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Política | Comunidad de Madrid

El Defensor del Pueblo reclama a la Comunidad los datos de demora media para consulta en AP ante el incremento de quejas

EUROPA PRESS – El Defensor del Pueblo ha reclamado a la Comunidad de Madrid los datos de demora media para primera cita disponible en Atención Primaria, así como un detalle de las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermería previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atención Primaria y los plazos de su ejecución.

En un comunicado, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán ha explicado que esta petición se produce tras recibir quejas por la elevada presión asistencial que registran los centros de salud de la región y ante el incremento «de manera significativa» en las situaciones de retraso.

La institución señala, además, que lleva años recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos en la Atención Primaria madrileña, «sobre todo relativas a las condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales».

Por este motivo, el Defensor del Pueblo ha iniciado desde septiembre de 2020 medio centenar de expedientes referidos a alrededor de 40 centros de salud o consultorios. Las quejas de los ciudadanos refieren intervalos de diez días o más, desde la petición hasta la primera cita disponible para ser atendidos en sus centros de salud.

A juicio de la institución, la identificación de la demora específica entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de Atención Primaria «permitiría conocer si la prestación se realiza realmente a tiempo y en caso de no ser así, ofrecer una respuesta de carácter organizativo y llevar a cabo una adecuación de los recursos humanos».

Una circunstancia que no se puede conocer, según el Defensor del Pueblo, porque la Consejería de Sanidad madrileña «no ha facilitado los datos solicitados sobre esa demora media, y ha señalado además que el indicador sobre demora para consulta no es aplicable en el nivel de la Atención Primaria».

INCOMPRENSIBLE DEMORA EN LA COMUNICACIÓN

Así, el Defensor del Pueblo ha asegurado no entender que el departamento que dirige en funciones Enrique Ruiz Escudero no pueda disponerse de esta información, «dado el grado de informatización del sistema». En este sentido, ha recordado que los servicios de salud de otras comunidades autónomas «no han tenido problemas» para facilitar sus datos sobre demora para cita en consultorios y centros de salud concretos cuando le ha sido reclamada, como tampoco lo tuvo el gobierno madrileño en anteriores ocasiones.

Ante esta situación, la institución dirigida por Francisco Fernández Marugán ha recomendado a la Comunidad de Madrid que «establezca los mecanismos que permitan conocer el periodo comprendido entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de atención primaria».

Para el Defensor del Pueblo, la Atención Primaria «desempeña un papel crucial como base del sistema sanitario y por tanto garantía del derecho a la protección de la salud, y la actual emergencia sanitaria ha revelado, aún más, las importantes debilidades estructurales que le afectan en algunos territorios». «Ahora más que nunca, en estos tiempos de pandemia, la atención primaria tiene que ampliar su capacidad de respuesta para poder atender en plazos razonables a todos los pacientes», ha alegado.

En este sentido, también ha solicitado a la Consejería de Sanidad que detalle las medidas de refuerzo de personal facultativo y de enfermería previstas a corto y medio plazo en el Plan Integral de Atención Primaria y los datos concretos sobre los plazos de su ejecución que, además, «deberían ser breves, para evitar que la situación empeore aún más durante el periodo estival».

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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