EUROPA PRESS – Los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad han advertido que llevarán a cabo movilizaciones para defender una Atención Primaria de calidad en la región y han reclamado la implicación directa del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la negociación sobre las mejoras en este primer nivel asistencial.
Las organizaciones que integran la Mesa –CC.OO., UGT, Amyts, SATSE y CSIT– han remitido un escrito a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al consejero de Sanidad para trasladar su rechazo rotundo al ‘Plan de Mejora Integral de la Atención Primaria’ y denunciar la imposición «unilateral» del mismo por parte de la Consejería de Sanidad.
«Reunirse sin intención de llegar a un acuerdo, rechazar todas las alegaciones y aportaciones presentadas por las cinco organizaciones sindicales, demuestra la más absoluta falta de interés en establecer una verdadera negociación, tan solo pretende la imposición unilateral con el intento de aparentar que se llega a un acuerdo. Insistimos en que el plan no ha tenido respaldo alguno por nuestra parte», han señalado en un comunicado conjunto.
En este sentido, han advertido que estudian «la posibilidad de iniciar cuantas acciones» consideren «necesarias» en defensa de una Atención Primaria «de calidad, bien financiada y dotada de los profesionales que la hagan posible».
Asimismo, han subrayado que si el consejero de Sanidad quiere retomar la negociación «será necesario que se haga directamente con él, eliminando mediadores». El responsable del departamento de Sanidad ha reiterado en numerosas ocasiones la voluntad de consenso y la «mano tendida» de la Comunidad para llegar a acuerdos.
El borrador propuesto desde la Consejería para la mejora de la Atención Primaria contempla una dotación de 200 millones de euros en los próximos dos años, entre ellas 100 millones para infraestructuras y 80 en Recursos Humanos, así como una contratación de 1.200 nuevos profesionales. En cambio, los sindicatos consideran que el mínimo debería alcanzar los 1.700 millones de euros de inversión y 2.500 contratos.
Además, desde estas organizaciones sindicales se ha denunciado que la Comunidad de Madrid ha comenzado a implantar «de manera unilateral» parte de las medidas contempladas en el plan sin que se haya llegado a un acuerdo. «Entendemos que la Administración, no habiéndose alcanzado un acuerdo, continúa su implantación en los términos que, unilateralmente y sin acuerdo, ha decidido la Consejería de Sanidad, única responsable de las previsibles y nefastas consecuencias que para la Atención Primaria traerá consigo su puesta en marcha», han denunciado.
En este sentido, han denunciado la respuesta a sus demandas por parte de la directora general de Recursos Humanos, Raquel Sampedro, y la negativa de la Consejería a realizar un «esfuerzo» para mejorar la propuesta económica inicial. «Esta Administración se ve en la necesidad de iniciar la implementación de alguna de las medidas contempladas en materia de Recursos Humanos, ejecutando la financiación adicional asignada al efecto», fue la contestación recibida.
Todo ello para implantar un Plan Integral de Mejora de la Atención Primaria «que no resuelve los problemas de este nivel asistencial y no logrará revertir el continuo y constante deterioro» de este primer nivel asistencial, «la pérdida de profesionales y el, cada día mayor, rechazo de estos a trabajar en los centros de salud por las condiciones que la Consejería les ofrece».
«Insistimos en que el plan no ha tenido respaldo alguno por nuestra parte», han reiterado las cinco organizaciones sindicales, que reiteran su rechazo a la imposición «unilateral» del mismo.
REUNIÓN DE LA MESA ESTE MARTES
La Mesa, que reúne a estos cinco sindicatos con la Comunidad de Madrid, volverá a reunirse este martes para abordar distintos aspectos de la dotación de personal como la situación carrera profesional personal temporal, estabilización contratos eventuales, contratación de personal post-covid, la oferta de Empleo Público 2021 –tasa de reposición y proceso extraordinario de estabilización– o medidas reconocimiento excepcional Covid-19 para el año 2021, según han indicado fuentes sindicales a Europa Press.
Entre otras reivindicaciones, los sindicatos cifran en más de 1.175 millones de euros las necesidades de inversión. En concreto, el presupuesto anual destinado a Atención Primaria es de 872 millones de euros, un 10,9% del gasto sanitario público y para alcanzar la media de inversión actual de las Comunidades Autónomas, fijada en un 14%, en este presupuesto deberían incrementarse 275 millones de euros y en más de 1.175 para lograr el 25% recomendado. Así, reclaman el compromiso formal de un incremento progresivo para alcanzar el 14% en 2022, el 20% en 2023, y al menos el 25% en el 2024.
En esta línea, señalan que la Comunidad es una de las regiones que menos invierte en este nivel asistencial cuando «ha recibido más 3.300 millones de euros del fondo Covid-19 del Gobierno central, está a la espera de recibir otra importante transferencia de fondos finalistas y, además, el Ministerio ha anunciado más de 1.000 millones de euros para reforzar la Atención Primaria en el conjunto de las Comunidades Autónomas».
Otro punto que genera una división frontal es el punto relativo a Recursos Humanos, dotada con 80 millones de euros y que contempla la creación de 1.200 plazas de distintas categorías y compensaciones retributivas para los profesionales de centros de salud, consultorios locales y servicios de atención rural (SAR), según las características y la complejidad de la actividad.
En este sentido, las organizaciones sindicales consideran que esta cifra de nuevas plazas es claramente insuficiente, ya que no cubriría ni un tercio del déficit de plantilla actual, que precisaría de 4.000 nuevas contrataciones en el próximo quinquenio, y requeriría al menos una inversión de 200 euros anuales.
En concreto, coinciden en la necesidad de incrementar la plantilla actual en más de 2.500 profesionales en uno o dos años y otros 1.500 más en los próximos 3-5 años, para compensar los puestos de trabajos no repuestos, así como las jubilaciones. Por lo tanto, han defendido que el incremento de presupuesto estimado para corregir el déficit de plantillas debe ser de, al menos, 200 millones de euros anuales.
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