lo llevaban los funcionaros. Poco más podía hacer. Me fiaba de ellos», ha dicho.

También ha señalado que los técnicos de urbanismo le manifestaron que los usos de esos terrenos eran compatibles con la actividad que se estaba desarrollando en las fincas.

En su interrogatorio, la exconcejal de Urbanismo ha señalado que no conocía la actividad de las fincas objeto del procedimiento si bien ha dicho que acudió a una de ellas en una comida privada de funcionarios por una festividad.

Respecto a las quejas, ha dicho que no le dieron traslado de los escritos y que cuando se enteró le dijeron que no había problema en la celebración de eventos privados. «Siempre he querido hacer las cosas bien y me fiaba de os funcionarios».

El denunciante del caso, representante de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, ha expuesto que tuvo conocimiento de la actividad ilegal de las fincas rústicas a través de sus asociados, verificando que la actividad no tenía amparo legal.

Mantuvo una entrevista con el letrado del Ayuntamiento, quien le informó de que no era necesario solicitar licencias ya que las fincas se dedicaban a alquilar sus instalaciones y eran los particulares -en el caso de una boda, los novios– los que debían solicitar la licencia.

«Me quedé estupefacto ante las explicaciones», ha subrayado el testigo, quien denunció al Ayuntamiento por inactividad ante un juzgado de lo Contencioso-Administrativo. «Se celebraban 100 eventos por temporada sin que el Ayuntamiento hiciera nada. Eso era inadmisible», ha espetado.

TRECE QUEJAS DE EMPRESARIOS

Según el fiscal, entre el 12 de febrero de 2008 y el 13 de julio de 2012 se presentaron trece escritos ante el Ayuntamiento por parte de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid sobre la existencia de estos negocios.

Según los denunciantes, en estos terrenos se llevaban estaban a cabo actividades de restauración y hostelería «sin contar con las preceptivas licencias municipales».

En el escrito se cita el caso de la finca denominada ‘El Pendolero’ que, si bien contaba con una licencia municipal desde 1997 para la apertura de establecimiento con el fin de organizar congresos, asambleas y similares, concedida a favor de «Castillos y Palacios, S.L.».

No obstante, se reseña que con posterioridad a tal año el Ayuntamiento no efectuó actividad alguna de control «de las vicisitudes de dicha licencia ni de la actividad, pese a que ésta se ha venido desarrollando por otras entidades a favor de las cuales no consta licencia». Además, en el caso de las otras dos fincas no constaba licencia alguna. NO HUBO INSPECCIÓN

Pese a ello, el entonces regidor y su concejal «no realizaron actuación alguna de inspección ni de disciplina urbanística respecto de los usos y actividades que se estaban desarrollando en las citadas fincas», según se recoge en el escrito.

Tras el recurso interpuesto en 2012 por las citadas asociaciones empresariales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid instó al Ayuntamiento a obligar el cese de la actividad y a ejercer el control administrativo de las actividades de hostelería y consistente en la celebración de eventos tales como bodas y banquete.

«Para el caso de no presentarse las licencias de actividad, de instalaciones y de funcionamiento, el Ayuntamiento procederá a ordenar el cese de dicha actividad hostelera», se indicaba.

Ante esta decisión, el exalcalde envió en febrero de 2016 los requerimientos pertinentes a los titulares de las fincas para que se abstuvieran del uso de celebración de eventos «hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En este sentido, la Fiscalía ha indicado que «sólo tras dictarse la primera de las sentencias citadas, en febrero de 2016» se ha procedido por el acusado a dirigir requerimientos a los titulares de las citadas fincas «para que se abstengan del uso de celebración de eventos hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En febrero de 2014, Hermanos Gil, S.A., titular de la finca denominada «San Antonio», presentó solicitud de calificación urbanística para la actividad de celebración de eventos, calificación que le fue concedida de forma parcial (sólo respecto de algunos de los edificios existentes en la finca) pero con determinadas condiciones.

En abril de 2016 el titular de finca denominada ‘Los Jarales’ presentó solicitud de calificación urbanística para «usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares», cuya resolución por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid «aún no consta».

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Sucesos | Hoyo de Manzanares

La Fiscalía pide 2,6 años de prisión para el exalcalde de Hoyo de Manzanares por presunta prevaricación

prisión exalcalde de Hoyo de Manzanares

La Fiscalía Provincial de Madrid ha solicitad dos años y seis meses de prisión para el exalcalde de Hoyo de Manzanares José Ramón Regueiras García y el exconcejal de Urbanismo por un presunto delito de prevaricación y un delito sobre la ordenación del territorio.

El próximo martes, día 27, arrancará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid este juicio en el que se juzga la falta de vigilancia e inspección al permitir supuestamente el desarrollo de actividades de hostelería y restauración en tres fincas situadas en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de protección, ubicadas dentro del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, sin licencia municipal.

En concreto, el escrito de acusación recoge que entre el 12 de febrero de 2008 y el 13 de julio de 2012 se presentaron trece escritos ante el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares por parte de la Asociación Madrileña de Empresarios de Restauración y de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid sobre la existencia de estos negocios.

Según los denunciantes, en estos terrenos se llevaban estaban a cabo actividades de restauración y hostelería «sin contar con las preceptivas licencias municipales».

En el escrito se cita el caso de la finca denominada ‘El Pendolero’ que, si bien contaba con una licencia municipal desde 1997 para la apertura de establecimiento con el fin de organizar congresos, asambleas y similares, concedida a favor de «Castillos y Palacios, S.L.».

No obstante, se reseña que con posterioridad a tal año el Ayuntamiento no efectuó actividad alguna de control «de las vicisitudes de dicha licencia ni de la actividad, pese a que ésta se ha venido desarrollando por otras entidades a favor de las cuales no consta licencia». Además, en el caso de las otras dos fincas no constaba licencia alguna.

Pese a ello, el entonces regidor y su concejal «no realizaron actuación alguna de inspección ni de disciplina urbanística respecto de los usos y actividades que se estaban desarrollando en las citadas fincas», según se recoge en el escrito.

Tras el recurso interpuesto en 2012 por las citadas asociaciones empresariales, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 25 de Madrid instó al Ayuntamiento a obligar el cese de la actividad y a ejercer el control administrativo de las actividades de hostelería y consistente en la celebración de eventos tales como bodas y banquete. «Para el caso de no presentarse las licencias de actividad, de instalaciones y de funcionamiento, el Ayuntamiento procederá a ordenar el cese de dicha actividad hostelera», se indicaba.

Ante esta decisión, el exalcalde envió en febrero de 2016 los requerimientos pertinentes a los titulares de las fincas para que se abstuvieran del uso de celebración de eventos «hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En este sentido, la Fiscalía ha indicado que «sólo tras dictarse la primera de las sentencias citadas, en febrero de 2016» se ha procedido por el acusado a dirigir requerimientos a los titulares de las citadas fincas «para que se abstengan del uso de celebración de eventos hasta tanto cuenten con las preceptivas licencias y autorizaciones, así como a recabar de la Policía Local que se proceda a comprobar el cumplimiento de dichos requerimientos».

En febrero de 2014, Hermanos Gil, S.A., titular de la finca denominada «San Antonio», presentó solicitud de calificación urbanística para la actividad de celebración de eventos, calificación que le fue concedida de forma parcial (sólo respecto de algunos de los edificios existentes en la finca) pero con determinadas condiciones.

En abril de 2016 el titular de finca denominada ‘Los Jarales’ presentó solicitud de calificación urbanística para «usos vinculados a la celebración de actos sociales y eventos familiares», cuya resolución por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid «aún no consta».

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