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Política | Comunidad de Madrid

Más Madrid critica que la Comunidad sea «centrifugadora» de talento y renueve contratos «precarios» en sanidad

EUROPA PRESS – La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Mónica García, ha criticado este jueves que la Comunidad sea una «centrifugadora» de talento y que renueve unos contratos en la sanidad pública que son «muy precarios», con lo que además asegura que no se alcanza la media de profesionales que hay en el resto de España.

Así lo ha expresado a las puertas del centro de salud de Abrantes, donde ha acudido junto a la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, para reclamar más recursos para la sanidad pública y denunciar el cierre de centros de salud en verano, extremo que la Comunidad de Madrid niega que vaya a suceder.

García, tras el anuncio de que la Comunidad de Madrid renovará los más de 11.100 contratos de refuerzo por la pandemia, ha subrayado que la región parte «de un déficit estructural» de profesionales. En concreto, ha apuntado que de los 220 profesionales que han acabado su residencia en la Atención Primaria madrileña solamente se han quedado 20.

«Solo un 10% de la gente se quiere quedar a trabajar en la Comunidad de Madrid porque tenemos un sistema precario y de maltrato a nuestros profesionales», ha censurado. En la misma línea, ha insistido en que la Comunidad es una «centrifugadora» de talento y la presidenta en funciones, Isabel Díaz Ayuso, es también «una centrifugadora de talento para los servicios públicos».

Mónica García ha reclamado, por otra parte, que se mejoren las condiciones de los profesionales y ha censurado que la primera decisión de Ayuso tras ganar las elecciones haya sido «el cierre de centros de salud». «Su hoja de ruta para el desmantelamiento de nuestra sanidad pública no se ha visto entorpecida ni siquiera por una pandemia», ha criticado.

En concreto, ha señalado que el centro de Abrantes es «uno de los más dañados» y por ello han decidido acompañar a los vecinos y reivindicar a los profesionales sanitarios que son los que han sacado «las castañas del fuego» durante la pandemia.

En este sentido se ha expresado también Maestre, quien ha reprochado que el PP esté «desmantelando» la sanidad pública madrileña, que asegura que ha sido «olvidada» también por el alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida.

«Un alcalde que es portavoz de su ciudad debería estar exigiendo aquí que los centros de salud estén abiertos, que los profesionales estén cubiertos y que se reabran los servicios de urgencia en los ambulatorios de la ciudad de Madrid», ha defendido.

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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