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Sucesos | Comunidad de Madrid

Los acusados en el caso de la ‘Caja B’ denuncian el «descontrol» absoluto en la gestión de la UCM en los años 90

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  • «Cuando llegué al cargo de gerente había 1.500 cuentas abiertas», declara el exgerente

Los acusados de desviar cerca de 4 millones de euros de fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a una supuesta ‘Caja B’ sostienen que formaban parte del engranaje de la maquinaria de gestión de la universidad en aquella época «analógica» y «pedestre», una etapa en la que reinaba «un descontrol» y «un desastre» generalizado en áreas sensibles de control contable y de tesorería.

El juicio contra el exgerente de la UCM Dionisio Ramos y otros seis acusados, entre ellos una funcionaria de la universidad, antiguos administradores de colegios mayores y entonces alumnos, ha arrancado esta mañana con el trámite de alegaciones previas del fiscal, la acusación particular que defiende a la Complutense –Abogacía del Estado– y los abogados defensores.

«La burocracia académica de la Complutense en esa época era muy pedestre y todo se hacía a mano. Era muy elemental», han expuesto las defensas para ilustrar sobre el contexto en el que se sitúan los hechos, que transcurren entre 1995 y 2003. Alegan que hay pruebas «tozudas» y «contundentes» para emitir un veredicto de no culpabilidad.

Dionisio Ramos se enfrenta a seis años de prisión por presuntamente malversar casi millón y medio de euros durante el tiempo que desempeñó su actividad entre los años 1995-2001, bajo el mandato del entonces rector Rafael Pujol. El resto de acusados afrontan penas de entre cuatro y siete años de cárcel.

El exgerente llegó a la Complutense en 1996 tras estar un año en la Consejería de Educación, donde fue secretario general técnico. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad.

La fiscal mantiene que Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo que le habría permitido que «se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo injustificado y el uso de fondos para fines ajenos a los propios del centro».

LA PRACTICA NORMAL; CHEQUES AL PORTADOR

El único que ha declarado en la sesión de este martes ha sido el exgerente, quien ha explicado que su competencia era llevar el control del patrimonio, de los gastos del personal y del presupuesto de la universidad. «¿Existía una normativa que regulase los procedimientos?, ha preguntado la fiscal, a lo que ha contestado que sí.

«Los gastos podían no estar presupuestados, pero mejor que lo estuvieran. Los que provenían de actividades ordinarias como tasas debían estar presupuestados desde el origen pero hay ingresos de otras actividades no docentes que tenían que estar en cuenta de ejecución y se hacía una modificación de crédito en esas partidas», ha detallado.

¿Pero debía existir un reflejo contable de esos gastos extraordinarios?, le ha insistido la fiscal seguidamente. «Sí. Pero hasta el año 97 no aparece una partida claramente diferenciada de colegios mayores», ha replicado el acusado, quien ha indicado a continuación que cuando llegó al cargo había 1.500 cuentas abiertas.

«A partir del 97 se cerraron más de 200 cuentas y se unificaron», ha dicho. Así, ha detallado que sabía que existía una cuenta de actividades culturales en el Cisneros después de que se acordara eliminar el resto de cuentas, donde se ingresaba dinero de los cursos de verano, de patrocinios específicos de actividades y de precios que se cobraban por esas actividades. De dicha cuenta estaba al corriente la universidad, según ha dicho.

Además, ha aseverado que entonces se usaban cheques al portador porque era una práctica normal y se permitía sacar hasta 500.000 pesetas, oponiéndose a la afirmación de la fiscal de que entonces existía una disposición que establecía como norma hacer transferencias bancarias o cheques nominativos. «Ya le aseguró yo que no. Confundido no estoy», le ha replicado.

A preguntas sobre el informe que concluyó que existía una ‘Caja B’, ha insistido en que «no hay ni un solo dato» para considerar tal extremo recalcando que había notas contables de las dos cuentas relativas a dicha supuesta contabilidad paralela.

«Las gratificaciones a directores de colegios mayores estaban en la cuenta de ejecuciones. Había una partida para ello y se entendía que eran por actividades extraordinarias», ha aseverado indicando que pudo dar 8 ó 10 instrucciones de anticipos de tesorería para por ejemplo gastos relacionados con viajes en el marco de la actividad universitaria.

«HAY COSTUMBRES DELICTIVAS»

En sus alegaciones, la fiscal ha subrayado que en esa etapa había leyes y normativa a las que los encausados debían atenerse, teniendo que documentar todo, incluidos los cheques al portador y talones que se firmaban y cuyo destino se desconoce.

«Solo hay notas contables y actuaron de forma ilícita de forma continuada. No hay una mera irregularidad contable sino que existe un delito. Hay costumbres que son delictivas», ha aseverado la representante del Ministerio Público en alusión a las explicaciones de los acusados, incidiendo en que la atenuante de dilaciones indebidas le obliga a atenuar la solicitud de condena que solicita para los encausados.

La defensa de Ramos, el letrado Luis Rodríguez Ramos, ha subrayado que los acusados heredaron «una situación» de la universidad en la que habían numerosas cuentas abiertas y tarjetas de crédito desde los años 70.

«Se intentó poner orden e implantar sistemas informáticos que garantizasen el cumplimento normativo y la exactitud contable. Todos los gastos de los colegios estaban presupuestados, eran conocidos por la universidad, estaban contabilizados, liquidados y auditados. Era una época de pesetas y la burocracia académica era muy pedestre», ha recalcado.

El abogado Jesús Mandri, que representa a dos acusados que fueron con 16 años residentes del colegio mayor Ximénez Cisneros, ha incidido en que los hechos hay que contextualizarlos en una época en la que había «un descontrol absoluto» y «un desastre generalizado» en la gestión.

«Todo esto era ajeno a los colegios mayores adscritos a la Complutense. Existía una situación de debilidad de control interno en la UCM y un desastre en su propio funcionamiento por la falta de medios que había en los años 90», ha aseverado y ha recordado que en esa etapa no había móviles con los que hacer bizum o transferencias.

De igual modo, ha señalado que hay prueba documental que acredita que la Complutense estaba al corriente de los pagos a los administradores de colegios mayores relativos a gratificaciones por actividades culturales, una practica generalizada en aquella época.

Los abogados de la defensa insisten en que lo que «ahora es extraordinaro antes era ordinario» y culpan a la Complutense del retraso en la celebración del juicio por tardar en la entrega de documentación relativa a la causa. «Es indignante que haya papeles que custodia la universidad que nunca ha entregado», ha denunciado un letrado.

La defensa del entonces subdirector del colegio mayor Ximénez Cisneros ha explicado que su cliente solo firmaba cheques cuando se lo requerían relativos a actividades deportivas y culturales acordadas en una asambleas por los residentes.

«Entendía que eran para el pago a proveedores que prestaban esos servicios. Nunca se preocuparon. No tenía control ni responsabilidad sobre esa cuenta», ha dicho, exponiendo que en su caso el delito por el que se le acusa estaría prescrito al pasar más de 10 años.

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Detenida una falsa veterinaria que ejercía sin titulación y utilizando números de otros colegiados

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Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza han detenido a una mujer en la capital que estaba ejerciendo de veterinaria sin haber obtenido titulación alguna, ha informado este viernes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

La detenida además abrió en 2021 una clínica en un barrio madrileño donde además atendía y recetaba fármacos a los animales utilizando números de colegiados de veterinarios que eran ajenos a que se estaba utilizando su numeración oficial.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de marzo, por el Colegio de Veterinarios de Madrid, quién puso en conocimiento de los Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza un posible caso de intrusismo profesional. Con los datos aportados por el organismo oficial, los agentes comenzaron sus labores de investigación de los agentes, tomando diversas manifestaciones que permitieron corroborar los hechos denunciados.

Así, la detenida abrió en marzo de 2021 una clínica veterinaria, según se desprende de los testimonios esta mujer pasaba consulta a los animales y recetaba fármacos para el tratamiento de los mismos. Los agentes han comprobado que al menos hasta en 36 ocasiones ha conformado recetas las cuales firmaba y rubricada con números de colegiados que no le pertenecían. Concretamente uno de los números lo tiene asignado una veterinaria de Palma de Mallorca y el otro se corresponde con un veterinario que ya ha fallecido.

Tras cursar una inspección en el hospital veterinario que regenta, los agentes detuvieron a la mujer, de nacionalidad española de 57 años de edad, por su implicación en los delitos de intrusismo profesional y falsedad de documento público. Además se está investigando su posible participación en un delito de maltrato animal, ya que hay una cliente que ha denunciado una negligencia para con su mascota. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

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38 detenidos por utilizar empresas ficticias para darse de alta en la Seguridad Social

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Gestionaban matrimonios concertados para pedir permisos de residencia de familiar de comunitario, ofreciendo 3.000€ para que la mujer que accediera

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas por utilizar empresas ficticias para darse de alta en la Seguridad Social, llegando a generar una deuda de casi 90.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid este jueves en una nota de prensa.

Dos de las detenidas actuaban de intermediarias para la obtención de prestaciones por desempleo, permisos de residencia y créditos bancarios. También gestionaban matrimonios concertados.

La investigación comenzó en enero de 2021 y se desarrolló en dos fases. La primera concluyó en julio del año pasado con la detención de 20 personas, entre ellas el cabecilla del entramado.

Según pudieron comprobar los agentes, este varón regentaba una oficina en el distrito madrileño de Carabanchel desde donde se tramitaban alquileres de viviendas, créditos personales, ventas de contratos de trabajo, altas en la Seguridad Social y realización de matrimonios concertados para la obtención de permisos de residencia.

En la segunda fase, que se saldó con la detención de 38 personas, dos de ellas intermediarias, finalizó a mediados del mes de noviembre del presente año.

Mediante dos empresas ficticias, dedicadas supuestamente a la construcción y a la confección de ropa, respectivamente, se simularon relaciones laborales de hasta 56 trabajadores que permitieron acreditar medios de vida suficientes para tramitar permisos de residencia, prestaciones de desempleo y otros beneficios inherentes a la Seguridad Social.

De este modo, llegaron a generar una deuda por el impago de cuotas a la Seguridad Social de 63.000 euros y de 26.000 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo.

Los presuntos delincuentes disponían de distintas tarifas para sus clientes en función de los servicios solicitados. Cobraban 3.500 euros por un contrato de trabajo para regularizar la situación en España de un ciudadano extranjero y 600 euros por el alta en una de las empresas.

Otro de los servicios ofertados consistía en la solicitud de préstamos bancarios, mediante nóminas falsas como garantía de los mismos. Una vez fueran concedidos, acordaban cobrar una comisión del 15 por ciento del cómputo total.

MATRIMONIOS CONCERTADOS

También gestionaban matrimonios concertados con ciudadanas comunitarias, a las que ofrecían hasta 3.000 euros, para poder regularizar la situación de los extranjeros mediante la solicitud de residencia por ser familiar de comunitario. En total, se habrían tramitado de forma fraudulenta 66 permisos de residencia de distinto carácter.

Por estos hechos, a mediados de noviembre, se procedió a la detención de 38 personas, 22 mujeres y 16 varones, como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

Además, a las dos intermediarias también se les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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