Jue 28 marzo 2024
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Política | Comunidad de Madrid

El Gobierno central prevé prohibir la privatización de la vivienda pública para alquiler en la futura ley

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prohibir privatización vivienda pública

  • Ábalos sobre la ampliación del Aeropuerto de Barcelona: «Si el territorio es contrario, no procede»

EUROPA PRESS – El proyecto de ley de vivienda que prepara el Gobierno prevé prohibir la privatización de vivienda pública destinada a alquiler por parte de las administraciones, según ha avanzado ‘Cinco Días’ este viernes y ha explicado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.

«Es uno de los presupuestos fundamentales que nos motivó a trabajar el proyecto de ley de vivienda, que es garantizar la función social de la vivienda y muy especialmente impedir la enajenación del parque público», ha afirmado el ministro en una entrevista en la ‘Ser Cataluña’ recogida por Europa Press.

Ábalos ha asegurado que esta medida pretende acabar con la «expropiación de lo colectivo, tanto que a algunos les gusta hablar de expropiación», y atajar la falta de oferta de parque público de vivienda en España.

«Por eso es importante que la ley salga, y no se reduzca solamente a la intervención de los precios», ha añadido.

AEROPUERTO DE BARCELONA

Ábalos ha defendido la ampliación del Aeropuerto de Barcelona-El Prat: «Un ‘hub’ no puede desplazarse, si no, pierde todo interés. Ahora hay un proyecto de inversión y tenemos de plazo hasta septiembre para encajar estas inversiones».

Ha admitido que existen «problemas medioambientales» con la ampliación, que afecta a espacios naturales protegidos del Delta del Llobregat (Barcelona), pero considera que el plan prevé una solución y que es posible integrar la protección del medio natural con el desarrollo de la infraestructura.

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Ha explicado que el Gobierno y la Generalitat trabajan ahora en la constitución de la mesa técnica que analizará la ampliación, para «tener bien claros los impactos» y luego abordar la vertiente política del proyecto.

El ministro constata una «visión más racional, más abierta» por parte de la Generalitat, que ha recordado que es quien tiene la última palabra, junto con los ayuntamientos de los municipios afectados.

«Al final, lo que va a contar, obviamente, es la actitud del territorio. Si el territorio es contrario, no procede hacer ninguna inversión», ha dicho.

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