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Política | Comunidad de Madrid

El TSJM solicita a la Asamblea que se pronuncie sobre el aforamiento de Rocío Monasterio por la querella de la Fiscalía

EUROPA PRESS.-El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha elevado un suplicatorio a la Asamblea de Madrid para determinar la competencia en relación a la querella de la Fiscalía de Madrid contra la líder de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en relación a un visado del Colegio de Aparejadores, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El escrito para que la Cámara regional se pronuncie sobre el aforamiento se presenta al formar parte Monasterio de la Diputación Permanente de la Asamblea de Madrid. Una vez que se constituya tras las elecciones del 4 de mayo, se volverá a elevar otro suplicatorio dado que Monasterio será nombrada de nuevo diputada regional.

El hecho de que se acredita su condición de parlamentaria autonómica le da el aforamiento para que el caso se siga en la Sala de lo Civil y Penal del TSJM y no en un juzgado ordinario.

La querella se interpuso por la presunta comisión de un delito de falsedad documental en el marco de la investigación abierta a raíz de dos denuncias cursadas contra la portavoz de Vox en la Asamblea por presunta falsedad documental y estafa.

Aparte de la denuncia que cursó Más Madrid a principios de año, se presentó otra por los mismos hechos y delitos presentada por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid y que se ha acumulado al procedimiento.

Las diligencias de investigación las asumió la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, dado que la también presidenta de Vox Madrid es aforada en su condición de diputada autonómica.

Más Madrid denunció la supuesta «falsificación» de un visado del Colegio de Aparejadores en 2005 para los planos de las obras de reforma de un loft del presentador Arturo Valls, el único caso de supuestas «irregularidades» que no estaría prescrito.

Según publicó ‘El País’, la líder de Vox en Madrid utilizó un visado del Colegio de Aparejadores en los planos de obra del loft de Valls de 2005 y, al parecer, seguiría usando ese sello en más trámites hasta 2016.

En la denuncia de Más Madrid se detallaba que era un proyecto de reforma del año 2005 en el que una aparejadora que trabajaba en el estudio de Monasterio solicitó un visado en el Colegio de Aparejadores de Madrid, visado obtenido de manera legal y conforme al procedimiento.

«Posteriormente en el año 2011 y en el 2016 la señora Monasterio solicitó una licencia fotocopiando la etiqueta que había recibido la aparejadora en el año 2005, y adjuntándola a la cartela de su estudio. Aplicándola a un proyecto absolutamente diferente. Si Hubiera quedado en el 2011 estaría prescrito pero como reiteraron la solicitud en el año 2016 y este tipo de delitos que aparentemente de falsedad documental prescriben a los cinco años», exponían.

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Política | Comunidad de Madrid

Lobato plantea a Ayuso que aplique medidas energéticas como cambiar ventanas de colegios y hospitales en próximos meses

EUROPA PRESS – El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, ha planteado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aplique medidas energéticas en la región como cambiar ventanas en colegios, institutos y hospitales con un plan de cara a seis meses.

«Con planes concretos, con medidas de este tipo Madrid debería poner encima de la mesa para explicar a España y Europa cómo va a ser eficaz contra esa lucha. No puede ser que se oponga a todo siempre. Hay que ser consciente y por eso le hemos pedido una reunión urgente para saber las medidas que llevarán a cabo», ha señalado Lobato en una entrevista con ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.

A su juicio, este decreto no es «un ataque al pequeño comercio», en el cual los escaparates no suelen estar encendidos por la noche y ve de «sentido común» que se apaguen los edificios donde ya no trabaja nadie a esas horas. El también secretario general del PSOE-M ha incidido en que la Comunidad de Madrid tiene «una inmensidad de edificios en condiciones de renovación», por lo que ha pedido que ese plan de modernización se «acelere» y esas medidas que se iban a implementar en cinco años se hagan ya.

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Política | Comunidad de Madrid

La Comunidad insiste en la «inconstitucionalidad» del decreto energético y en que el acuerdo con UE «no es obligatorio»

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid ha insistido este miércoles en la «inconstitucionalidad» del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España «no es obligatorio».

Entienden, primero, que el objetivo del Real Decreto Ley invade competencias autonómicas porque decae el «carácter básico» del mismo por el objetivo «no es garantizar el suministro de gas» por lo que «no se pueden establecer mínimos ni máximos en aire acondicionado y calefacción».

Cuestiona, además, el «carácter básico» porque el acuerdo «no es obligatorio». España acordaba la rebaja voluntaria del consumo al 7% el 26 de julio frente al 15% inicial acordado en el seno del club comunitario.

La Comunidad argumenta, además, que el cierre de las puertas de los locales para que el efecto del aire acondicionado y la calefacción no salga de los locales contraviene la normativa del Covid-19.

Sobre la instalación de cartelería para informar de las medidas de ahorro energético «no contribuye directamente» al mismo e «invade competencias autonómicas sin justificación».

«La extensión de las prohibiciones a energías renovables o de autoconsumo excede la necesaria proporcionalidad del RDL. Si lo que se pretende es ahorro de gas, ¿por qué se prohíbe este tipo de iluminación basada en otras fuentes de energía?», cuestionan en su decálogo.

COLISIÓN CON LA LIBERTAD DE HORARIOS COMERCIALES

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso también se colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría «con la competencia del cuidado y uso» de los mismos y con el desarrollo turístico.

También cargan contra el adelanto puntual de la próxima inspección de eficiencia energética en instalaciones, porque creen que podría exceder las bases estatales, «toda vez que la periodicidad de estas inspecciones no tiene carácter básico».

Además, han subrayado la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la «defectuosa» configuración del régimen sancionador «puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad».

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica «ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad». «El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas», ha trasladado en sus redes sociales.

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