Aprobada la creación de la Agencia de apoyo a personas adultas con discapacidad

La Asamblea de Madrid ha aprobado el Proyecto de Ley de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad (Amapad), gracias al apoyo de PP, Vox y Unidas Podemos y la abstención de PSOE y Más Madrid.

Se trata de un organismo que sustituirá a la Agencia Madrileña de Tutela de Adultos (AMTA), encargada hasta ahora de asumir las medidas de apoyo en el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas adultas.

En el debate parlamentario, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, ha defendido que esta iniciativa supone «un gran avance para afianzar los derechos de las personas adultas con discapacidad que requieren de medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica» pero también es «una apuesta por reforzar el papel de la Administración madrileña al servicio de las personas más vulnerables».

El nuevo texto, que consta de 36 artículos, adapta la regulación de la entidad pública a la Ley estatal 8/2021 y otros convenios internacionales. La entrada en vigor de esta norma implicará la desaparición del concepto de incapacidad y de la figura de la tutela y la creación de un nuevo marco legal para la Amapad, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

Así, se centrará en el «respeto a la voluntad, deseos y preferencias de las personas adultas que requieren apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, en la promoción de su participación en la toma de decisiones y en su máxima autonomía personal».

La nueva Agencia tendrá como principales fines la defensa judicial de los residentes en la región a los que se haya iniciado un procedimiento de provisión de medidas judiciales de apoyo; y el ejercicio inexcusable de la curatela (figura legal que se define como la medida de atención a una persona que no cuenta con plena capacidad y requiere de asistencia continuada).

Entre las novedades que se incorporan está la creación de un comité de ética propio, el establecimiento de códigos de buenas prácticas y de buen gobierno o la constitución de una comisión específica para la participación de las personas con discapacidad apoyadas por la Agencia.

«UN PASO ADELANTE» PERO PODRÍA HABER IDO A MÁS

En su turno de palabra, la diputada de Unidas Podemos Paloma García ha indicado que es «un paso adelante» para las personas con discapacidad y ha avisado de que estarán atentas a las auditorías que se realicen. No obstante, ha pedido que se modifique el artículo 49 de la Constitución Española, donde a las personas con discapacidad se les sigue llamando «disminuidos», y cree que todos los documentos de las administraciones públicas deberían estar accesibles, así como implementar la lengua de signos en todas las sesiones plenarias.

Por su parte, el diputado de Vox Ignacio Arias ha celebrado que se haya podido «perfilar» un texto que sale de la Cámara regional «muy mejorado» respecto del que entró, aunque ha criticado que se haya tardado tanto en actualizar. A su parecer, «esta ley y esta Agencia tiene que servir para ayudar al ejercicio pleno de las personas con discapacidad de forma urgente y garantista». Para ello, la Agencia «no puede titubear y debe cumplir escrupulosamente los principios de la necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica y transparencia».

La parlamentaria del PSOE Sonia Conejero ha indicado que en esta ley se «sitúa en el centro a la persona adulta con discapacidad y sus necesidades», aunque considera que era necesaria la enmienda socialista que pedía su respeto a la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad que tienen que ver con los procesos cognitivos y motivacionales.

El diputado de Más Madrid Diego Figuera ha reconocido que se alegran de la presentación del dictamen de esta ley pero consideran que es «una oportunidad pérdida para avanzar en los derechos de las personas con discapacidad» porque se podría haber ido más allá.