EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

EUROPA PRESS – La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que le parece «bien» que desde la Comunidad de Madrid se recurra el decreto energético nacional pero ha recordado que lleva «seis meses» esperando conocer el plan de la región ante la crisis energética.

«Nos gustaría también saber cuál es el plan para garantizar la energía a los madrileños. Lo solicitamos hace 6 meses. ¿Tiene el gobierno de Ayuso algún plan?», ha cuestionado la portavoz en redes sociales.

En su publicación adjunta una pregunta registrada por ella en la Asamblea de Madrid el pasado 14 de febrero en la que plantea a Ayuso conocer las medidas de la autonomía para «afrontar una falta de suministro energético» derivada por la crisis de Ucrania.

Este lunes la consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, avanzó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético del Gobierno de España al considerar que se está «poniendo en cuestión las competencias propias» de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio.

«Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro y al cine, por citar algunos de los sectores más afectados. Hemos solicitado una reunión urgente de conferencias de presidentes, la convocatoria a sectores afectados y la retirada del real decreto legislativo, que impone obligaciones al sector privado», dijo Martín en declaraciones remitidas a los medios tras reunirse con la vicepresidenta, Teresa Ribera.

La consejera insistió en que desde el Gobierno regional ven necesario trabajar para disminuir el precio de la luz, ya que los españoles pagan «la factura más cara de la historia y atenta contra el poder adquisitivo de las familias y su competitividad». «Desde la Comunidad vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque se está poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio», trasladó Martín.