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Política | Comunidad de Madrid

Pérez de los Cobos pide su reingreso como jefe de la Guardia Civil en Madrid tras el fallo que anula el cese de Interior

  • El Ministerio que dirige Marlaska adelanta que se opondrá hasta que se resuelva su recurso que ordena dicho reingreso

EUROPA PRESS.- El coronel Diego Pérez de los Cobos ha solicitado en la Audiencia Nacional su petición para reincorporarse a su puesto como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, cargo del que fue cesado cuando una unidad bajo su dependencia fue requerida judicialmente para investigar la posible relación entre la manifestación feminista del 8-M y el inicio de contagios de coronavirus.

Según ha adelantado eldiario.es y confirman a Europa Press fuentes jurídicas, el coronel ha solicitado este mismo jueves su reingreso en la Comandancia de Madrid, sin esperar al recurso planteado por el Ministerio del Interior que, a través de la Abogacía del Estado, sostiene que el cese fue legal al ser cargo de libre designación y que no hubo «desviación de poder».

El cese del coronel se anunció en mayo, cuando estaba en vigor el real decreto del primer estado de alarma por el Covid-19, y está en la actualidad pendiente de resolución por parte de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, tras el fallo del juzgado número 8 de este órgano judicial que declaraba ilegal la destitución de este mando.

INTERIOR RECHAZA SU REINCORPORACIÓN

Fuentes de Interior han señalado a Europa Press que se opondrán a través de la Abogacía del Estado a la ejecución provisional de la resolución de la Audiencia Nacional que daba la razón a Pérez de los Cobos. Entienden que no cabe aceptar su reingreso al haber sido recurrido y que, como se ha señalado en el recurso presentado, «se considera que el cese fue legal, motivado y ajustado a derecho».

En su recurso, de hecho, Interior justificaba el cese en una pérdida de confianza hacia Pérez de los Cobos, que antes de la Comandancia de Madrid estuvo en la Secretaría de Estado de Seguridad y fue asignado como coordinador del dispositivo para frenar el referéndum del 1-O en Cataluña.

Interior alegó que el coronel, una vez iniciada la investigación del 8-M –luego archivada– en la que se imputó al delegado del Gobierno en Madrid, «cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo», dejando de reportar a la cadena de mando sobre cuestiones relativas a la investigación judicial, algo que sí había hecho hasta en cuatro ocasiones antes, a pesar de que ya existía la orden de reserva por parte de la juez.

El magistrado que ordenó el reingreso de Pérez de los Cobos en su puesto apuntó que, de las pruebas practicadas, la conclusión era que «no es cierto que el recurrente no informase del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento». Por tanto, entendía que «la motivación de la propuesta de cese no es real, o al menos no se ajusta a la realidad».

CRÍTICAS TRAS EL CESE

El cese provocó una fuerte polémica por las versiones ofrecidas por el Ministerio del Interior, con peticiones reiteradas desde PP, Cs y Vox para que Marlaska dimitiera.

En octubre, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la denuncia presentada por Vox por la destitución al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, remitiéndose a lo que decidieran los jueces de lo contencioso-administrativo.

El Ministerio del Interior nombró en junio de 2020 al teniente coronel David Blanes González como sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. El coronel cesado, que fue destinado en comisión de servicios a la Intervención Central de Armas y Explosivos en Madrid, trató de ascender a general, algo que rechazó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska.

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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