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Sucesos | Comunidad de Madrid

La doctora Elisa Pinto pide 6 años de cárcel para López Madrid y Villarejo por acosarla

Elisa Pinto López Villarejo

  • Propone como testigos a los empresarios Donato González y Alejandro de Pedro y a varios comisarios

EUROPA PRESS – La doctora Elisa Pinto ha solicitado que el empresario Javier López Madrid y el comisario jubilado José Manuel Villarejo sean condenados a 6 años de cárcel cada uno por presuntos delitos de cohecho que funda en el acoso al que la habrían sometido, en el marco de la pieza separada de ‘Tándem’ donde se sigue este asunto.

La doctora Pinto ha enviado al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, su escrito de acusación provisional, donde señala a López Madrid por cohecho activo y a Villarejo por cohecho pasivo y reclama para ellos una pena de 6 años de prisión, multa de 12 meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 años.

También formula acusación contra el socio de Villarejo, Rafael Redondo, al que identifica como cómplice de ambos y para el que plantea una condena a 2 años de prisión, una multa de 6 meses, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante 3 años, según dicho escrito, avanzado por El Español y al que ha tenido acceso Europa Press.

Demanda asimismo que las costas procesales, incluidos los gastos de peritos y otros profesionales, corran por cuenta de los acusados, emplazando al momento de la ejecución de la eventual sentencia condenatoria la fijación de la responsabilidad civil.

Además, avanza los testigos que cree necesario escuchar durante el juicio, entre los que destacan el presidente del Grupo Société Générale en España y Portugal, Donato González, cuyo testimonio considera «esencial» por ser la persona que habría presentado a López Madrid y Villarejo, después de que el empresario le contara que estaba muy nervioso porque una señora no paraba de llamarle, según declaró ante el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid.

Otro de los testigos propuestos por Pinto es el empresario Alejandro de Pedro Llorca, presunto conseguidor de la ‘Púnica’, porque «López Madrid le dijo que estaba pendiente de que un comisario solucionará su asunto». Se trata de «conocer a qué asunto se refería y quién era el comisario».

Ya en el ámbito policial, la doctora ve necesario interrogar durante la vista oral a los comisarios Enrique García Castaño, Andrés Gómez Gordo, José Luis Conde y Alberto Carba.

Este escrito supone un paso más después de que en julio el magistrado de la Audiencia Nacional acordara procesar a López Madrid, Villarejo y Redondo porque, conforme al relato judicial, en septiembre de 2013 el empresario contrató al entonces comisario y su socio para que llevaran a cabo labores de hostigamiento contra la doctora Pinto, con la que mantenía un conflicto privado.

Inicialmente, la misión de Villarejo habría sido impedir que la médico denunciara al empresario. Con ese propósito, López Madrid, acompañado de Redondo en calidad de abogado, visitó a Pinto en su despacho profesional para hacerla una advertencia: «Que le dejase en paz, que parase y que la Policía iría a verla». «Con posterioridad a ese día (10 de diciembre) y a lo largo de 2014», Villarejo se dedicó a «hostigar» a Pinto, realizando diversas actuaciones, como seguimientos.

Una vez presentada la denuncia contra López Madrid, el comisario intentó desacreditar a la doctora usando para ello «medios policiales», entre los que el juez mencionó nuevamente los seguimientos, así como el acceso no autorizado a información privada de Pinto.

Ya encarrilada la investigación policial, Villarejo trató de «interferir» en ella, solicitando información sobre el estado de la misma e incluso manipulándola. A este respecto, el magistrado destacó que el comisario realizó actuaciones sobre el resultado de una rueda de reconocimiento de la que iba a formar parte.

«Va a intentar retrasar la rueda. En todo caso, hay que preparar la declaración una vez que me identifique, porque será así», dijo el propio agente en el marco de las pesquisas del Juzgado de Instrucción Número 39 de Madrid.

«CHIQUITÍN, DAÑOS Y PERJUICIOS»

García-Castellón ve cohecho pasivo en Villarejo por cuanto era miembro del Cuerpo Nacional de Policía cuando sucedieron los hechos y accedió a usar su cargo para funciones distintas a las que competen al mismo a cambio de una dádiva o de la promesa de recibirla.

Esta retribución, aunque el magistrado no precisa si llegó a entregarse, se refleja en una conversación fechada el 26 de enero de 2017 donde Villarejo dice que reclamará a López Madrid un pago por los servicios prestados en el caso Pinto.

«Yo, cuando termine todo, cuando le meta la querella a la pava esta y a todos los que la han ayudado, y tal y cual, hablaré con él, con Javierito… ‘Ponme un poquito de pasta, porque me has metido en un ‘embolao’ y no me las llamado para decirme (…)’. Le voy a decir: ‘Chiquitín, daños y perjuicios'», indicó.

García-Castellón también llamó la atención sobre «la estrecha relación» que López Madrid tuvo con distintos agentes mientras duró la investigación policial, apuntando en este sentido a García Castaño y Carba, instructor de la denuncia formulada por Pinto. De hecho, recalcó el juez, «este agente de Policía envió varios correos electrónicos a López Madrid comunicándole el estado de la investigación y recibiendo instrucciones».

HISTORIAL JUDICIAL

Esta pieza separada hunde sus raíces en un conflicto de carácter personal entre López Madrid y Pinto que ha dado lugar a acusaciones cruzadas. La dermatóloga asegura que sufrió acoso sexual, alegando que no lo denunció antes por ser él «la persona que era», mientras que éste sostiene que fue ella quien le acosó.

El año pasado, la titular del Juzgado de Instrucción 39, Belén Sánchez, propuso juzgar a López Madrid por delitos de acoso y amenazas –al que después ha sumado un delito de lesiones–, y a Villarejo por las heridas provocadas con «instrumento peligroso» a Pinto.

De acuerdo con la querella formulada por Pinto en los juzgados madrileños, en abril de 2014 fue atacada con un objeto punzante cuando bajaba del coche con uno de sus hijos, de 10 años. «López Madrid quiere que cierres la boca», le habría dicho el agresor antes de irse. En 2017, reconoció a Villarejo como el atacante.

Por otro lado, Pinto ha pedido el archivo de la causa investigada en el Juzgado de Instrucción 26 por presuntos delitos contra la integridad moral y de amenazas sufridos por López Madrid, que en cambio ha instado a abrir juicio por las cientos de llamadas que entre 2013 y 2014 habrían recibido él y su entorno y en las que una voz distorsionada habría realizado graves afirmaciones sobre la vida sexual e íntima del empresario.

Además, López Madrid fue juzgado en el caso Bankia y García-Castellón le ha enviado a juicio, junto al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, por la presunta adjudicación irregular de las obras del tren de Navalcarnero en el marco del caso ‘Lezo’.

También está investigado en ‘Púnica’ por haberse repartido, presuntamente, una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados en esta causa, el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados y el empresario David Marjaliza, por el amaño de la adjudicación de unas obras de Metro Madrid.

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Buscan desde hace días a una niña de 13 años desaparecida en Madrid y a un chico de 16 en Villalba

buscan niña y chico Villalba

EUROPA PRESS – Familiares, compañeros y Fuerzas de Seguridad buscan desde hace días y piden colaboración ciudadana para localizar a una niña de 13 años que desapareció la semana pasada en Madrid y a un chico de 16 años que también desapareció días antes en Collado Villalba.

La chica se llama Ainara Bermúdez Molina. Tiene 13 años y reside en la capital. La última vez que se le vio fue el 19 de octubre. Ainara mide 1,65 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y rizado y los ojos castaños.

La asociación SOS Desaparecidos piden la colaboración ciudadana, a través de los teléfonos 642650775/649952957, el correo electrónico sosdesaparecidos@sosdesaparecidos.es o llamando a la Guardia Civil (062), a la Policía (091) o al Servicio de Emergencias (112).

El otro caso, recogido por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, es el de Mario Romero González, cuyo rastro se perdió el 11 de octubre en Villalba. Tiene 16 años, presenta constitución normal con 1,55 metros de estatura y unos 50 kilos. Además, tiene los ojos marrones y luce pelo castaño ondulado. Se desconoce, al igual que en el otro caso, si desapareció de forma voluntaria o no.

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La responsable de la climatización del Hospital Puerta de Hierro, absuelta de un delito contra el medio ambiente

Hospital Puerta de Hierro clmatización

  • El fiscal acusaba a la sociedad de no adoptar medida alguna para reducir el ruido que transmitían a las habitaciones de la planta superior

EUROPA PRESS – La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la empresa responsable del mantenimiento de los equipos de climatización del material no sanitario del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda del delito contra el medio ambiente del que había sido acusada al no quedar acreditada la exposición de niveles sonoros por encima de lo legalmente permitido.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados exoneran a la sociedad ‘Hospital Majadahonda S. A.’ de un delito contra el medio ambiente en su modalidad de riesgo de grave perjuicio a la salud de las personas.

La resolución recoge que la existencia solo de dos quejas impide concluir «la eventual potencialidad lesiva de las emisiones sonoras y descarta la gravedad en la conducta sometida a examen».

La Fiscalía de Madrid solicita una multa de 265.000 euros por presuntamente no haber hecho nada respecto al alto nivel de ruido que provocaban los equipos de climatización en una planta del edificio que «han supuesto un importante peligro para la salud de las personas que las ocupaban».

CLIMATIZACIÓN

El escrito de acusación, explicaba que la sociedad denunciada se hizo cargo desde 2008 de la gestión y mantenimiento del edificio e instalaciones no sanitarias – incluidos los equipos de climatización- del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Ahora bien, la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto «Nuevo Hospital de Majadahonda» establecía que todas las instalaciones y locales del edificio debían aislarse acústicamente con el fin de adecuarse a los niveles exigidos en la normativa vigente, y que el aislamiento debía hacerse extensivo tanto a las fuentes de ruido, como a suelos, techos y paramentos verticales.

Además, la misma declaración de Impacto Ambiental exigía la realización de un estudio del ruido ambiental dentro de los seis primeros meses tras la puesta en funcionamiento del proyecto, pese a lo cual, «no se realizó hasta abril de 2015».

No fue hasta entonces cuando la empresa concesionaria presentó un informe en el que, pese a concluir que las instalaciones del hospital cumplían con las exigencias del Real Decreto 1367/2007 en lo que a ruidos transmitidos al ambiente exterior se refiere, recogía sin embargo que los niveles de ruido registrados en la cubierta de los edificios que componen el conjunto del hospital arrojaban valores que superaban ampliamente los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente exterior.

Ante el ruido que los equipos de climatización del hospital transmitían al interior de las habitaciones situadas en la planta superior, técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid efectuaron varias mediciones y llegaron a la conclusión de que tales niveles sonoros «han supuesto un importante peligro para la salud de las personas que las ocupaban, dado que en algunos casos la estancia de los pacientes se ha prolongado durante varias semanas».

Pese a ello, según la Fiscalía, la sociedad responsable del mantenimiento de los equipos de climatización no adoptó medida alguna dirigida a reducir el ruido que transmitían a las habitaciones situadas en la planta superior.

Es más, asegura que por parte de la sociedad acusada «no se ha facilitado al Juzgado de Instrucción, pese a la existencia de dos requerimientos al respecto, la identidad de la persona o personas físicas responsables del mantenimiento del sistema y equipos de climatización del hospital».

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