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Denuncian el «menosprecio» al que se les somete por no concederles la licencia de obras para construir 152 viviendas
EUROPA PRESS – Los cooperativistas que integran la promoción la Atalaya del Sur han cargado contra el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, en una carta abierta en la que emplazan al regidor y a su equipo de Gobierno a «someterse a la Ley y al Derecho» ante su negativa a conceder una licencia de obras para construir 152 viviendas, lo que ha propiciado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por delitos de prevaricación y desviación de poder.
En la misiva, a la que tuvo acceso Europa Press, el colectivo se queja de que se les está «menosprecia» y tachando de «poco menos que ignorantes y confiadas en manos de empresarios» después de que el Ayuntamiento de Rivas denunciara una campaña de acoso en su contra y de coacciones.
Estaba previsto que la promoción ubicada en una parcela de Jarama se entregara en 2023, pero en julio de 2021 se paralizó la concesión de licencias en el sector del Cristo de Rivas, el pasado mes de julio de 2021. Algunas de las familias que impulsan la promoción han entregado hasta 40.000 euros.
«Las ilusiones de los cooperativistas no necesitan ser protegidas por el señor alcalde. La inmensa mayoría de ellos son personas muy cualificadas y preparadas, que no se dejarían engañar ni por ninguna gestora, ni por el Alcalde-presidente que cree tener asegurada la obediencia debida de su corte de concejales, que regula con la abundante nómina que reciben a cambio de su sumisión», señalan.
Recuerdan que se creó una comisión para ir al Ayuntamiento para saber de primera mano, si se podría construir en el solar objeto de construcción, pero no se les confirmó lo que la gestora les decía que era correcto. «Lo que no les dijeron es que el Ayuntamiento iba a suspender de forma imprevista y arbitraria el otorgamiento de la licencia, para la construcción», denuncian.
«ALDEA DENTRO DE UN ESTADO DE DERECHO»
Critican igualmente que el alcalde y su corte de gobierno «hacen que Rivas no sea una democracia plena, más bien parece una aldea dentro de un Estado de Derecho atemperado por la inobservancia de las Leyes».
«El alcalde y su corte debe pararse a pensar, que reclamar y denunciar bajo las normas legales no es coaccionar, es defender nuestros derechos, y que no cumplir la ley a sabiendas es prevaricar, así como que utilizar el poder contra la ley es, desviación de poder, lo quiera él o no», recalcan.
Seguidamente, subrayan que la Cooperativa no tiene ninguna duda sobre la capacidad y honorabilidad de los funcionarios a los que quiere «obligar a oponerse a los cooperativistas», ya que se les ha repetido «hablad con el alcalde» al ser «quien ha ordenado que no se tramite.
«No estamos de acuerdo con que el Ayuntamiento toma siempre sus decisiones ajustadas a Derecho, pues, a veces no lo hace, bien claro queda acreditado con nuestros recursos, que son las decisiones del alcalde las que conculcan la Ley, pues en ese Ayuntamiento no cabe discrepancia», reseñan.
Por tanto, consideran que el Ayuntamiento «no debería esperar a las diligencias de la Fiscalía Anticorrupción para someterse a la Ley y al Derecho», «Derecho que creen seriamente vulnerado».
«Sería una buena noticia que el Ayuntamiento y su alcalde se tomarán en serio conceder la Licencia solicitada, no sólo en aras de preservar la Seguridad Jurídica, sino el derecho a una vivienda digna y adecuada haciendo cumplir el artículo 47 de la Constitución», concluyen.
EL AYUNTAMIENTO ESTUDIA ACCIONES POR «ACOSO» CONTRA LA GESTORA DE UNA COOPERATIVA
Por su parte, el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid estudia emprender acciones legales contra la gestora de la cooperativa de viviendas Atalaya del Sur por presuntas «coacciones», «amenazas» y «acoso» al Gobierno municipal y al personal técnico de la Concejalía de Urbanismo tras la paralización de licencias decidida por el Pleno de la Corporación en el marco del proceso ‘Rivas, Párate a Pensar’.
Al respecto, en un comunicado ha explicado que el grupo inmobiliario EM, afincado en Leganés, promovió esta cooperativa con la intención de hacerse con la propiedad de un suelo que Jarama Desarrollos Inmobiliarios posee en Rivas para después construir un residencial de 152 viviendas.
«La gestora, por tanto, no solo no contaba ni cuenta con licencia para construir sino que tampoco es todavía propietaria del terreno», recalca el Gobierno municipal en el comunicado.
Según publica el medio ‘Diario de Rivas’, se han ido captando cooperativistas, que han aportado hasta 40.000 euros, insistiendo, tal y como denuncia una de ellas en el medio local, que «el proyecto ya tenía el visto bueno de los técnicos», cuando según recalca el Ayuntamiento «no es así». El Consistorio afirma que el expediente «no estaba terminado en el momento en el que se produjo la paralización de licencias».
El Gobierno municipal asegura que «no está dispuesto a aceptar coacciones ni acoso de ningún tipo al personal técnico del Ayuntamiento para luego utilizarlos contra familias a las que además supuestamente están engañando».
Ante ello, el Ayuntamiento estudia además poner a disposición de estas familias la Oficina Municipal de Atención al Consumidor para asesorar respecto a las reclamaciones que consideren pertinentes contra la promotora.
«Si una empresa asume riesgos mercantiles por acuerdos con terceros, no puede luego hacérselos pagar a las familias, que deben recuperar su dinero», apuntan desde el Gobierno municipal.
El Ayuntamiento defiende que todas las decisiones que toman están sujetas a Derecho y que se defenderá, por tanto, en los Tribunales tanto la decisión tomada por el Pleno de la Corporación como el trabajo del personal técnico ante «cualquier acción que se quiera tomar en la Justicia».
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