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Sanidad | Comunidad de Madrid

Amyts anuncia acciones judiciales contra la resolución de la Consejería de Sanidad sobre la emisión de la baja laboral

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El sindicato médico Amyts ha anunciado este lunes que ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid relativa a la emisión del parte de baja y alta laboral en el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y ha advertido que estudia la posibilidad de acudir a la vía penal por «posibles coacciones».

La asesoría jurídica del sindicato ha realizado un informe sobre la resolución firmada por el director general de Asistencia Sanitaria y viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Fernando Prados, en la que se dictan instrucciones para la organización de la gestión y control de los procesos por Incapacidad Temporal (IT) en el Sermas en la que concluyen que va en contra de la normativa estatal en vigor.

En la citada resolución del departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero se establece la obligatoriedad para los profesionales de Atención Primaria de la emisión del parte de baja y alta laboral, en contra, según la organización sindical, de lo establecido en el Real Decreto 625/2014, que modifica determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de incapacidad temporal (IT) en los primeros 365 días de su duración.

En concreto, esta norma, sobre el parte de baja, establece en su artículo 2.1: «La declaración de la baja médica, en los procesos de incapacidad temporal, cualquiera que sea la contingencia determinante, se formulará en el correspondiente parte médico de baja expedido por el médico del servicio público de salud que haya efectuado el reconocimiento del trabajador afectado».

En este sentido, desde Amyts subrayan que, por tanto, los partes de baja, confirmación y alta de la incapacidad temporal deben ser emitidos por el médico que reconoce al paciente, que será distinto en cada momento del tratamiento del trabajador.

En la resolución de la Consejería de Sanidad se establece, en cualquier caso, que en posteriores instrucciones se podrá concretar los supuestos en los que otros profesionales de Medicina del Servicio Madrileño de Salud puedan formular estos partes en los procesos por incapacidad temporal.

MEDIOS TÉCNICOS Y FORMACIÓN

En un comunicado, Amyts ha exigido que se implementen «la mayor brevedad» los medios técnicos y la formación necesaria para poder llevar a cabo el Real Decreto del Gobierno central y evitar así la situación de «sobrecarga y déficit de personal facultativo» que afecta a la Atención Primaria.

«Sería una oportunidad inmejorable para que se realice un especial esfuerzo por parte de la Administración para aliviar la carga burocrática que el actual sistema implica para los facultativos, limitando su participación a la valoración clínica y definición del periodo de baja, compartiendo con personal administrativo el resto de la gestión de la emisión de la IT», ha enfatizado.

Fuentes de la Consejería de Sanidad precisaron a Europa Press, por su parte, que se trata de una instrucción aclaratoria sobre la organización de los procesos de gestión de los partes de Incapacidad Temporal, «cuyo marco normativo estatal no ha variado».

En este sentido, han recordado que los partes siguen realizándolos los facultativos de los centros de salud. «Las modificaciones introducidas en el reciente RD 1060/22 de 27 de diciembre, publicado el 5 de enero y que modifica el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, no modifica la literalidad vigente hasta ahora sobre quién debe emitir un parte, y no especifica qué facultativo del servicio de salud debe encargarse del trámite. Esas modificaciones relativas al procedimiento además no entran en vigor hasta el 1 de abril», han recalcado desde el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero.

En la resolución, la Dirección General del Proceso Integrado de Salud explica que el Real Decreto de 2014 «no concreta expresamente qué profesional de la Medicina, dentro del servicio público de salud, debe emitir el parte médico de baja, refiriéndose únicamente al que «haya realizado el reconocimiento» y habla de habilitar para su emisión habilitando para ello al «correspondiente facultativo del servicio público de salud…», sin concretar expresamente qué facultativos deben emitirlo.

En esta línea, el Gobierno regional ha defendido que la Atención Primaria es el nivel asistencial en el que se realiza «una atención integral y completa a los ciudadanos y garantiza la globalidad y continuidad de la atención durante toda la vida del paciente». «Esto viene avalado además por la formación académica específica que reciben los médicos internos residentes (MIR) en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria», añaden.

Al hilo, han recordado la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo, Orden SCO/1198/2005, de 3 de marzo, por la que se aprueba y publica el programa formativo de la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria, y que «desarrolla ampliamente esta materia a fin de dotar de conocimientos, competencia y manejo de la Incapacidad Temporal en el marco de las consultas médicas así como de una de las finalidades principales de esta especialidad en cuanto a la figura fundamental del sistema sanitario en la prestación de una atención médica integrada y completa a los ciudadanos».

Ante esta resolución, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y el Colegio de Médicos de Madrid (ICOMEM) también ha reclamado a la Consejería de Sanidad el cumplimiento de la normativa para asegurar el acceso a la IT en todos los niveles asistenciales en la Comunidad de Madrid.

Asimismo, el Foro de Atención Primaria, en el que se encuentran representados todos los niveles profesionales, científicos y laborales de los médicos que trabajan en el primer nivel asistencial, proponen a las Administraciones Autonómicas y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) que tomen las medidas necesarias para garantizar la emisión de los partes de baja, confirmación y alta por los profesionales de todos los niveles asistenciales.

También proponen que se tomen las medidas necesarias para simplificar el procedimiento eliminando los aspectos que carecen de valor clínico o eximiendo a los profesionales médicos de su realización.

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