Inquilinos de un fondo de inversión en Madrid alertan de una oleada de desahucios en Madrid en próximos meses
El sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que defiende a las familias afectadas de un bloque de viviendas en Alcorcón, señala que “el fondo propietario ha duplicado el precio de alquiler”
El colectivo añade que “el gobierno regional madrileño podría frenar los desahucios si hace cumplir la Ley de Vivienda” recientemente aprobada por el gobierno central
Inquilinos de un fondo de inversión en Madrid alertan de una oleada de desahucios en Madrid en los próximos meses debido al aumento del precio de alquiler impulsado por la empresa propietaria de los inmuebles. Afirman que el nuevo precio de alquiler duplica el que tenían hasta ahora, lo que consideran “abusivo”. Y añaden que no todos podrán asumir dichos precios. Esta mañana del 6 de junio tiene lugar justamente el primer juicio a una de las familias afectadas para las que se pide el desahucio.
Víctor Palomo es abogado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid y defiende a 40 familias de varios bloques de vivienda social en Alcorcón. El actual propietario de dichos inmuebles es el fondo de inversión Blackstone, considerado como el mayor casero de España después de haber comprado centenares de viviendas.
Alquiler duplicado
Señala que “esta empresa ha enviado un burofax a los inquilinos para decirles que expira el contrato de alquiler actual y que el futuro alquiler será más alto”. Palomo añade que los inquilinos pagan entre 500 y 600 euros mensuales, mientras que el nuevo alquiler estaría entre 1.000 y 1.100 euros.
“El aumento desajusta la economía de una familia con un sueldo medio. Las familias que viven en estos inmuebles son de clase media. Pueden pagar el precio alquiler a día de hoy, o un incremento proporcional y racional, pero no el aumento que pretenden implantar”, ha afirmado.
Así mismo, el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid señala que si los inquilinos no asumen estos nuevos alquileres, la empresa reclamará que abandonen las casas. “Las familias ya tienen arraigo en el barrio porque llevan viviendo tiempo en este lugar”, dice.
Las familias afectadas y el sindicato reclaman la paralización inmediata de todos los procesos judiciales abiertos por el fondo, y una mesa de negociación colectiva ”para poder firmar nuevos contratos sin subidas abusivas para ninguna”.
Palomo recuerda que estas promociones de viviendas se realizaron en su momento para facilitar el acceso a la vivienda a quienes no podían acceder a las del mercado libre por sus precios. Luego llegó el fondo de inversión que compró los inmuebles.
Precedente
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid señalan que en 2019, más de 80 hogares inquilinos de Blackstone también se enfrentaron a esta situación. “Esas familias tampoco aceptaron las subidas abusivas, no se dejaron intimidar por el fondo buitre y se organizaron con el Sindicato”. La lucha duró dos años. Aquellas familias fuera de contrato fueron depositando el alquiler en el juzgado y, después de establecer una negociación colectiva, firmaron 80 nuevos contratos de alquileres dignos con una duración de 7 años.
Petición al gobierno regional
Por otro lado, el colectivo añade que “el gobierno regional madrileño podría frenar los desahucios si hace cumplir la Ley de Vivienda” recientemente aprobada por el gobierno central. «Si la zona tensionada se aplicara en la comunidad de Madrid, tendría un fuerte impacto. Los siguientes contratos de alquiler que se hicieran deberían bajar los precios a un índice que tiene que determinar el gobierno. Somos conscientes que Blackstone intentaría mantener los contratos que hay ahora mismo. Además, a las personas en situación de vulnerabilidad se les ampliaría los plazos de contrato de 7 a 10 años. Entendemos que si se aplicara la zona tensionada en la región de Madrid, se beneficiarían mucha gente pero lo cierto es que ya han anunciado que no la van a cumplir”, afirma Víctor Palomo. El sindicato de inquilinas de Madrid acusa al gobierno regional de “inacción” ante lo que califican como “especulación inmobiliaria”.
Por otro lado, Facua-Consumidores en Acción ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «pasividad» ante las subidas del alquiler y pide una ley que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo «y que se reajusten los contratos a precios justos y condiciones estables».
