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Política | Comunidad de Madrid

Rocío Monasterio se alegra de que PP esté en contra de los indultos pero le avisa de que no puede recurrir porque «no está personado»

Monasterio PP indultos

  • Monasterio ve una «falta de respeto» que Europa se muestre a favor de los indultos

EUROPA PRESS – La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, se ha alegrado «mucho» de que este martes el PP «intente hacer discurso en contra de los indultos» del Gobierno a los líderes independentistas pero le ha avisado de que no puede recurrirlos porque «no está personado como acusación y nunca lo estuvieron».

Así lo ha valorado Monasterio en una entrevista con ‘TVE’, recogida por Europa Press, después de que el presidente del PP, Pablo Casado, haya anunciado hoy que su partido solicitará la legitimidad para presentar un recurso contra los indultos, basándose en el informe de la Guardia Civil que le situaba como objetivo de los CDR catalanes.

«Me alegro mucho hoy de que el PP intente hacer discurso en contra de los indultos. Bienvenido sea; pero no se puede recurrir los indultos porque no está personado como acusación y nunca lo estuvieron y el PP, incluso, criticó las cargas policiales que hubo en Cataluña», ha sostenido.

Así, considera que Vox es «el único que puede estar personado contra los indultos» porque, ha asegurado, fueron «los únicos» que presentaron la querella y llevaron a los separatistas «al banquillo».

Para la líder de Vox en Madrid, los indultos «son un ataque gravísimo a las libertades» y se pregunta qué hará el PP al respecto en el camino del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de «convertir a España en un estado federal con 17 estados distintos». «Nos roban España y el PSOE quiere comenzar un camino para llegar a una España asimétrica y este es al proyecto al que está invitado Casado», ha lamentado.

En cuanto a que la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa haya invitado al Gobierno a reformar los delitos de sedición y de rebelión, donde se plantea el indulto de los presos del ‘procés’ e incluso se pide ir más allá y retirar la solicitud de extradición contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, Monasterio lo ve como un «ataque a la «soberanía» del sistema judicial español.

«Es una falta de respeto a nuestra independencia judicial y soberanía. Europa tiene que volver a sus raíces y defender la libertad y la soberanía de las naciones que formamos parte de Europa. Nuestra justicia tiene que ser respetada», ha zanjado la portavoz de Vox.

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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