Lun 15 abril 2024
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Social | Comunidad de Madrid

Houda Akrikez sobre la vida en la Cañada Real: “Imaginaos asomaros a una cuna y de repente ver que vuestro bebé de seis meses está morado por el frío”

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«La droga de Cañada Real no es la misma que la droga de Serrano. Ahí está la diferencia»

«Nosotros estamos a favor del Pacto Regional por la Cañada, en el que ya viene redactado que el sector 6 va a ser desmantelado, realojado, pero estamos a favor de que se cumpla todo el pacto en su conjunto. En el Pacto Regional, en su anexo número 2, se garantiza el suministro eléctrico a las vecinas y vecinos de la Cañada mientras se busca una solución»

«Al final se ha resuelto con lo que el Partido Popular y Ayuso querían desde el principio: el desalojo forzoso de las personas que vivimos aquí y que floten las grandes promociones urbanísticas a cambio de violar los derechos humanos»

Hace una semana, UNICEF España presentaba en Madrid el informe Yo también vivo aquí sobre la problemática de la vivienda en España asociada a la pobreza en nuestro país. En él se reflejaba que España está a la cabeza del vergonzoso ranking europeo de pobreza infantil. En su comunidad más rica, la Comunidad de Madrid, se encuentra el barrio de la Cañada Real, donde 1.800 niños y niñas llevan casi 4 años viviendo sin suministro eléctrico. Sin luz y, en muchos casos, sin calefacción.

Más de 4.000 personas de los sectores 5 y 6 de la Cañada se encuentran sin suministro desde que la compañía eléctrica Naturgy cortase la luz alegando un incremento de la demanda que ponía en riesgo el tendido eléctrico. Desde aquel mes de octubre de 2020 han pasado más de 3 años en los que familias enteras han tenido que aprender a vivir sin electricidad.

Como única solución desde las instituciones: el realojo. Reubicar a los vecinos de la Cañada en los barrios colindantes. Un realojo que las asociaciones vecinales denuncian como forzoso, por el chantaje energético, pero también por los intereses políticos en torno al terreno que ocupa el barrio de la Cañada.

330 millones para desalojar la Cañada Real

El pasado miércoles 6 de marzo, el Comité Ejecutivo del Pacto Regional por la Cañada anunciaba la inversión de 330 millones de euros para desalojar a los vecinos del barrio. Los Ayuntamientos de Rivas y Coslada, el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y, por primera vez, el Gobierno de España; apostaban así por los realojos como “única solución”. Como “la única vía que garantiza el acceso a una vivienda digna para las familias” según afirmaba el delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad del Ayuntamiento, José Fernández.

Para Houda Akrikez, presidenta de la Asociación Tabadol y activista por los derechos humanos en la Cañada, no puede hablarse de realojo “sin hablar de luz, contratos y mesa de trabajo”. Una reivindicación que resuena como un himno entre los vecinos y que se refiere al restablecimiento del suministro eléctrico para poder (sobre)vivir en la Cañada.

La petición está respaldada además por organismos nacionales e internacionales como el Defensor del Pueblo o el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa.

“Luz, contratos y mesa de trabajo”

“Nosotros estamos a favor del Pacto Regional por la Cañada, en el que ya viene redactado que el sector 6 va a ser desmantelado, realojado, pero estamos a favor de que se cumpla todo el pacto en su conjunto. En el Pacto Regional, en su anexo número 2, se garantiza el suministro eléctrico a las vecinos y vecinos de la Cañada mientras se busca una solución. También el asfalto, el alumbrado de las calles, la sanidad, la educación, el transporte público que no existe o el servicio de correos. Un montón de garantías que debe tener cualquier barrio de Madrid y que en Cañada Real se están incumpliendo”, afirma Houda.

La urgencia del restablecimiento de la luz pasa a un segundo plano en este nuevo Plan Extraordinario de Realojos de la Cañada Real Galiana que se plantea como un proyecto a 10 años vista y del que, apunta Houda, han tenido que enterarse “por la prensa”.

“No nos parece justo que después de tener una reunión inmensa con la subdelegada del Gobierno, de explicar la situación en la que estamos viviendo, ni si quiera se nos comunique a los vecinos y a las vecinas la decisión final, sino que tenemos que leerla en prensa y redes sociales. Teníamos mucha seguridad y mucha confianza en la promesa del Gobierno de restablecer el suministro eléctrico en la Cañada Real”, una promesa lanzada en plena campaña electoral que al final se ha resuelto “con lo que el Partido Popular y Ayuso querían desde el principio: el desalojo forzoso de las personas que vivimos aquí y que floten las grandes promociones urbanísticas a cambio de violar los derechos humanos”.

La vida en la Cañada Real

Sir[a], el centro de atención integral a personas víctimas de violencia política, vulneraciones graves de Derechos Humanos, malos tratos y/o tortura, elaboró en 2023 un informe pericial en el que se ponía en evidencia el deterioro de la salud física y mental de los vecinos de la Cañada tras el corte del suministro eléctrico.

En él se ponía en evidencia como un 90% de los vecinos entrevistados afirmaban sentir tristeza de forma habitual, más de un 80% sentía rabia por la sensación de injusticia y discriminación, un 68% experimentaba miedo por no saber que pasaría con su casa, su salud, su futuro o su familia y un 15,7% tenía pensamientos suicidas de forma continuada.

Houda Akrikez lo define como “inventarse la vida”. Una vida en la que “no se puede encender una lavadora, no se pueden guardar los alimentos en condiciones porque no hay nevera, no se pueden almacenar ni carnes, ni pescado ni fruta ni yogures ni absolutamente nada, no se puede bañar a los hijos con agua caliente, ni planchar, ni conectar a la red eléctrica a personas dependientes de esa red, ni estudiar a no ser que se haga a la luz de las velas”.

Ciudadanos de primera y de segunda categoría

A la pregunta de por qué ese silencio en torno a la situación de la Cañada, Houda arremete contra el discurso institucional: “no es normal que la presidenta de la Comunidad de Madrid salga en la Asamblea de Madrid criminalizando a las niñas y a los niños de Cañada Real”. Pero también al discurso mediático que asocia a la Cañada con droga y narcotráfico: “No se habla de las personas que vivimos aquí en condiciones normales. De niñas y niños que estudian y que quieren salir adelante, de jóvenes universitarios, de personas profesionales en el ámbito de la Sanidad, de personas que trabajan en centros de menores, de personas que trabajan con personas mayores en residencias, farmacéuticos, enfermeros, celadores. No se habla de un montón de personas que vivimos como cualquier persona de este país. De que la Cañada Real también tiene habitantes que cotizan a la Seguridad Social y que ayudan a la economía española” defiende la activista.

Al final, es difícil empatizar si se identifica a los habitantes de la cañada como narcotraficantes. Si los 16 kilómetros de Cañada Real y sus 6 sectores se reducen al “único kilómetro del sector 6 en el que se localiza la venta de droga”. Un kilómetro, además, que sí que cuenta con suministro eléctrico.

Para cerrar, Houda Akrikez lanza una pregunta al aire “¿Qué barrio vecino puede salir y decir en mi barrio no se vende droga? En todos los barrios de Madrid se vende droga, pero claro, la droga de Cañada Real no es la misma que la droga de Serrano. Ahí está la diferencia”.

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