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Sucesos | Comunidad de Madrid

Siete exalcaldes de ayuntamientos madrileños, a juicio por las supuestas irregularidades en los contratos a Cofely

alcaldes a juicio por contratos a Cofely

  • Exige al constructor 300.000 euros en concepto de responsabilidad civil

EUROPA PRESS – El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha enviado a juicio al constructor David Marjaliza y a otras 36 personas, entre ellas siete exalcaldes de ayuntamientos de la región, por las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos públicos a la empresa Cofely.

Entre los encausados se encuentran los ex alcades de Parla José María Fraile Campos; de Móstoles Daniel Ortiz Espejo; de Collado Villalba Agustín Juárez López de Coca; de Valdemoro José Carlos Boza Lechuga; de Moraleja de En medio Carlos Alberto Estrada Pita; de Torrejón de Velasco Gonzalo Cubas Navarro; de Serranillos del Valle Antonio Sánchez Fernández, y de Almendralejo José García Lobato.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha ordenado «investigar su situación y capacidad económica y hacer efectiva la indemnización que prudencialmente se estima que deba ser satisfecha a los perjudicados, en la cantidad de 300.000 euros respecto de la persona de David Marjaliza y de 6.000 euros respecto de los demás acusados».

Asimismo, ha acordado el comiso de «las dádivas entregadas a las autoridades, funcionarios y colaboradores acusados y de las ganancias ilícitas obtenidas» por los mismos, entre las que identifica ya distintas cantidades que suman más de 1,6 millones de euros, siendo la más alta la de 813.018 euros por los importes objeto de blanqueo de capitales.

En su auto de procesamiento, dictado el pasado mes de octubre, el instructor apuntaba a estas mismas 37 personas por un total de ocho delitos, entre los que se cuentan los de organización criminal; prevaricación y revelación de información reservada; tráfico de influencias; fraudes o cohecho.

UNA «PRESUNTA ORGANIZACIÓN CRIMINAL»

En concreto, la investigación llevada a cabo afecta a los contratos adjudicados a Cofely en los ayuntamientos de las localidades de Torrejón de Velasco (por valor de 4.111.395 euros); Moraleja de En Medio (2.862.975 euros); Parla (54.659.019 euros); Alcalá de Henares (11.847.479 euros); Valdemoro (50.280.748 euros); Collado Villalba (35.467.135 euros); Móstoles (60.449.119 euros) y Serranillos del Valle (4.205.589 euros), lo que eleva el total a casi 224 millones de euros.

García Castellón explicaba en dicho auto que entre 2012 y 2014, los investigados actuaron «como una presunta organización criminal con una planificación integral, con vocación de permanencia e interviniendo en varios ayuntamientos, con la aspiración y la mirada puesta en hacerse con más contratos de eficiencia energética en entidades locales u organismos, ofreciendo acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban».

Así, y para darle una apariencia comercial estándar al acuerdo fraudulento que alcanzaron todos ellos, el director general de Cofely Maurice Didier Roger contrató a Marjaliza bajo la figura jurídica de asesor comercial. Todo ello, a sabiendas de que lo que se esperaba de Marjaliza era que utilizase en sus trabajos de asesor comercial la misma red de contactos e intermediación con alcaldes y concejales que venía utilizando de su etapa anterior de promotor urbanista.

El magistrado detallaba que la relación entre Cofely y el empresario se instrumentó a través de un contrato de asesoría comercial que fue suscrito el día 1 de mayo de 2012 por la mercantil. Por dicho contrato la empresa entregaba mensualmente al empresario una cuota fija de 1.500 euros al mes y una parte variable, según fueran las oportunidades de negocio y contratos que se obtenían, hasta un máximo de 155.000 euros.

«El éxito de los contratos conseguidos por Marjaliza llevó a Cofely a preparar un nuevo borrador de contrato reconociéndole para el año 2014-2015 unos honorarios con la posibilidad de unas cuotas variables por 5.500.000 euros, que las actuaciones judiciales del 27 de octubre de 2014 abortaron», señalaba el instructor.

En este sentido, exponía que la dirección jerárquica habría estado ejercida por Didier, considerado el «círculo 0», quien apoyaba las ofertas, las negociaciones de corrupción, los pagos directos por transferencias a las sociedades de Marjaliza.

En la siguiente esfera el juez situaba al departamento comercial de Cofely dirigido por Constantino Álvarez, quien apoyaba las negociaciones de cohechos que instrumentaban Marjaliza y Pedro García Pérez, responsable de terciario de Mercado Publico del Departamento Comercial.

COMISIONES A CAMBIO DE CONTRATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

García Castellón identificaba en otro círculo distinto al mismo departamento con Gaela Hamon como responsable de la Oficina Técnica del Departamento Comercial quien, bien a la par, o tras las negociaciones de Marjaliza y García Pérez, «se infiltraba en los departamentos técnicos de los ayuntamientos, redactando los pliegos de la adjudicación o los informes de necesidad del contrato».

En otro peldaño se encontrarían los negociadores Marjaliza y García Pérez en contacto directo con alcaldes, ediles y técnicos, «que se avinieron a adjudicar a Cofely los contratos de eficiencia energética a cambio de recibir comisiones».

Así las cosas, los investigados habrían diseñado un plan para recuperar el gasto que realizaban con los pagos de comisiones en perjuicio de los consistorios. García Castellón considera que ese plan preveía el reembolso de las dádivas a costa de posibles sobreprecios en los contratos de eficiencia, inflados con facturaciones de prestaciones ficticias o inexistentes de las sociedades instrumentales de Marjaliza que enmascaraban como gastos del contrato, «lo que no era más que los fondos comprometidos como comisiones».

Para ello, siguiendo los propios protocolos de actuación comercial fijados por Cofely, idearon que el importe de las comisiones que les venía solicitado por cada Ayuntamiento se recogiese en el Plan de Negocio como un gasto más del contrato y así pasasen a formar parte de la oferta que la empresa, una vez aprobada por el COMEX, presentaba al consistorio.

EL PLAN «NO FUE VIABLE» EN CASI NINGUNO DE LOS AYUNTAMIENTOS

Los investigados añadieron un nuevo epígrafe al Plan de Negocio, que iba a recoger los gastos solicitados por el conseguidor para ganar la licitación pública, gastos que llamaron complemento de éxito. Como ese concepto delataba en parte la finalidad de dicho gasto, cambiaron su nombre por el de gestión del proyecto. Desde ese momento, los gastos comprometidos con los colaboradores para el pago a los alcaldes y funcionarios públicos se asentaron en los nuevos epígrafes creados.

Sin embargo, el auto reflejaba que, pese al esfuerzo de los investigados, el plan «no fue viable» en casi ninguno de los ayuntamientos, ni siquiera en aquellos que se contó con el acuerdo de los alcaldes y ediles. Se frustró, manifestaba el juez, por la situación de insolvencia y severa morosidad de la mayoría de los consistorios y los reparos de algunos de los interventores de las instituciones implicadas.

El escrito detallaba que los ayuntamientos que adjudicaron en 2012 y 2013 no pagaron casi ninguna de las facturas de Cofely, que sí facturó por los primeros servicios iniciales de prestación efectiva por sus propios equipos de trabajo, como la compra de energía. Por otro lado, los ayuntamientos que adjudicaron en 2014 se vieron afectados por la actuación del juzgado en la Operación Púnica, que «desactivó toda la organización criminal».

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Un detenido y requisados 170.000 juguetes falsos de una red que los distribuía en Cobo Calleja

MADRID.-Sucesos.- Un detenido y requisados 170.000 juguetes falsos de una red que los distribuía en Cobo Calleja

MADRID.-Sucesos.- Un detenido y requisados 170.000 juguetes falsos de una red que los distribuía en Cobo Calleja

Los artículos habrían alcanzado un valor de mercado superior a 1.200.000 euros

Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, en el marco de la operación Ludus III, liderada por Europol, han desmantelado una red de distribución de juguetes falsos, en la que han detenido a un hombre e intervenido 170.000 artículos falsos en Madrid, que habrían alcanzado un valor de mercado superior a 1,2 millones de euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa

La operación se inició el pasado mes de agosto cuando los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de gran cantidad de peluches y juguetes en diversas naves y almacenes del polígono industrial Cobo Calleja que podrían estar vulnerando los derechos contra la propiedad industrial de diversas marcas.

Debido a la proximidad de la campaña navideña, en la que habitualmente prolifera la venta fraudulenta de juguetes, y ante la posibilidad de que fueran puestos en el mercado, se estableció un dispositivo conjunto con el objeto de inspeccionar y en su caso intervenir la mercancía almacenada.

Por este motivo, la Policía procedió a la entrada en una nave del polígono industrial Cobo Calleja de la localidad madrileña de Fuenlabrada. En el lugar localizaron una gran cantidad de juguetes de conocidas marcas que presuntamente vulneraban los derechos contra la propiedad industrial.

Tras este hallazgo, los agentes han intervenido un total de 169.320 artículos consistentes en juguetes, peluches y diversos artículos de marcas de renombre, con un valor de mercado superior a 1.200.000 euros.

Además, en esta operación se ha detenido a un ciudadano chino al que se le imputan un delito contra la propiedad industrial y otro de contrabando. Esta detención se ha producido en el marco de la operación Ludus III, liderada por EUROPOL, contra el comercio ilícito de juguetes en Navidad.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Doce detenidos, tres de ellos en Madrid, tras liberar once mujeres explotadas sexualmente

mujeres explotadas sexualmente

Una operación policial conjunta de la Policía Nacional, la Policía de Francia y la Policía de Colombia, con la colaboración de Europol, ha liberado a once mujeres y ha desarticulado una organización criminal dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que operaba en España, Francia y Colombia.

La operación policial conjunta ha finalizado con la detención de 12 personas y la entrada y registro de 25 domicilios en España, Francia y Colombia. En España hay seis detenidos –tres en Madrid y tres en la provincia de Málaga– a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las víctimas, liberadas en territorio francés, eran mujeres de origen sudamericano captadas en sus países de origen mediante el engaño para ejercer la prostitución en París.

El entramado contaba en España con un ‘call center’ que funcionaba como intermediario entre los clientes que llamaban desde Francia y las mujeres que realizaban los servicios sexuales. Hay un total de 12 personas detenidas, seis en España, cuatro en Francia y dos en Colombia, y se han efectuado 25 registros domiciliarios.

En los tres realizados en España –dos en la provincia de Málaga y uno en Madrid— se han incautado 17.000 euros en efectivo, 33 teléfonos móviles y diversa documentación, ha indicado la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación policial dio comienzo en Francia cuando las autoridades de ese país tuvieron conocimiento de la existencia de varias mujeres que estaban siendo forzadas a ejercer la prostitución en hoteles y pisos de la región de París.

Las indagaciones de las autoridades galas dieron con una organización criminal dedicada a captar mujeres vulnerables de origen sudamericano para, mediante falsas promesas laborales, trasladarlas a territorio francés con el fin de prostituirlas.

RAMA ESPAÑOLA

Según la investigación iniciada en Francia, la organización criminal también operaba en España y Colombia. Por este motivo, a partir de una orden europea de investigación emitida por las autoridades francesas, y con la colaboración del oficial de enlace de la Policía Nacional en la Embajada de España en Francia, los agentes españoles iniciaron las pesquisas para determinar las actividades de este entramado en nuestro país.

Así, y después de múltiples pesquisas, los investigadores pudieron constatar que la red criminal había establecido en España un ‘call center’ en el que se recibían las llamadas realizadas por los clientes desde Francia y donde se gestionaban las citas con las mujeres en territorio galo.

Por otro lado, también se ha podido confirmar que los múltiples anuncios publicados en Internet donde se ofertaban los servicios sexuales de las mujeres eran creados desde España.

La operación policial conjunta ha finalizado con la detención de 12 personas y la entrada y registro de 25 domicilios en España, Francia y Colombia. En España hay seis detenidos –tres en Madrid y tres en la provincia de Málaga– a los que se les imputan los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

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