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El gobierno regional ha presentado el proyecto urbanístico para la Ciudad de la Justicia. Su extensión será el doble del actual IFEMA y contará con 18 edificios de entre 3 y 9 plantas que concentrarán 28 sedes judiciales del partido judicial de la capital.
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Se invertirán 507 millones por parte de capital privado solo en construcción y tardará unos tres años en levantarse.
Redacción / EUROPA PRESS – La Ciudad de la Justicia que levantará la Comunidad de Madrid en el barrio de Valdebebas concentrará las 28 sedes judiciales del partido judicial de la capital. Ocupará el doble de espacio de Ifema, y contará con 18 edificios funcionales de entre 3 y 9 plantas. Además dispondrá de dos parkings, uno público y otro privado, y de un intercambiador de transportes con Cercanías y Metro.
El plan urbanístico proyectado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso echó a andar en marzo de 2020 tras una sentencia del Tribunal Supremo que dejaba las manos libres al Ejecutivo regional para acometer su propio diseño y superar los errores de los malogrados proyectos fallidos de los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González.
«A la tercera va la vencida», ha destacado durante la presentación del proyecto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, quien ha subrayado que desde la Comunidad de Madrid están «muy ilusionados» con este plan que ya es «una realidad» porque se materializará en los próximos años y tendría una continuidad en el caso de un hipotético cambio de Gobierno regional.
El Ejecutivo autonómico prevé adjudicar el proyecto a principios de 2023 y será entonces cuando arranque la construcción con la colocación de la primera piedra. Los trabajos se prolongarán durante unos tres años, según las estimaciones de la Consejería que dirige Enrique López.
«El proceso administrativo no es fácil pero queremos dar pasos seguros e ir anunciando en cada momento el paso dado para que esa transparencia que debe tener el proceso tenga la máxima concurrencia», ha reseñado el titular de Justicia.
En un solar de 375.000 metros cuadrados se concentrarán las 28 sedes judiciales repartidas actualmente por toda la ciudad de Madrid en edificios en su mayoría de alquiler. En una misma parcela se ubicarán por ejemplo las sedes de la Audiencia Provincial de Madrid, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), los juzgados de Instrucción o el Registro Único de Madrid, entre otras sedes judiciales. También estará en Valdebebas la Fiscalía Superior y Provincial de la Comunidad de Madrid.
Se trata de una parcela longitudinal anexa al Instituto de Medicina Legal (IML), el famoso ‘dónut’ que quedó en desuso durante años y que está ya en funcionamiento desde hace un año, y al Hospital público Enfermera Isabel Zendal. Al lado está el recinto ferial Ifema Madrid y la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
MODELO CONCESIONAL A 40 AÑOS
Enrique López informará hoy al Consejo de Gobierno de las conclusiones del estudio de viabilidad encargado a la UTE EGUESAN sobre la estructura de costes y el canón a fijar, un informe que será sometido ahora a información pública para que se hagan alegaciones de cara a la redacción del pliego de condiciones para la adjudicación del proyecto.
Durante la presentación, López ha destacado que es fundamental que el proceso sea «transparente, muy participativo y muy concurrente», dado que la futura Ciudad de la Justicia se va a convertir en un referente judicial para toda Europa.
La Comunidad de Madrid ha optado por un modelo concesional, previsto en la Ley de Contratos Públicos del Sector Público. El proyecto supone una inversión de capital privado de cerca de 507 millones de euros solo en construcción, ya que no incluye gastos relativos a la explotación y al mantenimiento. Con este modelo, la Comunidad de Madrid se asegura la estabilidad financiera en una época de contención del gasto, según ha apuntado el consejero.
El estudio de EGUESAN planea una concesión de hasta 40 años con un canon anual que pagará la Comunidad de Madrid de unos 50 millones de euros, lo que supone una cantidad inferior a la que actualmente dedica el Gobierno regional a la prestación del servicio de la administración de Justicia.
EL DOBLE QUE IFEMA
El proyecto constructivo podría superar los 375.000 metros cuadrados, una cifra que supone aumentar un 65% los actuales 228.000 metros cuadrados de superficie que la Comunidad destina a la Justicia en la capital y que por ejemplo, es casi el doble de los 200.000 metros que ocupa Ifema.
La Ciudad de la Justicia se situará en la parcela delimitada por la Avenida de las Fuerzas Armadas, Avenida José Antonio Corrales y Avenida Manuel Fraga Iribarne del barrio de Valdebebas. Se trasladarán un total de 356 órganos judiciales que en la actualidad se distribuyen en 28 sedes judiciales.
La directora general de Infraestructuras Judiciales de la Consejería de Justicia, Carmen Martín García-Matos, ha detallado que en la parcela se ubicarán unos 18 edificios de entre 3 y 9 plantas, sedes que seguirán con el modelo de humanización ya implantado en otros edificios judiciales de la capital u otros partidos judiciales.
Por ejemplo, habrá itinerarios separados entre víctimas y agresores o se instalarán las denominadas Cámara Gesell, empleadas para exploraciones judiciales a menores víctimas de delitos para que se encuentren en un entorno más agradable a la hora de declarar.
«Serán edificios funcionales, dignos, eficientes, vistosos y de calidad, sin necesidad de estar en la vanguardia arquitectónica», ha recalcado el consejero, quien ha explicado que también habrá un intercambiador de transportes y se desarrollará un plan de movilidad para la zona.
La adjudicataria obtendrá, además del canon anual, ingresos por explotación comercial en los bajos y el entorno de los edificios, donde podrán instalarse restaurantes, oficinas, sucursales bancarias, farmacias y hasta una guardería. Además, habrá gimnasio, aparcamiento y servicios diversos para los profesionales del mundo judicial y el público.
Se calcula que unas 31.000 personas harán uso de la nueva Ciudad de la Justicia. Será un punto de trabajo de 5.000 funcionarios, 184 fiscales, 709 magistrados, 558 letrados de la Administración de Justicia y 100 forenses.
Por eso, el proyecto contempla la construcción de un parking público y otro privado. López ha avanzado que uno de ellos irá en los túneles subterráneos ya construidos en la etapa de Esperanza Aguirre. Este túnel se iba a emplear para la circulación de vehículos y autobuses de transporte de detenidos.
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