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Sucesos | Comunidad de Madrid

Los residentes del edificio de la explosión de Malasaña no podrán de momento volver a sus casas

residentes explosión Malasaña

Los residentes del edificio del número 28 de la calle San Vicente Ferrer de Malasaña, donde está mañana se registró una explosión de gas, no podrán de momento volver a sus viviendas por razones de seguridad por la afectación de la deflagración al inmueble.

Así lo ha indicado a los medios la vicealcadesa de Madrid, Begoña Villacís, quien ha acudido este mediodía a la zona, en el barrio de Malasaña, donde ha subrayado que finalmente solo hay dos heridos: una mujer hospitalizada grave con el 25% de su cuerpo con quemaduras y un hombre de mediana edad con lesiones leves con el que ha estado hablando.

Villacís ha detallado que se ha desalojado a los vecinos que había en esos momentos en los número 28 y 30 de esa calle por prudencia y seguridad. Ahora, tras localizar el teléfono del presidente de la comunidad de vecinos, están llamando a todos los residentes en el número 28 para informarles de que no pueden acceder de momento a sus casas. El Samur Social les ofrecerá una solución habitacional.

«Es una estructura que no es segura, porque se ha afectado un muro y no se puede entrar al edificio ni está en condiciones. Los primeros indicios apuntan a una explosión de gas. Ahora estamos evaluando y sobre todo garantizando la seguridad de los vecinos y luego determinaremos y cuantificaremos lo ocurrido. No queda ninguna persona en los edificios», ha indicado.

Por su parte, según ha continuado la vicealcaldesa, los técnicos de Control de Edificación del Ayuntamiento están graduando el grado de afectación del edificio donde se localizó la explosión. Por su parte, los bomberos siguen apagando las llamas y con los drones están observando el estado del tejado.

En este sentido, Villacís ha destacado el «servicio profesional e innovador» del Cuerpo municipal de Bomberos y ha felicitado «la celeridad y la profesionalidad» de los equipos de emergencias del Ayuntamiento Madrid, «gracias a los cuales se ha evitado lo más importante, que no haya más heridos». Ahora, espera que la mujer herida se recupere y los vecinos de la zona puedan volver a la normalidad.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

La UCM abre un expediente para analizar lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahúja y dirimir responsabilidades

UCM

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha abierto este jueves un expediente informativo para analizar lo ocurrido en el Colegio Mayor Elías Ahúja y dirimir responsabilidades tras la difusión de un vídeo en el que puede verse a sus estudiantes gritar a las residentes del CMU Santa Mónica «ninfómanas», «putas» y «os vamos a follar».

«Mostramos nuestro total rechazo a lo sucedido. Consideramos que actuaciones como esta no tienen cabida en ningún ámbito de la sociedad y, menos aún, en el ámbito universitario», ha subrayado el centro universitario en un comunicado.

Además, la UCM trabajará de manera coordinada con el resto de las universidades para aplicar sanciones a los colegiales involucrados. Las imágenes, que tuvieron lugar el pasado domingo, arrancan con un solo estudiante que exclama: «Putas, salid de vuestras madrigueras, conejas. Sois unas putas ninfómanas. Os prometo que vais a follar todas en la capea».

Lo que podía parecer un estudiante aislado cambia cuando tras gritar «¡Vamos Ahuja!» se abren al unísono todas las persianas del edificio y el resto de colegiales comienzan a proferir gritos y a aporrear la fachada.

MEDIDAS DEL COLEGIO MAYOR

El director del centro, Manuel García Artiga, ha explicado, en una entrevista en la ‘Cadena Ser’, recogida por Europa Press, que desde su institución se «condena absolutamente» estas expresiones y que van «en contra» del ideario del mismo.

Al hilo, ha desgranado las medidas que se tomarán tras el vídeo. Los colegiales escribirán una carta a las alumnas del centro vecino y a su dirección pidiendo disculpas. Además se organizarán conferencias donde profesionales acudirán para «sensibilizarles» sobre «cómo debe ser su forma de actuar» y también tomarán parte de voluntariado para «ayudar a colectivos que estén sufriendo en Madrid«.

En un comunicado emitido por el centro se recogen estas sanciones y se añade que se aplicarán las medidas previstas en el Reglamento de Régimen Interno para los colegiales implicados que «en casos graves, como este, implica la expulsión».

«La Dirección reafirma el compromiso del Colegio Mayor con una educación basada en valores como la amistad, el respeto, el sentido de comunidad, la solidaridad y la igualdad», concluye el comunicado.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

La Fiscalía de Madrid alerta del incremento de delitos de odio al registrar un 88% más

Madrid incremento de delitos de odio

  • Preocupa el aumento un 59% del delito de sustracción de menores

La Fiscalía de Madrid alerta en su memoria anual del significativo incremento de los delitos de odio y discriminación en la Comunidad de Madrid al registrar en 2021 una subida de un 88% respecto al año anterior.

Así consta en la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid correspondiente al año 2021, cuyos principales datos se han dado a conocer este jueves por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, en el solemne acto de apertura del año judicial en la Comunidad de Madrid.

En el documento se pone de relieve el incremento de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, que han experimentado un incremento del 88%. En concreto, se refiere a los delitos de odio y discriminación que han pasado de 19 en el año 2020 a 46 en el 2021.

La Memoria incide igualmente en el aumento de los delitos de asesinato y homicidios consumados en 2021 conforme a los datos aportados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Llama la atención en la Fiscalía de Área de Getafe-Leganés el incremento de muertes violentas, algo que ven especialmente preocupante al registrarse dieciséis homicidios y dos asesinatos. En el Área de Alcalá se registraron dos muertes violentas y en Torrejón, otras dos por violencia de género.

Según la Fiscalía, en todos los delitos contra la vida se observa un notable incremento (61,4%). Si al homicidio/asesinato consumado se le añaden aquellos supuestos en que el grado de ejecución quedo en tentativa, el incremento es del 9,8%, según recoge la Memoria.

Especialmente significativo para el Ministerio Público es el incremento en cuanto a los delitos de lesiones tanto dolosas como imprudentes (un 61,7%) y de lesiones al feto (291,7%). El número de procedimientos incoados por este tipo de delitos sufre un incremento del 29,7%, un total de 2.974, superior también a los 2.808 incoados en 2019.

VIOLENCIA DE GÉNERO

En cuanto a delitos contra la violencia doméstica y de género, la Memoria recoge un incremento global del 10,8%, aproximándonos a las cifras del año 2019 (25.645). Sin embargo, las amenazas, coacciones y acoso en el ámbito familiar han experimentado un acusado descenso. Un 5,5% se han visto incrementadas las denuncias por este tipo de delitos, sin llegar a la cifra total del año 2019 que alcanzó 3.145.

El total de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en la Comunidad de Madrid, durante el 2021, asciende a nueve mujeres frente a las tres mujeres que resultaron fallecidas durante el año
2020, lo que supone un incremento del 200%.

Dos de los fallecimientos se han producido en Torrejón de Ardoz. En uno de los casos, realizado en presencia de sus hijos menores, el agresor después se suicidó.

Por otro lado, las cifras referidas al delito de sustracción de menores, que descendieron el año 2020, se han visto incrementadas en un 59%, aproximándose a los 134 del año 2019. También destaca la Fiscalía el importante ascenso también en los delitos de abandono de menores que supera la cifra de 117 en 2019.

También se denuncia más la utilización de menores para la mendicidad y el impago de pensiones, quizá por la crisis económica asociada a la pandemia que se siguió padeciendo a lo largo del año 2021.

ASOCIACIONES CANNABICAS

En otro ámbito delictivo, el escrito da cuenta del incremento de los delitos contra la salud pública, de un 10,3%, una cifra que sube hasta el 27,5% cuando se trata de delitos de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud.

En cuanto a las asociaciones cannábicas, la Fiscalía subraya que continúa siendo muy beligerante en esta materia, solicitando sistemáticamente la suspensión de actividades de la asociación y el cierre cautelar tras la diligencia de entrada y registro del local.

Durante el 2021, se han incoado 13 procedimientos nuevos por asociación cannábica, por lo que a fecha 31 de diciembre de 2021, la sección especializada de la Fiscalía Provincial ha asumido un total de 55 procedimientos respecto de este tipo de asociaciones.

«Las asociaciones de cánnabis en la Comunidad de Madrid siguen sin autoabastecerse a través del cultivo, sino que lo hacen siempre acudiendo al «mercado negro», mercado que dicen precisamente querer tratar de evitar, negándose los investigados, en la totalidad de los procedimientos, a facilitar dato alguno sobre cómo se proveen de la sustancia estupefaciente», señala la memoria.

Resalta la Fiscalía el aumento en el número de procedimientos que tienen por objeto el cultivo ya sea en pisos, en naves (cultivos indoor) o en parcelas y el envío de la sustancia fundamentalmente a través de empresas de paquetería.

También son cada vez más frecuentes las plantaciones de cannabis tanto en Madrid capital como en la periferia y en provincias limítrofes, que son controladas por organizaciones y/o grupo criminales, cuyo destino no solo es surtir al mercado ilícito nacional, como las asociaciones cannábicas, sino también su exportación hacia otros países de Europa.

Según la Memoria, relacionado con la marihuana destacan las plantaciones existentes en la Cañada Real Galiana, con los problemas en el suministro de energía eléctrica que han generado y del que se han hecho eco en sucesivas ocasiones los medios de comunicación.

Por parte de Policía Nacional, Comisaría de Villa de Vallecas, y por Guardia Civil, recoge el texto, «se han intensificado las medidas para su desmantelamiento lo antes posible, pidiendo entradas y registros cuando la investigación ha concluido, así como el cierre o derribo de las edificaciones que las albergan».

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