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Política | Comunidad de Madrid

La mayoría de CCAA apoyan el reparto de menores migrantes de Ceuta y Madrid vota en contra

menores migrantes Ceuta Madrid

EUROPA PRESS – La «gran mayoría» de comunidades autónomas han votado a favor del acuerdo de reparto propuesto por el Gobierno para acoger a 200 menores extranjeros no acompañados de Ceuta, tras la crisis migratoria de los últimos días, según ha informado la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, aunque Madrid ha votado en contra. Además, los ejecutivos regionales han reclamado al Gobierno central una financiación estable para atender a estos menores, más allá de las situaciones de crisis.

En concreto, la Comunidad de Madrid ha votado en contra del acuerdo que ha presentado este martes el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 durante la reunión extraordinaria del Consejo Territorial, al considerar «errática» la política migratoria y exterior del Gobierno de España, según han informado a Europa Press fuentes regionales.

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha reiterado «el apoyo y la solidaridad» del Ejecutivo regional con la situación que está viviendo Ceuta y ha insistido en la disconformidad de la Comunidad de Madrid con los criterios utilizados para el reparto de 200 menores que ya están en el sistema de protección de Ceuta entre las comunidades autónomas.

«Estos criterios son diferentes a los utilizados en la reciente crisis migratoria de Canarias, y es imprescindible que se trabaje en unos criterios únicos, estables y consensuados por todas las Comunidades Autónomas de ahora en adelante, no pudiendo haber distintas propuestas realizadas en situaciones de crisis y en las que ni siquiera existe un tiempo razonable para su estudio y presentación de propuestas alternativas», ha subrayado.

Igualmente, respecto a los 5 millones de euros anunciados por el Ministerio para apoyar la acogida de estos menores, las mismas fuentes consideran que «se produce una situación tan chocante como que en este caso se propone un reparto proporcional en función de los menores acogidos, mientras que en 2020 la Comunidad de Madrid atendió a 823 menores extranjeros no acompañados y no recibió ningún tipo de fondos del Estado».

Por su parte, la vicepresidenta y consejera de Política Social de la Región de Murcia, Isabel Franco, ha reclamado este martes al Gobierno central «nueve millones al año» para atender a todos los menores que tiene en acogida la Comunidad, según han informado fuentes de la Administración autonómica en una nota de prensa.

Franco ha hecho esta petición en el marco del Consejo Territorial, en el que se ha acordado que Murcia acogerá a siete menores. Según ha explicado Franco, «el montante destinado a la comunidad ascendería a 157.500 euros: 22.500 por menor. Cantidades, todas ellas, para cubrir los seis meses que restan de este 2021».

En el transcurso de la videoconferencia, la vicepresidenta ha apuntado que la estimación del coste anual de la atención integral a los menores es mayor al propuesto por el Ministerio, «ya que alcanzaría la cifra de 58.000 euros al año».

Por tanto, considera que «la cantidad total de cada anualidad debería llegar a los nueve millones de euros para atender a todos los menores inmigrantes bajo la tutela de la comunidad». En estos momentos, tiene tutelados a 144 menores, a los que pronto se sumarán los siete procedentes de Ceuta.

LA RIOJA ACOGERÁ MENOS DE LOS QUE LE CORRESPONDÍAN

Por su parte, La Rioja, a la que en un principio se había asignado la acogida de 17 menores, finalmente acogerá a cinco niñas y niñas procedentes de centros de protección de Ceuta. Según han precisado, el reparto inicial, «situaba a la comunidad por encima de Andalucía o Cataluña, regiones con una población muy superior a La Rioja, o en los mismos términos que Madrid».

Según han indicado, desde el primer momento, la comunidad autónoma ha manifestado «su disponibilidad absoluta» para acoger a estos menores y en el encuentro de esta mañana «se ha aceptado la propuesta de La Rioja y el reparto de estos menores», según ha informado el gobierno en un comunicado.

Mientras, la consejera de Política Social de la Xunta de Galicia, Fabiola García, ha asegurado este martes que el Gobierno gallego trabaja ya en cómo integrar a los 20 menores no acompañados de Ceuta que llegarán a Galicia.

En el marco de la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales, la consejera ha ratificado el anuncio del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, de que serán 20 los menores no acompañados acogidos por Galicia.

Preguntada sobre la fecha de llegada de estos 20 menores no acompañados y sus perfiles, Fabiola García ha afirmado que por ahora la Xunta de Galicia no cuenta con respuesta a alguna a estas cuestiones, pero ha asegurado que la red asistencial gallega cuenta con las plazas y la capacidad suficientes para «atender e integrar a los menores de la mejor forma posible».

CANTABRIA, TIERRA SOLIDARIA

Cantabria también ha confirmado que acogerá a siete menores extranjeros no acompañados de Ceuta. Así lo ha dicho este martes, a preguntas de la prensa, la consejera de Políticas Sociales, Ana Belén Álvarez, quien ha destacado que «Cantabria es tierra solidaria, es tierra de acoger a niños y niñas no acompañados».

Esto es algo que se ha tenido en cuenta en el criterio de reparto, ya que el número de menores migrantes solos que tienen acogidos las comunidades autónomas es inversamente proporcional al número de los que les corresponde acoger ahora.

También la consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, manifestó esta mañana la voluntad de acuerdo con el reparto de los menores y pidió al Gobierno central una estrategia nacional, con una financiación estable, para atender a estos niños y niñas. Según ha precisado, en una semana y media han llegado 70 menores a las costas andaluzas.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha indicado que esta es la ocasión para establecer una estrategia estatal de migración, con una financiación estable y con un modelo de atención a los menores, no sólo en cuanto a las necesidades básicas, sino también para educación, formación e integración social, como se está desarrollando en Andalucía desde hace dos años, según ha dicho.

COMUNIDAD VALENCIANA, LA QUE MÁS NIÑOS RECIBIRÁ

De acuerdo con el reparto acordado este martes en la reunión del Consejo Territorial, las CCAA que más menores migrantes acogerán son la Comunidad Valenciana, que recibirá 25; la Comunidad de Madrid y Galicia, con 20 cada una.

Les siguen Castilla y León, con 18; Cataluña, con 15; Castilla-La Mancha, con 14; Andalucía, con 13; Asturias, Baleares y Extremadura, con 11 cada una; Aragón, con 9; País Vasco, con 8; Cantabria y Murcia, con 7 cada una; Navarra, con 6, y La Rioja, con 5.

Según ha precisado el Ministerio, a La Rioja le correspondía acoger a 17 de los 200 menores, pero finalmente recibirá solo a cinco, «dadas sus capacidades actuales». Los restantes 12 menores los asumirá solidariamente, en un esfuerzo adicional, la Comunidad Valenciana, que tutelará a 25 menores, en lugar de los 13 que le correspondían inicialmente.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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Política | Comunidad de Madrid

Vox aprueba que Ayuso recurra el decreto energético pero recuerda que lleva 6 meses esperando conocer el plan madrileño

EUROPA PRESS – La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha asegurado que le parece «bien» que desde la Comunidad de Madrid se recurra el decreto energético nacional pero ha recordado que lleva «seis meses» esperando conocer el plan de la región ante la crisis energética.

«Nos gustaría también saber cuál es el plan para garantizar la energía a los madrileños. Lo solicitamos hace 6 meses. ¿Tiene el gobierno de Ayuso algún plan?», ha cuestionado la portavoz en redes sociales.

En su publicación adjunta una pregunta registrada por ella en la Asamblea de Madrid el pasado 14 de febrero en la que plantea a Ayuso conocer las medidas de la autonomía para «afrontar una falta de suministro energético» derivada por la crisis de Ucrania.

Este lunes la consejera de Medio Ambiente Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, Paloma Martín, avanzó que presentarán un recurso de inconstitucionalidad al real decreto del plan energético del Gobierno de España al considerar que se está «poniendo en cuestión las competencias propias» de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio.

«Acabamos de concluir la reunión con las ministras y no hay rectificación por parte del Gobierno. Mantienen la imposición de las medidas al comercio, a los supermercados, al teatro y al cine, por citar algunos de los sectores más afectados. Hemos solicitado una reunión urgente de conferencias de presidentes, la convocatoria a sectores afectados y la retirada del real decreto legislativo, que impone obligaciones al sector privado», dijo Martín en declaraciones remitidas a los medios tras reunirse con la vicepresidenta, Teresa Ribera.

La consejera insistió en que desde el Gobierno regional ven necesario trabajar para disminuir el precio de la luz, ya que los españoles pagan «la factura más cara de la historia y atenta contra el poder adquisitivo de las familias y su competitividad». «Desde la Comunidad vamos a anunciar la presentación de un recurso de inconstitucionalidad porque se está poniendo en cuestión competencias propias de la Comunidad, en concreto, las ligadas al comercio», trasladó Martín.

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