Igualdad no logra la unanimidad de las CCAA para establecer los servicios ‘mínimos» para víctimas de violencia machista

Tal y como ha revelado el Gobierno de Castilla-La Mancha, son cuatro las regiones que han decidido abstenerse en la votación de esta iniciativa, a pesar de que, según ha señalado Igualdad, su contenido se ha elaborado de forma conjunta con los representantes de las autonomías.

El catálogo busca continuar las políticas y servicios en materia de prevención y sensibilización respecto de todas las formas de violencia contra las mujeres; la asistencia social integral y reparación para todas las víctimas; la protección y acceso a la justicia; y la coordinación, participación e impulso de la transversalidad en la respuesta por parte de los tres niveles administrativos.

En todos los niveles, etapas, grados y planes de estudios universitarios estableciendo que el contenido de los currículos cuente con un itinerario formativo en igualdad de género.

«Aquí creo que hemos dado un paso muy importante porque hemos consensuado con comunidades autónomas de todos los colores políticos medidas relativas a la educación en igualdad», ha explicado la secretaria de Estado del ramo, Ángela Rodríguez. «Creo que cuando estamos a puerta cerrada ninguna comunidad tiene dudas de que hay que educar en igualdad a los niños y niñas para evitar la violencia y que esta es una de las mejores herramientas de detección precoz y prevención», ha añadido.

En este sentido, el catálogo implanta protocolos de detección de las diferentes formas de violencia contra las mujeres en todos los ámbitos: educativo, sanitario, servicios sociales, centros residenciales o de día, y en los puntos de encuentro familiar.

ASISTENCIA Y REPARACIÓN

Respecto al sistema de asistencia y reparación integral especializado, de carácter ambulatorio y residencial, para las víctimas de todas las violencias del Convenio de Estambul, el catálogo refuerza el compromiso para que estos servicios cuenten con equipos multidisciplinares especializados en el campo de la violencia contra las mujeres y para que trabajen de manera coordinada, fomentando así la colaboración entre las diferentes administraciones.

Además, tal y como ha explicado Igualdad, se ha acordado que el acceso a estos recursos y servicios, con carácter general, no dependerá de que se emprendan acciones legales. Dentro del ámbito de la asistencia y la reparación, el catálogo de Referencia de Políticas y Servicios en Materia de Violencia contra las Mujeres recoge igualmente las ayudas y prestaciones destinadas a favorecer la autonomía económica y el empleo de las víctimas.

Rodríguez, ha celebrado esta aprobación que permite, según ha señalado, que los territorios «que están más avanzados en las políticas y servicios en materia de protección de la violencia contra las mujeres pueden continuar avanzando» teniendo «un suelo mínimo». Y, por el contrario, «forzar en una dirección concreta a aquellos territorios a los que les quedan muchos pasos por dar en esta materia».

También ha destacado la utilidad de esta iniciativa en cuanto a la garantía de la recogida de datos y la elaboración y difusión de estadísticas relativas a todas las formas de violencia contra las mujeres, incluidos niñas, niños y adolescentes.