Jue 28 marzo 2024
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Sanidad | Comunidad de Madrid

Sindicatos trasladan su «rechazo frontal» al plan de Atención Primaria y proponen 1.700 millones y 2.500 contratos

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Sindicatos rechazo Atención Primaria

  • Piden elevar la plantilla en el Sermas que implique renovar los contratos refuerzo Covid más allá de diciembre

EUROPA PRESS – Los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad han trasladado a la Consejería del ramo su «rechazo frontal» al último borrador presentado por el departamento del denominado Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria en la región, que contempla una inversión para los dos próximos años de unos 200 millones de euros.

En concreto, la última propuesta del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero recoge inversiones por valor de 100 millones para infraestructuras, 80 en Recursos Humanos, otros 16 para el desarrollo de sistemas de información y equipamiento y una última partida para mejoras organizativas y de accesibilidad sin dotación asignada y abierta a la negociación.

Una propuesta que ha sido acogida con decepción por parte de los cinco sindicatos presentes en la Mesa –CC.OO., UGT, Amyts, Satse y CSIT–, que han trasladado en una respuesta conjunta a Raquel Sampedro, directora general de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas), su «rechazo frontal» al mismo por su «infradotación» y la «ausencia real de un plan» para reflotar este primer nivel asistencial.

«Puede que engañen a parte de la población, pero no cuenten con nosotros para ello, no seremos partícipes ni colaboradores en este ‘deterioro progresivo de la Atención Primaria'», advierten los sindicatos en su respuesta, donde hablan de una dotación altamente insuficiente. «Es anecdótica y no real respecto a las necesidades de los centros de salud», señalan en un comunicado conjunto, en el cifran en más de 1.175 millones de euros las necesidades de inversión.

En concreto, el presupuesto anual destinado a Atención Primaria es de 872 millones de euros, un 10,9% del gasto sanitario público y para alcanzar la media de inversión actual de las Comunidades Autónomas, fijada en un 14%, en este presupuesto deberían incrementarse 275 millones de euros y en más de 1.175 para lograr el 25% recomendado. Así, reclaman el compromiso formal de un incremento progresivo para alcanzar el 14% en 2022, el 20% en 2023, y al menos el 25% en el 2024.

En esta línea, han recordado que la Comunidad es una de las regiones que menos invierte en este nivel asistencial cuando «ha recibido más 3.300 millones de euros del fondo Covid-19 del Gobierno central, está a la espera de recibir otra importante transferencia de fondos finalistas y, además, el Ministerio ha anunciado más de 1.000 millones de euros para reforzar la Atención Primaria en el conjunto de las Comunidades Autónomas».

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Otro punto que genera una división frontal es el punto relativo a Recursos Humanos, dotada con 80 millones de euros y que contempla la creación de 1.200 plazas de distintas categorías y compensaciones retributivas para los profesionales de centros de salud, consultorios locales y servicios de atención rural (SAR), según las características y la complejidad de la actividad.

En este sentido, las organizaciones sindicales consideran que esta cifra de nuevas plazas es claramente insuficiente, ya que no cubriría ni un tercio del déficit de plantilla actual, que precisaría de 4.000 nuevas contrataciones en el próximo quinquenio, y requeriría al menos una inversión de 200 euros anuales.

En concreto, coinciden en la necesidad de incrementar la plantilla actual en más de 2.500 profesionales en uno o dos años y otros 1.500 más en los próximos 3-5 años, para compensar los puestos de trabajos no repuestos, así como las jubilaciones. Por lo tanto, han defendido que el incremento de presupuesto estimado para corregir el déficit de plantillas debe ser de, al menos, 200 millones de euros anuales.

Sobre las mejoras salariales, con un presupuesto de 34,93 millones de euros en los dos próximos años, las cinco organizaciones sindicales han recalcado que no existe un «incremento salarial real». «El Gobierno ha destinado algo menos de 35 millones para dos años que, en contra de lo afirmado, no significa un incremento salarial real. Además, la cuantía de estos pagos no va a suponer un atractivo real para que los profesionales quieran trabajar en la Atención Primaria de Madrid, tal y como pretende la Consejería, pues los incrementos reales oscilan entre un 0,5 y un 2,5%», han señalado.

INFRAESTRUCTURAS

También han recibido con recelo por considerar insuficiente la partida destinada a infraestructuras que, según el Gobierno regional, plantea 100 millones de euros para la construcción de nuevos dispositivos, obras de mejora y reformas de los ya existentes.

Los sindicatos han calificado de «burla» que para la construcción de nuevos centros de salud, la Consejería afirme que hay disponibles 30 millones de euros en ejecución y otros 62 millones en tramitación para contratación cuando «la mayoría de los centros de salud en construcción, y una parte de los pendientes de contratación, llevan años e, incluso décadas, anunciados en planes previos, sin que hayan sido ejecutados todavía, por la desidia de los Gobiernos de la Comunidad de Madrid».

En la misma línea, han censurado que el Ejecutivo regional contemple 8.652.791 euros para mejora, remodelación y modernización de las infraestructuras en centros de salud en dos años, una cifra «insuficiente para acometer el conjunto de las reformas urgentes y necesarias en muchos de ellos y no se contemplan los alquileres que se pagan, aunque muchos centros se encuentren en espacios insalubres».

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DIGITALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN

Respecto al montante destinado a desarrollo de sistemas de información y equipamiento, por valor de 16 millones de euros, las cinco organizaciones sindicales han recordado que se recogen al menos ocho que corresponden a proyectos 2022-2026. «Estas medidas llegan con bastante demora, las cuantías están financiadas por los fondos europeos y son con carácter finalista para acometer dichas actuaciones. Además, la Consejería no es capaz de explicar cómo se va a compatibilizar el déficit de profesionales, con la mejora de la accesibilidad a la cita, a través de las herramientas de comunicación», lamentan las organizaciones sindicales.

También han lamentado que no se haya contado con la opinión de los profesionales para las medidas organizativas, que quedan en manos de los centros de salud –«va a suponer un foco de problemas internos y de inequidad en la asistencia», vaticinan–, así como que persista el cierre de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), lo que conlleva una mayor carga y saturación de otros servicios del Sermas.

En materia de mejoras laboras, los sindicatos inciden en otras medidas como la recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales, tal y como se está aplicando en otras CCAA como Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra.

Además, exigen el cumplimiento del acuerdo de Carrera Profesional de 29 de noviembre de 2017, incluyendo al personal temporal tanto en reconocimiento como abono de la misma, así como un acuerdo que garantice la estabilidad en el empleo, reconvirtiendo el personal eventual en interino, además de resolver y convocar Ofertas Públicas de Empleo.

En la misma línea, piden un aumento de plantilla en el Sermas que implique la renovación de todos los contratos por refuerzo Covid más allá de diciembre, ya que este servicio cuenta con un déficit de personal «de calado» y porque «de otra manera no sería posible cubrir las necesidades asistenciales reales en la región y acabar con otro problema que cada día se recrudece como son las listas de espera».

Finalmente, lamentan que no haya una sola mención al abordaje de la salud mental de los trabajadores de AP. «No sabemos si porque todavía nos falta un capítulo por entregar, porque no han caído que sea necesario, o bien porque ante su incapacidad de gestionarlo han preferido no mirar de frente el problema», señalan.

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