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Política | Comunidad de Madrid

Vox votará a favor de la investidura de Ayuso y avisa que quiere derogar leyes LGTBI y cerrar Telemadrid

EUROPA PRESS – La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha anunciado que votarán este viernes a favor de la investidura de la presidenta en funciones y candidata a la Presidencia, Isabel Díaz Ayuso, pero ha pedido respeto a sus votantes y ha avisado que exigirán derogar las leyes LGTBI vigentes en la Comunidad de Madrid y cerrar Telemadrid.

«Dijimos en campaña que impediríamos que entrara la izquierda, dijimos también que no seríamos un obstáculo para investir con nuestros votos a la señora Díaz Ayuso y vamos a cumplir. El sentido de nuestro voto será a favor de la señora Díaz Ayuso, no será una abstención. Votaremos a favor de su investidura para que comiencen a trabajar cuanto antes porque se ha perdido un tiempo valiosísimo», ha manifestado durante su intervención en la segunda sesión del Pleno de investidura, en la Asamblea de Madrid.

Monasterio ha hecho hincapié en que hay «muchos problemas que necesitan una solución y para encontrar esas soluciones» están abiertos a colaborar siempre que respeten a sus votantes y su programa político. «Nosotros desde luego respetamos a los suyos y su programa aunque diferimos en muchos aspectos. Somos fuerzas políticas muy distintas. Tenemos posiciones diferentes pero eso no debería ser un obstáculo insalvable para alcanzar los acuerdos que necesitan los madrileños», ha declarado.

En este punto, ha indicado que consideran que «todas las personas son iguales independientemente de su sexo, raza o identidad sexual» pero se oponen firmemente » a la ideología de género». Monasterio ha defendido que «creen en el derecho a la presunción de inocencia» y abjuran «del Pacto de Estado de la Violencia de Género».

«En Madrid están vigentes unas leyes de género propias de la izquierda más radical. Soy capaz de entender que su anterior socio (Ciudadanos) no le dejará derogarlas pero nosotros sí se lo vamos a exigir, y me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán», ha trasladado.

Solicitarán también «una auditoría integral de las subvenciones para eliminar las ideológicas e inútiles y obligar a la devolución de todas aquellas que no hayan cumplido escrupulosamente los fines para los que fueron otorgadas».

En este sentido, Monasterio ha sostenido que «el dinero de los madrileños no puede ir destinado a financiar organizaciones patronales como la del señor Garamendi (CEOE) que apoya la ruptura de la unidad de España y aplaude los indultos a los golpistas».

INMIGRACIÓN ILEGAL

Por otra parte, ha defendido que creen en la inmigración «legal y ordenada» y que se adapte a las necesidades de la Nación porque «el multiculturalismo ha fracaso». Para Vox, «quien entra ilegalmente en España debe marcharse y si ha delinquido debe ir a la cárcel de su país» y los menores extranjeros no acompañados «deben regresar con sus padres» porque «fomentar la avalancha, dedicarle más dinero del que reciben cualquier español e inmigrante legal no es otra cosa que ser cómplice del efecto llamada».

«Sé que no tiene competencias pero del mismo modo que es valiente para hacer frente a (Pedro) Sánchez en otros ámbitos en los que tampoco no tiene competencias. Le pido que haga lo mismo, por favor, con la seguridad y la prosperidad del conjunto de los madrileños», le ha lanzado a la presidenta madrileña.

CIERRE DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA

Además, ha hecho hincapié en que el camino de reducir los diputados «es el correcto» y ha incidido en que hay que continuar también reduciendo el gasto público. En este punto, ha apostado por cerrar Telemadrid porque «ni es un servicio público, ni necesario para los madrileños sino un pozo sin fondo que consume decenas de millones de euros cada años, 74 millones de euros anuales».

«¿Por qué los madrileños tenemos que pagar de nuestro bolsillo a quienes insultan a diario en televisión? Y si no se puede cerrar de forma inmediata abra que reducir drásticamente su coste», ha espetado.

En cuanto a la reducción de consejerías, de 13 a 9 que ha avanzado ya Ayuso, ha indicado que hay que ir más allá porque 7 son más que suficientes. «Ha trabajado con siete estos meses y no ha pasado nada», ha trasladado a continuación.

En otro orden de cosas, Monasterio ha avanzado que reclamarán «la realización de una auditoría que permita conocer el coste de la corrupción en las últimas dos décadas» y ha apostado por mejorar los controles internos y personar a la Comunidad de Madrid «en todos los procesos judiciales exigiendo las máximas penas».

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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