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Propone como testigos a los empresarios Donato González y Alejandro de Pedro y a varios comisarios
EUROPA PRESS – La doctora Elisa Pinto ha solicitado que el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sean condenados a 6 años de cárcel cada uno por presuntos delitos de cohecho que funda en el acoso al que la habrían sometido, en el marco de la pieza separada de ‘Tándem’ donde se sigue este asunto.
La doctora Pinto ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, su escrito de acusación provisional, donde señala a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo por cohecho pasivo y reclama para ellos una pena de 6 años de prisión, multa de 12 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 años.
También formula acusación contra el socio de Villarejo, Rafael Redondo, al que identifica como cómplice de ambos y para el que plantea una condena a 2 años de prisión, una multa de 6 meses, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 3 años, según dicho escrito, avanzado por El Español y al que ha tenido acceso Europa Press.
Demanda asimismo que las costas procesales, incluidos los gastos de peritos y otros profesionales, corran por cuenta de los acusados, emplazando al momento de la ejecución de la eventual sentencia condenatoria la fijación de la responsabilidad civil.
Además, avanza los testigos que cree necesario escuchar durante el juicio, entre los que destacan el presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyo testimonio considera «esencial» por ser la persona que habría presentado a López Madrid y Villarejo, después de que el empresario le contara que estaba muy nervioso porque una señora no paraba de llamarle, según declaró ante el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid.
Otro de los testigos propuestos por Pinto es el empresario Alejandro de Pedro Llorca, presunto conseguidor de la ‘Púnica’, porque «López Madrid le dijo que estaba pendiente de que un comisario solucionará su asunto». Se trata de «conocer a qué asunto se refería y quién era el comisario».
Ya en el ámbito policial, la doctora ve necesario interrogar durante la vista oral a los comisarios Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Conde y Alberto Carba.
Este escrito supone un paso más después de que en julio el magistrado de la Audiencia Nacional acordara procesar a López Madrid, Villarejo y Redondo porque, conforme al relato judicial, en septiembre de 2013 el empresario contrató al entonces comisario y su socio para que llevaran a cabo labores de hostigamiento contra la doctora Pinto, con la que mantenía un conflicto privado.
Inicialmente, la misión de Villarejo habría sido impedir que la médico denunciara al empresario. Con ese propósito, López Madrid, acompañado de Redondo en calidad de abogado, visitó a Pinto en su despacho profesional para hacerla una advertencia: «Que le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla». «Con posterioridad a ese día (10 de diciembre) y a lo largo de 2014», Villarejo se dedicó a «hostigar» a Pinto, realizando diversas actuaciones, como seguimientos.
Una vez presentada la denuncia contra López Madrid, el comisario intentó desacreditar a la doctora usando para ello «medios policiales», entre los que el juez mencionó nuevamente los seguimientos, así como el acceso no autorizado a información privada de Pinto.
Ya encarrilada la investigación policial, Villarejo trató de «interferir» en ella, solicitando información sobre el estado de la misma e incluso manipulándola. A este respecto, el magistrado destacó que el comisario realizó actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que iba a formar parte.
«Va a intentar retrasar la rueda. En todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así», dijo el propio agente en el marco de las pesquisas del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid.
«CHIQUITÍN, DAÑOS Y PERJUICIOS»
García-Castellón ve cohecho pasivo en Villarejo por cuanto era miembro del Cuerpo Nacional de Policía cuando sucedieron los hechos y accedió a usar su cargo para funciones distintas a las que competen al mismo a cambio de una dádiva o de la promesa de recibirla.
Esta retribución, aunque el magistrado no precisa si llegó a entregarse, se refleja en una conversación fechada el 26 de enero de 2017 donde Villarejo dice que reclamará a López Madrid un pago por los servicios prestados en el caso Pinto.
«Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado, y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ‘Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y no me las llamado para decirme (…)’. Le voy a decir: ‘Chiquitín, daños y perjuicios'», indicó.
García-Castellón también llamó la atención sobre «la estrecha relación» que López Madrid tuvo con distintos agentes mientras duró la investigación policial, apuntando en este sentido a García Castaño y Carba, instructor de la denuncia formulada por Pinto. De hecho, recalcó el juez, «este agente de Policía envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones».
HISTORIAL JUDICIAL
Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto de carácter personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas. La dermatóloga asegura que sufrió acoso sexual, alegando que no lo denunció antes por ser él «la persona que era», mientras que éste sostiene que fue ella quien le acosó.
El año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción 39, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por las heridas provocadas con «instrumento peligroso» a Pinto.
De acuerdo con la querella formulada por Pinto en los juzgados madrileños, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. «López Madrid quiere que cierres la boca», le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.
Por otro lado, Pinto ha pedido el archivo de la causa investigada en el Juzgado de Instrucción 26 por presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que en cambio ha instado a abrir juicio por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno y en las que una voz distorsionada habría realizado graves afirmaciones sobre la vida sexual e íntima del empresario.
Además, López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.
También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.
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