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Política | Comunidad de Madrid

La izquierda en Madrid se suma a la Marea Blanca para protestar contra el cierre de 41 centros de salud

EUROPA PRESS – La Marea Blanca que ha reunido a miles de personas este domingo en el centro de la capital ha contado con el apoyo de representantes políticos de Más Madrid, Podemos y PSOE además de otras organizaciones como CCOO y UGT, para denunciar el cierre de 41 de los 49 centros de salud del área central de la capital y también la falta de inversión en Atención Primaria.

Así, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, también anestesista en el 12 de Octubre, ha manifestado su disconformidad con el Gobierno de la región al que tacha de «ruín» y «sin escrúpulos» por haber aprovechado, asegura, la pandemia para desmantelar la sanidad pública y señala al consejero Javier Fernández-Lasquetty como principal responsable. «Tenía una cuenta pendiente del año 2012 y ahora se la está saldando», ha subrayado García.

Junto a Mónica han estado presentes la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, y el líder de Más País, Íñigo Errejón, quien ha subrayado que la sanidad pública ha cuidado «en los momentos difíciles y se tendría que estar protegiendo como el mejor tesoro». También ha indicado que «no puede ser que con la excusa del verano se cierren centros de salud».

En esta línea, Errejón ha denunciado que Ayuso «está interesada en una especie de guerra de desgaste permanente con el Gobierno nacional» y ha expresado su preocupación ante esta elección de «llevar como comparsa que le marca las ideas, a la ultraderecha de Vox».

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, ha puesto de manifiesto la «desigualdad» en la región y ha pedido que se blinden los servicios públicos ya que «son los únicos que pueden equilibrar esta situación».

Asimismo, Hernández ha señalado que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se basa en «confrontar constantemente con el Gobierno de la Nación» mientras que éste se dedica a apostar «por una mejor sanidad y una mejor utilización de los servicios públicos». Acompañando al portavoz ha asistido el exdelegado del gobierno en Madrid y actual presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco.

Desde Podemos, aseguran que «la sanidad pública madrileña está bajo mínimos» y que tras el discurso de investidura de Ayuso, la situación, previsiblemente, «no va a mejorar». Por ello han defendido que el 25% del presupuesto de la región se destine a la atención primaria y que no se cierren los 41 centros de salud pública.

Entre otras reclamaciones, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha asegurado que actualmente si «pides una cita hoy y no te la conceden hasta dentro de tres semanas y lo más seguro que es que te atiendan telefónicamente».

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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