Varias organizaciones ecologistas madrileñas hacen balance del año 2022, un año centrado contra la ya aprobada Ley Ómnibus, la denuncia y visibilización de la degradación de los ríos madrileños y la lucha contra los vertederos ilegales en la región.
La alianza forjada por la Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono (ARBA), la Asociación Ecologista del Jarama ‘El Soto’, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, el Grupo de Acción para el Medio Ambiente (GRAMA) y Jarama Vivo han analizado todo el año la Ley Ómnibus (Ley de Medidas Urgentes para el Impuso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración).
El 23 de diciembre de 2021, en plenas fechas navideñas, el Gobierno regional decidió abrir un plazo de tan solo siete días para presentar alegaciones a una Ley que modifica la práctica totalidad de las leyes ambientales madrileñas «para rebajar protección», además de la Ley del Suelo, así como otro medio centenar de normas.
Hace unos días, el 23 de diciembre de 2022, la Ley ha entrado en vigor. En este año se ha desarrollado un trabajo ingente de información sobre los efectos de la Ley en el medio ambiente y el territorio madrileño. Se ha promovido la creación de la Plataforma Paremos la Ley Ómnibus y se han organizado numerosas movilización con miles de participantes.
Aunque la Ley se ha aprobado, el trabajo realizado por los ecologistas ha servido para establecer importantes vínculos y sinergias con diferentes colectivos de defensa de los servicios públicos madrileños. Además ya se está trabajando con los Grupos Parlamentarios de la oposición que votaron en contra, para estudiar la posibilidad de recurrir la norma ante el Tribunal Constitucional y lograr su compromiso para derogar la Ley en caso de llegar a gobernar en 2023.
EN DEFENSA DE LOS RÍOS MADRILEÑOS
Otra de las líneas de trabajo más destacables es la desarrollada en defensa de los degradados ríos madrileños. Los vertidos sin depurar o mal depurados que contaminan sus aguas, las barreras transversales en desuso (presas, azudes) y longitudinales (escolleras) que impiden la dinámica natural fluvial y las ocupaciones de sus riberas son algunos de los problemas que están convirtiendo muchos tramos fluviales en canales de agua, más asimilables a cloacas a cielo abierto que a ríos.
El caso más conocido es el problema ambiental y sanitario provocado por la invasión de toallitas en las riberas del Jarama y algunos de sus afluentes por el arrastre de las aguas residuales, hay otros muchos ejemplos.
Ante la «pasividad» de las diferentes administraciones competentes (ayuntamientos, Gobierno regional y Confederación Hidrográfica del Tajo), en febrero se creó la Plataforma por los ríos madrileños y el río Tajo. Desde entonces se han organizado manifestaciones y numerosas acciones (en los ríos Manzanares, Tajo, Aulencia, Tajuña, Jarama, Guadalix, Lozoya, etc). «De esta forma se está consiguiendo implicar a la población local en la reclamación de la mejora de sus ríos y una mayor visibilización del problema», han indicado los ecologistas.
VERTIDOS ILEGALES
El tercer problema más relevante en 2022 es la proliferación de vertederos ilegales por toda la región, aunque con mayor incidencia en el área sur metropolitana. En este caso, los ecologistas han desplegado un importante trabajo de detección de vertederos llegándose a localizar 672 puntos que se han localizado en un mapa interactivo.
Este trabajo se ha podido realizar gracias a la participación voluntarias de numerosas personas. Los vertederos ilegales suponen un problema medioambiental pero también sanitario y económico, han explicado.
Por ello, los colectivos ecologistas se han reunido con la Consejería de Medio Ambiente y con la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid para buscar formas de frenar este grave problema «al que las administraciones competentes tampoco están presentando la atención que se requeriría».
«INTERÉS CIUDADANO VS REGRESIÓN AMBIENTAL»
Las cinco organizaciones ecologistas quieren terminar el año valorando positivamente la participación de la ciudadanía en acciones colectivas para reclamar una región más sana, sostenible y respetuosa con el medio ambiente.
Sin embargo, este interés ciudadano confronta con los procesos oficiales de participación en la aprobación de actuaciones potencialmente impactantes sobre el medio natural.
«La participación ciudadana real ha desaparecido en la totalidad de los órganos consultivos (Consejo de Medio Ambiente, las Secciones de Caza y Pesca Fluvial y Vías Pecuarias, la Sección de Parques Regionales y la Sección de Reservas de la Biosfera ni siquiera se reúnen). La mayoría aplastante de la administración impone su voluntad, como también se comprobó con el informe favorable emitido por el Consejo de Medio Ambiente a la Ley Ómnibus», han criticado.
En cuanto a la participación en la tramitación de proyectos, planes y normativa, se limita a fases de consultas e información pública, «que además se han convertido en un mero trámite». «En muy raras ocasiones, algo de lo que plantea la ciudadanía en sus alegaciones se tiene en cuenta. En general se desestima con argumentos genéricos similares para todas las personas alegantes. El ejemplo más paradigmático es lo sucedido durante la tramitación de la Ley Ómnibus», señalan.
Pero no es el único caso, según los ecologistas, que señalan que algo similar sucede en el despliegue de energías renovables con la implantación de macroparques fotovoltaicos en el sur de la región. «O, el proceso de consultas, abierto en este caso por la administración general del Estado, para la ampliación de las Reservas Naturales Fluviales. Nada de lo alegado se ha tenido en cuenta», critican.
Por último, las organizaciones ecologistas alertan del proceso de «regresión ambiental» que se está produciendo a nivel normativo. «El Gobierno regional está modificando y revisando ingente normativa ambiental con el único objetivo de reducir los niveles de protección», denuncian.
DENUNCIAS A NIVEL ESTATAL
A nivel estatal, denuncian que, con la excusa de acelerar los procedimientos de autorización de los diferentes proyectos de energías renovables, por medio de un proceso simplificado, el Real Decreto Ley 6/2022, de 29 de marzo y el reciente Real Decreto-ley 20/2022 de 27 de diciembre, «eliminan los procesos de evaluación ambiental y de información pública de numerosos proyectos».
En este caso, incluso la Comisión Europea, para potenciar las instalaciones de parques fotovoltaicos ha elaborado una propuesta de simplificación de los permisos especialmente para plantas con una capacidad inferior a 50 kW. Todas estas revisiones se resumen en desregulación, desprotección para favorecer el desarrollo de actividades económicas en el medio natural, con la consiguiente degradación que conlleva, apuntan.
ARBA, ‘El Soto’, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA y Jarama Vivo, consideran que para frenar esta dinámica solo queda «la reacción y la movilización social» durante 2023.
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