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Sucesos | Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid registró en julio ocho accidentes laborales mortales, dos de ellos in itinere

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid registró en el mes de julio ocho accidentes mortales, dos in itinere, uno de tráfico y otro debido a patologías no traumáticas, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Del resto, uno pertenece al sector industrial, dos a la construcción y los tres restantes de servicios. Atendiendo a las cifras del período entre junio de 2021 y mayo de 2022, el índice de siniestralidad madrileño es inferior al nacional en más de un 21% (21,12%), con unos valores de 2.780 en España y de 2.193 en la región. Este dato, según recoge el Ejecutivo autonómico en un comunicado, es el más bajo del país.

El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo (IRSST) ha convocado la V Edición de los Reconocimientos y Menciones en Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, que se centrará en la seguridad vial laboral.

Con estos galardones se busca premiar las buenas prácticas en materia de prevención, así como su difusión y divulgación. Toda la información, incluyendo los plazos de presentación de candidaturas y la tramitación de las mismas, se encuentra disponible en la web de la Comunidad de Madrid.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Los acusados en el caso de la ‘Caja B’ denuncian el «descontrol» absoluto en la gestión de la UCM en los años 90

acusados Caja B UCM

  • «Cuando llegué al cargo de gerente había 1.500 cuentas abiertas», declara el exgerente

Los acusados de desviar cerca de 4 millones de euros de fondos públicos de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) a una supuesta ‘Caja B’ sostienen que formaban parte del engranaje de la maquinaria de gestión de la universidad en aquella época «analógica» y «pedestre», una etapa en la que reinaba «un descontrol» y «un desastre» generalizado en áreas sensibles de control contable y de tesorería.

El juicio contra el exgerente de la UCM Dionisio Ramos y otros seis acusados, entre ellos una funcionaria de la universidad, antiguos administradores de colegios mayores y entonces alumnos, ha arrancado esta mañana con el trámite de alegaciones previas del fiscal, la acusación particular que defiende a la Complutense –Abogacía del Estado– y los abogados defensores.

«La burocracia académica de la Complutense en esa época era muy pedestre y todo se hacía a mano. Era muy elemental», han expuesto las defensas para ilustrar sobre el contexto en el que se sitúan los hechos, que transcurren entre 1995 y 2003. Alegan que hay pruebas «tozudas» y «contundentes» para emitir un veredicto de no culpabilidad.

Dionisio Ramos se enfrenta a seis años de prisión por presuntamente malversar casi millón y medio de euros durante el tiempo que desempeñó su actividad entre los años 1995-2001, bajo el mandato del entonces rector Rafael Pujol. El resto de acusados afrontan penas de entre cuatro y siete años de cárcel.

El exgerente llegó a la Complutense en 1996 tras estar un año en la Consejería de Educación, donde fue secretario general técnico. En 2003, Carlos Berzosa se hizo con el rectorado y lo destituyó. Dos años más tarde, el rector llevó a la Fiscalía presuntas irregularidades al detectar un supuesto sistema de bonificaciones y sobresueldos con fondos de la universidad.

La fiscal mantiene que Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo que le habría permitido que «se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo injustificado y el uso de fondos para fines ajenos a los propios del centro».

LA PRACTICA NORMAL; CHEQUES AL PORTADOR

El único que ha declarado en la sesión de este martes ha sido el exgerente, quien ha explicado que su competencia era llevar el control del patrimonio, de los gastos del personal y del presupuesto de la universidad. «¿Existía una normativa que regulase los procedimientos?, ha preguntado la fiscal, a lo que ha contestado que sí.

«Los gastos podían no estar presupuestados, pero mejor que lo estuvieran. Los que provenían de actividades ordinarias como tasas debían estar presupuestados desde el origen pero hay ingresos de otras actividades no docentes que tenían que estar en cuenta de ejecución y se hacía una modificación de crédito en esas partidas», ha detallado.

¿Pero debía existir un reflejo contable de esos gastos extraordinarios?, le ha insistido la fiscal seguidamente. «Sí. Pero hasta el año 97 no aparece una partida claramente diferenciada de colegios mayores», ha replicado el acusado, quien ha indicado a continuación que cuando llegó al cargo había 1.500 cuentas abiertas.

«A partir del 97 se cerraron más de 200 cuentas y se unificaron», ha dicho. Así, ha detallado que sabía que existía una cuenta de actividades culturales en el Cisneros después de que se acordara eliminar el resto de cuentas, donde se ingresaba dinero de los cursos de verano, de patrocinios específicos de actividades y de precios que se cobraban por esas actividades. De dicha cuenta estaba al corriente la universidad, según ha dicho.

Además, ha aseverado que entonces se usaban cheques al portador porque era una práctica normal y se permitía sacar hasta 500.000 pesetas, oponiéndose a la afirmación de la fiscal de que entonces existía una disposición que establecía como norma hacer transferencias bancarias o cheques nominativos. «Ya le aseguró yo que no. Confundido no estoy», le ha replicado.

A preguntas sobre el informe que concluyó que existía una ‘Caja B’, ha insistido en que «no hay ni un solo dato» para considerar tal extremo recalcando que había notas contables de las dos cuentas relativas a dicha supuesta contabilidad paralela.

«Las gratificaciones a directores de colegios mayores estaban en la cuenta de ejecuciones. Había una partida para ello y se entendía que eran por actividades extraordinarias», ha aseverado indicando que pudo dar 8 ó 10 instrucciones de anticipos de tesorería para por ejemplo gastos relacionados con viajes en el marco de la actividad universitaria.

«HAY COSTUMBRES DELICTIVAS»

En sus alegaciones, la fiscal ha subrayado que en esa etapa había leyes y normativa a las que los encausados debían atenerse, teniendo que documentar todo, incluidos los cheques al portador y talones que se firmaban y cuyo destino se desconoce.

«Solo hay notas contables y actuaron de forma ilícita de forma continuada. No hay una mera irregularidad contable sino que existe un delito. Hay costumbres que son delictivas», ha aseverado la representante del Ministerio Público en alusión a las explicaciones de los acusados, incidiendo en que la atenuante de dilaciones indebidas le obliga a atenuar la solicitud de condena que solicita para los encausados.

La defensa de Ramos, el letrado Luis Rodríguez Ramos, ha subrayado que los acusados heredaron «una situación» de la universidad en la que habían numerosas cuentas abiertas y tarjetas de crédito desde los años 70.

«Se intentó poner orden e implantar sistemas informáticos que garantizasen el cumplimento normativo y la exactitud contable. Todos los gastos de los colegios estaban presupuestados, eran conocidos por la universidad, estaban contabilizados, liquidados y auditados. Era una época de pesetas y la burocracia académica era muy pedestre», ha recalcado.

El abogado Jesús Mandri, que representa a dos acusados que fueron con 16 años residentes del colegio mayor Ximénez Cisneros, ha incidido en que los hechos hay que contextualizarlos en una época en la que había «un descontrol absoluto» y «un desastre generalizado» en la gestión.

«Todo esto era ajeno a los colegios mayores adscritos a la Complutense. Existía una situación de debilidad de control interno en la UCM y un desastre en su propio funcionamiento por la falta de medios que había en los años 90», ha aseverado y ha recordado que en esa etapa no había móviles con los que hacer bizum o transferencias.

De igual modo, ha señalado que hay prueba documental que acredita que la Complutense estaba al corriente de los pagos a los administradores de colegios mayores relativos a gratificaciones por actividades culturales, una practica generalizada en aquella época.

Los abogados de la defensa insisten en que lo que «ahora es extraordinaro antes era ordinario» y culpan a la Complutense del retraso en la celebración del juicio por tardar en la entrega de documentación relativa a la causa. «Es indignante que haya papeles que custodia la universidad que nunca ha entregado», ha denunciado un letrado.

La defensa del entonces subdirector del colegio mayor Ximénez Cisneros ha explicado que su cliente solo firmaba cheques cuando se lo requerían relativos a actividades deportivas y culturales acordadas en una asambleas por los residentes.

«Entendía que eran para el pago a proveedores que prestaban esos servicios. Nunca se preocuparon. No tenía control ni responsabilidad sobre esa cuenta», ha dicho, exponiendo que en su caso el delito por el que se le acusa estaría prescrito al pasar más de 10 años.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

A juicio el exgerente de la UCM y a administradores de colegios mayores por malversar 4 millones de euros

exgerente de la UCM

La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de este lunes con un jurado popular al exgerente de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Dionisio Ramos y a varios administradores de colegios mayores por la supuesta existencia de una caja B a la que habrían desviado más de 4 millones de euros de la universidad.

Además del exgerente, en el banquillo de los acusados se sentarán otras seis personas, entre ellas cargos de la universidad, administradores de colegios mayores y tres alumnos. Se enfrenta a penas de entre cuatro a siete años de cárcel e inhabilitación de 15 años en el caso de los cargos públicos.

A Dionisio Ramos se le piden seis años de prisión por presuntamente malversar 1.448.706 euros durante el tiempo que desempeñó su actividad en la mencionada institución académica entre los años 1995-2001.

En total, en concepto de responsabilidad civil la Fiscalía exige a los acusados 4.163.328 euros que deberán abonar a la universidad Complutense, dependiente de la Comunidad de Madrid.

Según el fiscal, Dionisio Ramos era el encargado de controlar y gestionar todos los fondos que ingresaba la universidad, lo cual le permitió que se fueran recibiendo fondos en una cuenta corriente cuya finalidad era un manejo «injustificado» y el uso de fondos para fines «ajenos» a los propios del centro.

En la misma figuraba nominativamente «actividades culturales del Colegio Mayor Jiménez de Cisneros» por lo que su existencia «era desconocida para la Intervención de la Universidad».

La Fiscalía detalla que los ingresos respondían a varios conceptos: fondos procedentes de la ocupación de los Colegios Mayores en los cursos de verano, talones al portador, transferencias de la Fundación General de la Universidad Complutense, así como dinero en efectivo o mediante giro postal, procedentes de la reserva de plaza de los Colegios Mayores de la zona oeste.

La cuenta, abierta por los subdirectores del colegio mayor Ximénez de Cisneros para la realización de actividades culturales, figuraban como autorizados tres de los acusados.

Los gestores efectivos de la cuenta, aunque no tenían firma en la misma, eran dos administradores de colegios mayores que entre sus funciones se encontraban la de controlar los ingresos y gastos de dichos colegios, la liquidación de anticipos a justificar y el servicio de caja.

Entre enero de 1995 y junio de 2001, con la autorización del entonces gerente de la UCM, así como la de los administradores de los colegios mayores se emitieron varios cheques al portador por importe de 914.320 euros sin cargo a los presupuestos y sin ninguna supervisión por parte de la universidad con ánimo de «distraer» el dinero para sí «o para terceros» .

También, según la Fiscalía, otros acusados se dedicaron a «distraer» otras cantidades de dinero.

Según el fiscal, durante el curso 2002-2003 se matricularon 846 alumnos en los Colegios Mayores de la zona Oeste y 929 el curso siguiente los cuales abonaban en concepto de reserva de plaza, antes del comienzo del curso 300 euros, cantidad sin derecho a devolución ni aplicable al pago de las mensualidades, «cuyo destino no era contabilizado en los Presupuestos de la Universidad, ni controlado y supervisado por la Inspección de la Universidad Complutense de Madrid».

Así, consiguieron recaudar 533.387 euros, una cantidad que no fue incluida en las cuentas de la Universidad «conscientemente» por los acusados en su condición de administradores de los Colegios Mayores «entre cuyas funciones estaban el control de los ingresos y gastos de los Colegios Mayores».

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