La Eurocámara apoya crear la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo que España quiere para Madrid

El Parlamento Europeo ha apoyado este martes la creación de la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, con facultades de supervisión e investigación para garantizar el cumplimiento de los requisitos antiblanqueo, y que España quiere que tenga sede en Madrid.

Aunque el proceso aún no se ha abierto formalmente, a falta de que se establezcan los criterios específicos, la candidatura de Madrid cuenta ya con el respaldo de las instituciones españolas, incluido el Ministerio de Asuntos Económicos, mientras que ya se han iniciado rondas de contactos para la promoción de la capital como sede, un puesto al que se postulan también otras grandes ciudades europeas como Fráncfort o Viena.

Los eurodiputados de las comisiones de Asuntos Económicos y Monetarios y Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior han respaldado, por 102 votos contra 11 y 2 abstenciones, el reglamento que establece esta nueva autoridad europea, junto a otros dos proyectos de ley sobre las disposiciones financieras de la política de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Este paquete incluye también normas más estrictas para colmar las lagunas existentes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la evasión de sanciones en la UE.

Así, se ha apoyado también la creación del ‘libro de reglas único’ de la UE, con disposiciones sobre la realización de la diligencia debida sobre los clientes, la transparencia de los beneficiarios reales y el uso de instrumentos anónimos, como los criptoactivos, y nuevas entidades, como las plataformas de financiación colectiva, un texto aprobado con 99 votos a favor, 8 en contra y 6 abstenciones.

El tercero de los documentos es la sexta directiva anti-lavado de dinero, aprobada con 107 votos a favor y cinco en contra, que contiene disposiciones nacionales sobre Supervisión y Unidades de Inteligencia Financiera, así como sobre el acceso de las autoridades competentes a la información necesaria y confiable, por ejemplo, registros de beneficiarios reales y activos almacenados en zonas francas.