También hay un incremento considerable en aquellas infracciones que hacen referencia a los pequeños delitos económicos
Los juicios sobre delitos sexuales, sobre todo los ocurridos en el ámbito familiar y cometidos por menores, y los relacionados con pequeñas reclamaciones económicas se incrementaron de forma moderada el año pasado en la Comunidad, según datos de la Memoria de la Audiencia Provincial de Madrid de 2022 proporcionados hoy por su presidente, Juan Pablo González.
Tres grandes bloques de delitos juzgados
Según ha explicado este mediodía en una rueda de prensa, en materia penal hay tres grandes bloques de delitos juzgados, que acaparan un 30% cada uno, aproximadamente. En el primero están los relacionados con la salud pública, las drogas, que siguen siendo un número importante pero con tendencia descendente.
El segundo delitos son los socioeconómicos, como estafas y robos con fuerza, violencia e intimidación. El tercer bloque, con una tendencia al alza continuada en los últimos años, son los delitos contra la indemnidad sexual. En ellos, los jueces perciben un aumento de los delitos en los que están implicados familiares o personas muy próximas a la familia de las víctimas, siendo estas generalmente menores.
«Estas cifras obedecen a que se denuncia mucho más. No digo que haya más delitos reales, sino una mayor conciencia social, que antes por vergüenza se ocultaban», ha explicado el presidente de la Audiencia madrileña.
Igualmente, se ha mostrado preocupado por el importante aumento de los delitos sexuales graves cometidos por menores, incluso adolescentes de 13, 14 y 15 años. «En cuanto a las causas, se apunta el factor criminógeno del acceso a la pornografía en los menores, pero son los sociólogos y educadores los que deberían hacer un análisis», ha apuntado González.
Colapso en lo civil por pequeñas reclamaciones económicas
El máximo responsable de la Audiencia Provincial ha alertado también del incremento en 2022 del 72,8% de la pendencia de asuntos judiciales en las secciones de lo Civil, tras la recuperación de los despachos de abogados tras la pandemia, cuya duración de resolución se aproxima a un año. «Es un tiempo excesivo que se está intentado reducir, con la creación de secciones especializadas», ha indicado.
Pero sobre todo, considera necesario atajar las secciones de lo Mercantil en Madrid, pero también en el resto de España, «una de las más altas de la Unión Europea», con la aprobación de medidas legislativa «que limiten el abuso de la judicialización y la dedicación de costosos recursos a actuaciones que no merecen esta actuación, sino otras vías de respuesta».
Y es que, tal y como han explicado Juan Pablo González, están «colapsando» las salas de lo Mercantil las reclamaciones sobre transporte aéreo. Por ejemplo, un ciudadano que ha perdido una maleta o vuelo retrasado, que genera un procedimiento por menos de 100 euros. O contra los bancos por las tarjetas revolving, para que los denunciantes consigan unos 200 euros. De hecho, tres de cada cuatro asuntos que llegan son por contratos bancarios.
«Hay numerosos procedimientos. En mi opinión, debería haber mecanismos de consumo extrajudiciales más ágiles y menos costosos, que deberían de quedar fuera de la Administración de Justicia», ha manifestado.
El presidente de la Audiencia Provincial de Madrid ha sostenido que en la Ley de Eficiencia Procesal, que quedó sin aprobar en el Congreso por el adelanto de las elecciones generales, existen algunas medidas «que son útiles, con disuasión del uso abusivo de la jurisdicción». «Ese proyecto merece mi opinión favorable, pero necesitamos mecanismos extrajudiciales», ha indicado.
Balance por secciones
La Memoria de la Audiencia Provincial madrileño recoge que el año pasado celebró 1.406 juicios, 213 suspensiones. Y advierte en las secciones penales un incremento moderado del número de asuntos ingresados, que han pasado de 30.953 en 2021 a 31.472 en 2022, y un aumento correlativo del número de asuntos pendientes el 23,55%.
La pendencia en recursos se mantiene en niveles óptimos, salvo las secciones especializadas en violencia contra la mujer y delitos sexuales que han experimentado un importante incremento del número de asuntos registrados.
Secciones civiles
En las secciones civiles, se ha producido casi un 16% más de asuntos, hasta llegar a los 15.961 en 2022. También los jueces han resuelto un número de asuntos superior a los del año pasado (11.023 en 2022 frente a los 10.327 resueltos en 2021).
El presidente de la Audiencia Provincial también ha destacado durante la rueda de prensa el plan de refuerzo para conseguir reducir los tiempos de espera en las tres secciones de Familia, que a día de hoy ya está «normalizada» en seis meses de tiempo de respuesta.
«La creación de una nueva sección de Familia con dos nuevos magistrados ha permitido la normalización del tiempo de respuesta. Y la nueva sección en Mercantil, con competencia en propiedad intelectual e industrial, con dos nuevos magistrados, nos ha permitido tiempos óptimos de respuesta. Siendo Madrid el motor económico de país. Podemos presumir de unas respuestas ágiles y en tiempos óptimos», ha declarado.
La administración
Juan Pablo González ha afirmado que si la sociedad quiere que se dé respuesta a las demandas de los ciudadanos en tiempo razonable y con calidad se ha de incrementar la planta judicial, «dotando todas las secciones civiles de 5 magistrados, ya que algunas tiene 4, y a los penales de 6 magistrados, urgente en las secciones en violencia contra la mujer».
«Solo de esta manera podremos hacer frente al incremento de la litigiosidad, todo ello sin perjuicio de reiterar la necesidad de elaborar un diagnóstico sobre las causas de la elevada litigiosidad que soporta la Administración de Justicia de nuestra país, y de manera destacada en Madrid», ha añadido.
El presidente de la Audiencia de Madrid pide al nuevo Gobierno de la Nación y a la Comunidad que atienda estas demandas judiciales. «Todos los gobiernos parten con las menores intenciones, pero la realidad demuestra que ninguno ha tenido la Justicia como prioridad. Basta ver con los presupuestos del Estado y los de las comunidad para ver que no existe atención preferente en la Justicia», ha indicado, para luego pedir un Pacto de Estado para que «se vaya más allá de la actuación legislativa de un Gobierno de otro».
