El Gobierno municipal defiende que todas las decisiones que toman están sujetas a Derecho
EUROPA PRESS – El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid estudia emprender acciones legales contra la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur por presuntas «coacciones», «amenazas» y «acoso» al Gobierno municipal y al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo tras la paralización de licencias decidida por el Pleno de la Corporación en el marco del proceso ‘Rivas, Párate a Pensar’, ha informado el Consistorio en un comunicado.
Al respecto, ha explicado que el grupo inmobiliario EM, afincado en Leganés, promovió esta cooperativa con la intención de hacerse con la propiedad de un suelo que Jarama Desarrollos Inmobiliarios posee en Rivas para después construir un residencial de 152 viviendas.
«La gestora, por tanto, no solo no contaba ni cuenta con licencia para construir sino que tampoco es todavía propietaria del terreno», recalca el Gobierno municipal en el comunicado.
Según publica el medio ‘Diario de Rivas’, se han ido captando cooperativistas, que han aportado hasta 40.000 euros, insistiendo, tal y como denuncia una de ellas en el medio local, que «el proyecto ya tenía el visto bueno de los técnicos», cuando según recalca el Ayuntamiento «no es así». El Consistorio afirma que el expediente «no estaba terminado en el momento en el que se produjo la paralización de licencias».
El Ayuntamiento menciona de nuevo la información aportada por dicho medio en la que apunta que, entre enero y febrero de 2022, en plena paralización de las licencias en toda la ciudad, tal y como recoge el medio local ripense, la gestora ha captado a una pareja de personas mayores que aportaron «entre 15.000 y 20.000 euros».
«Su hija señala que el grupo EM realizó esta operación asegurando a sus padres que esa parcela no estaba afectada por el proceso ‘Rivas, Párate a Pensar’, algo falso», recalcan.
Desde la corporación local sostienen que «desde el inicio del proceso de paralización de licencias en la ciudad, auspiciado por el gran incremento poblacional de Rivas y la ausencia de nuevos servicios públicos sanitarios o educativos, la gestora de la cooperativa ha estado amenazando con querellas, acosando y coaccionando al Gobierno municipal y al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo para conseguir que su promoción quedase fuera del proceso».
El Gobierno municipal asegura que «no está dispuesto a aceptar coacciones ni acoso de ningún tipo al personal técnico del Ayuntamiento para luego utilizarlos contra familias a las que además supuestamente están engañando».
Ante ello, el Ayuntamiento estudia además poner a disposición de estas familias la Oficina Municipal de Atención al Consumidor para asesorar respecto a las reclamaciones que consideren pertinentes contra la promotora.
«Si una empresa asume riesgos mercantiles por acuerdos con terceros, no puede luego hacérselos pagar a las familias, que deben recuperar su dinero», apuntan desde el Gobierno municipal.
El Ayuntamiento defiende que todas las decisiones que toman están sujetas a Derecho y que se defenderá, por tanto, en los Tribunales tanto la decisión tomada por el Pleno de la Corporación como el trabajo del personal técnico ante «cualquier acción que se quiera tomar en la Justicia».