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Sucesos | Comunidad de Madrid

Grave un motorista de 35 años tras caer en la confluencia de la A-5 con la M-30

EUROPA PRESS-Un hombre de 35 años ha resultado herido de gravedad al caerse este tarde de la motocicleta que conducía en la confluencia de la A-5 con la M-30, ha informado a Europa Press un portavoz de Emergencias Madrid.

El accidente ha ocurrido sobre las 15 horas en el kilómetro 3,5 de la A-5. Por causas que ahora se investigan, el motorista se ha salido de la vía, colisionando contra los bolardos de separación entre ambas carreteras, precipitándose contra el suelo. Consecuencia del fuerte impacto, ha sufrido un traumatismo craneoencefálico grave.

Un vehículo de oficinas del Samur-Protección Civil que acudió a una base cercana y luego una ambulancia del Summa se ha encontrado al herido y le han asistido hasta la llegada de los sanitarios del Samur. Fue trasladado en estado grave pero estable al Hospital Clínico San Carlos de Madrid. No ha habido más vehículos implicados ni heridos en el siniestro.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

Detenida una falsa veterinaria que ejercía sin titulación y utilizando números de otros colegiados

detenida mujer ejercía titulación

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Servicio de Protección de la Naturaleza han detenido a una mujer en la capital que estaba ejerciendo de veterinaria sin haber obtenido titulación alguna, ha informado este viernes la Comandancia de Madrid en una nota de prensa.

La detenida además abrió en 2021 una clínica en un barrio madrileño donde además atendía y recetaba fármacos a los animales utilizando números de colegiados de veterinarios que eran ajenos a que se estaba utilizando su numeración oficial.

La denuncia fue interpuesta el pasado mes de marzo, por el Colegio de Veterinarios de Madrid, quién puso en conocimiento de los Agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza un posible caso de intrusismo profesional. Con los datos aportados por el organismo oficial, los agentes comenzaron sus labores de investigación de los agentes, tomando diversas manifestaciones que permitieron corroborar los hechos denunciados.

Así, la detenida abrió en marzo de 2021 una clínica veterinaria, según se desprende de los testimonios esta mujer pasaba consulta a los animales y recetaba fármacos para el tratamiento de los mismos. Los agentes han comprobado que al menos hasta en 36 ocasiones ha conformado recetas las cuales firmaba y rubricada con números de colegiados que no le pertenecían. Concretamente uno de los números lo tiene asignado una veterinaria de Palma de Mallorca y el otro se corresponde con un veterinario que ya ha fallecido.

Tras cursar una inspección en el hospital veterinario que regenta, los agentes detuvieron a la mujer, de nacionalidad española de 57 años de edad, por su implicación en los delitos de intrusismo profesional y falsedad de documento público. Además se está investigando su posible participación en un delito de maltrato animal, ya que hay una cliente que ha denunciado una negligencia para con su mascota. La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente.

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Sucesos | Comunidad de Madrid

38 detenidos por utilizar empresas ficticias para darse de alta en la Seguridad Social

38 empresas ficticias seguridad

Gestionaban matrimonios concertados para pedir permisos de residencia de familiar de comunitario, ofreciendo 3.000€ para que la mujer que accediera

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 38 personas por utilizar empresas ficticias para darse de alta en la Seguridad Social, llegando a generar una deuda de casi 90.000 euros, ha informado la Jefatura Superior de la Policía de Madrid este jueves en una nota de prensa.

Dos de las detenidas actuaban de intermediarias para la obtención de prestaciones por desempleo, permisos de residencia y créditos bancarios. También gestionaban matrimonios concertados.

La investigación comenzó en enero de 2021 y se desarrolló en dos fases. La primera concluyó en julio del año pasado con la detención de 20 personas, entre ellas el cabecilla del entramado.

Según pudieron comprobar los agentes, este varón regentaba una oficina en el distrito madrileño de Carabanchel desde donde se tramitaban alquileres de viviendas, créditos personales, ventas de contratos de trabajo, altas en la Seguridad Social y realización de matrimonios concertados para la obtención de permisos de residencia.

En la segunda fase, que se saldó con la detención de 38 personas, dos de ellas intermediarias, finalizó a mediados del mes de noviembre del presente año.

Mediante dos empresas ficticias, dedicadas supuestamente a la construcción y a la confección de ropa, respectivamente, se simularon relaciones laborales de hasta 56 trabajadores que permitieron acreditar medios de vida suficientes para tramitar permisos de residencia, prestaciones de desempleo y otros beneficios inherentes a la Seguridad Social.

De este modo, llegaron a generar una deuda por el impago de cuotas a la Seguridad Social de 63.000 euros y de 26.000 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo.

Los presuntos delincuentes disponían de distintas tarifas para sus clientes en función de los servicios solicitados. Cobraban 3.500 euros por un contrato de trabajo para regularizar la situación en España de un ciudadano extranjero y 600 euros por el alta en una de las empresas.

Otro de los servicios ofertados consistía en la solicitud de préstamos bancarios, mediante nóminas falsas como garantía de los mismos. Una vez fueran concedidos, acordaban cobrar una comisión del 15 por ciento del cómputo total.

MATRIMONIOS CONCERTADOS

También gestionaban matrimonios concertados con ciudadanas comunitarias, a las que ofrecían hasta 3.000 euros, para poder regularizar la situación de los extranjeros mediante la solicitud de residencia por ser familiar de comunitario. En total, se habrían tramitado de forma fraudulenta 66 permisos de residencia de distinto carácter.

Por estos hechos, a mediados de noviembre, se procedió a la detención de 38 personas, 22 mujeres y 16 varones, como presuntos autores de un delito de falsedad documental.

Además, a las dos intermediarias también se les imputa un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.

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