Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo plantean 185 propuestas medioambientales para la Comunidad de cara al 28M

Derogar la ‘Ley Ómnibus’, un plan de recuperación de ríos o un nuevo plan de gestión de ríos, entre sus prioridades

Las organizaciones Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo han elaborado un documento con 185 propuestas medioambientales destinadas a los partidos políticos que concurrirán a las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo para «dar una oportunidad» al medio ambiente a la Comunidad de Madrid.

Algunas de sus propuestas prioritarias, según han destacado a través de un comunicado, son la derogación de la Ley de Medidas Urgentes para el Impuso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración, conocida como Ley Ómnibus; un plan extraordinario de recuperación y restauración de los ríos madrileños, o un nuevo modelo regional de gestión de residuos basado en los principios de «prevención, proximidad, economía circular y residuo cero».

También la elaboración de una estrategia territorial «que recupere la función social del urbanismo y reconozca el suelo como recurso natural finito», la aprobación de una ley de cambio climático, una nueva estrategia de calidad del aire, el fin de la suelta de peces de especies invasoras en las cabeceras de los ríos de la región, la elaboración participativa de un plan regional de movilidad sostenible y la actualización del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de fauna y flora silvestres y de árboles singulares.

Éstas se incluyen en un folleto simplificado en el que se recogen las cuestiones que los grupos ecologistas consideran «imprescindibles» para cambiar «la dinámica regresiva en materia ambiental» en la que «se han instalado los últimos gobiernos regionales».

A juicio de estas organizaciones, las elecciones del 28 de mayo representan «una oportunidad» para «dar un giro radical a las insostenibles políticas desarrolladas en los últimos 30 años», por lo que plantean estas 185 medidas con las que alcanzar «una adecuada conservación del medio ambiente», natural y urbano, además de «la mejora de la calidad de vida y de los derechos ambientales de la ciudadanía madrileña».

El objetivo de estas propuestas, subrayan, es «crear un debate interno» en el seno de las formaciones políticas y, en última instancia, que «sean recogidas en los distintos programas electorales y se apliquen posteriormente».

GUÍA BÁSICA DE MEDIDAS «CONCRETAS Y REALIZABLES»

El documento se configura, recalcan, como una «guía básica» de medidas «concretas y realizables» para aquellas agrupaciones políticas que pretendan «una intervención ambiental efectiva en la región» bajo «la necesidad de un cambio normativo estructural, de una mayor transparencia y participación ciudadana, y de poner en el centro de las políticas ambientales la conservación del medio ambiente y el bienestar de la ciudadanía».

En su comunicado, Ecologistas en Acción, Grama y Jarama Vivo han cargado contra «las políticas neoliberales aplicadas por los gobiernos regionales del Partido Popular» en la Comunidad, que a su juicio han supuesto «un completo desmantelamiento ambiental de la región», convirtiendo el medio ambiente «en un elemento supeditado a los intereses económicos» de «poderosos grupos de interés» que, insisten, «han visto las puertas abiertas para hacer negocio a través del suelo, del agua, del aire o de los valores naturales».

Las 185 propuestas han sido agrupadas en 13 epígrafes que tratan de recoger «todos los ámbitos sectoriales de la política y gestión ambiental», como urbanismo, transporte y calidad del aire, espacios naturales, gestión forestal, caza y pesca, aguas, agricultura, energía o residuos.

Asimismo, explican que todas las propuestas han sido elaboradas bajo tres ejes transversales que se insertan en cada uno de estos ámbitos, como «una regeneración normativa» y la llamada a «un cambio radical de toda la normativa ambiental levantada desde los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González» que, a su juicio, «han originado una más que palpable desregulación ambiental del territorio para favorecer intereses ajenos al general».

También «una mayor transparencia y mayor participación ciudadana» a través de mecanismos «que impidan la opacidad actual» y que permitan «de forma efectiva» la «intervención de los ciudadanos en la elaboración y el seguimiento de las políticas ambientales».

El tercer eje es la conservación de los recursos naturales y la calidad de vida de la ciudadanía «como principios básicos sobre los que deben girar todas las decisiones de la administración regional».