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Gente | Comunidad de Madrid

Víctimas de abusos podrán contactar desde hoy con el Defensor del Pueblo mediante un teléfono gratuito

Defensor del Pueblo víctimas de abusos

EUROPA PRESS – El Defensor del Pueblo atenderá a las víctimas de abusos sucedidos en el ámbito de la Iglesia Católica a partir de este miércoles 6 de julio a través del teléfono gratuito 900 111 025, presencialmente o por correo (atencionvictimas@defensordelpueblo.es), tras la constitución de la Comisión Asesora para encomendada por el Congreso de los Diputados.

El órgano está formada por 20 personas, de las que 17 son externas con experiencia en atención a víctimas, con conocimientos en el ámbito jurídico, en el de los derechos humanos, en victimología o en la docencia. Presidida por el Defensor del Pueblo, también participan en ella la adjunta primera, Teresa Jiménez-Becerril y la adjunta segunda, Patricia Bárcena.

La Comisión Asesora tiene entre sus principales objetivos determinar hechos y responsabilidades, proponer procedimientos de reparación a las víctimas e impulsar medidas de prevención y protocolos de actuación para evitar que esto pueda volver a suceder.

Junto a la Comisión Asesora, se han creado otros dos ámbitos de actuación: un Foro de Asociaciones que será el espacio en el que los representantes de las asociaciones de víctimas que lo deseen aporten su experiencia y posiciones a través de diferentes sesiones de trabajo, y una Unidad de Atención a las Víctimas.

Esta Unidad está compuesta por profesionales con experiencia en este ámbito, cuya labor será atender y escuchar a las víctimas que acudan a exponer su testimonio. Este personal técnico trabajará en una oficina específica en las inmediaciones de las dependencias de la institución Defensor del Pueblo. Además, atenderá las consideraciones de la Comisión Asesora.

En esta línea, la institución ha habilitado en su web (www.defensordelpueblo.es) la sección ‘Atención a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia católica’, con información sobre la encomienda recibida y donde se ofrecen, además, los diferentes canales donde las víctimas que lo deseen pueden trasladar sus testimonios. Esta sección en la web estará operativa a partir de este miércoles.

También a partir de este 6 de julio, las víctimas podrán contactar con los expertos de la Unidad de Atención a las Víctimas a través del teléfono gratuito 900 111 025, o presencialmente, o por correo electrónico (atencionvictimas@defensordelpueblo.es) o por correo postal: Defensor del Pueblo. Calle Zurbano, 42; Código Postal 28010.

El pasado lunes 20 de julio, el Defensor del Pueblo compareció en la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar del estado de los trabajos realizados hasta ahora acerca de la encomienda recibida del Congreso de los Diputados.

Durante su intervención, Gabilondo aseguró que la institución va a trabajar «con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad». No obstante, precisó que «no es un tribunal» ni se trata de llegar a elaborar una «sentencia».

CATEDRÁTICOS, FISCALES Y PSICOTERAPEUTAS

Entre los expertos que compondrán la Comisión Asesora hay catedráticos como Xabier Arzoz, que también es exletrado del Tribunal Constitucional; expertos en acompañamiento a víctimas de abusos sexuales, como Juan Carlos González; y psicoterapeutas como Araceli Medrano; abogados como Julián Carlos Ríos.

Asimismo, formarán parte de la misma dos fiscales: la fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, María Jesús Raimundo, y la fiscal y letrada de Igualdad y Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, María Vilches Fernández.

Además, aunque la Iglesia como institución ha rechazado formar parte de la Comisión Asesora, los obispos han asegurado su colaboración. Igualmente, en el grupo de expertos hay algunas personas relacionadas con la Iglesia como el coordinador del Proyecto ‘Repara’ del Arzobispado de Madrid, Miguel García-Baró.

Una vez finalizado el trabajo, Ángel Gabilondo presentará el informe con las conclusiones y recomendaciones ante las Cortes Generales y al Gobierno de España a fin de que se adopten las medidas necesarias. Si bien, el Defensor del Pueblo no ha concretado ninguna fecha límite para entregar el informe porque quiere escuchar a todas las víctimas.

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Mayores en situación de soledad podrán pasar las fiestas en residencias en el marco del programa Navidad en compañía

Navidad en compañía

  • Se ofrecen estancias en residencias para que pasen las fiestas acompañados los días que elijan entre el 23 de diciembre y el 7 de enero

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles el convenio para poner en marcha Navidad en compañía, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que ofrece a las personas de más de 65 años que estén en situación de soledad no deseada la posibilidad de pasar las fiestas navideñas en una residencia de mayores de la región.

Este novedoso programa forma parte de las actuaciones de la Red Regional contra la Soledad No Deseada, con la que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social quiere identificar a las personas que están viviendo esta realidad y desarrollar las intervenciones adecuadas para combatirla en colaboración con ayuntamientos, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades sociales, ha detallado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.

Navidad en compañía se va a llevar a cabo a través de un acuerdo con una de estas entidades, la Asociación Lares de Madrid, que recibirá una subvención de 173.813 euros para poner a disposición de la iniciativa un total de 200 plazas privadas en distintas residencias de la región entre el 23 de diciembre y el próximo 7 de enero.

Durante las jornadas que elijan dentro de ese periodo de 16 días, los beneficiarios disfrutarán de manera gratuita de alojamiento con pensión completa en el centro, en el que estarán acompañados por los residentes y podrán establecer relaciones con ellos, participando en todas las actividades que se desarrollan en estas instalaciones con motivo de las fechas navideñas. También se incluye el traslado desde su vivienda y la asistencia por parte de los trabajadores sociales y psicólogos del recurso

Los participantes en este programa, mayores de 65 años autónomos o dependientes en grado I (el más leve), serán localizados a través de los servicios sociales municipales, centros de mayores o servicios públicos como la teleasistencia o la ayuda a domicilio que hayan detectado esa situación de soledad no deseada, y la propia Asociación se encargará de ayudarles a presentar la solicitud y asignarles una plaza.

La iniciativa se extiende también a los refugiados ucranianos desplazados por la invasión rusa que estén solos en la región y cumplan el requisito de edad.

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La Ley de Trata exime de cárcel a puteros ocasionales que usen servicios de víctimas cuando lo denuncien a la Policía

Ley de Trata

La futura Ley de Trata recoge penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes hagan uso de servicios, prestaciones o actividades de la víctima, pero exime de las mismas a aquellos que hagan un uso ocasional y lo denuncien ante la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales.

Así consta en el anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que modifica varios artículos del Código Penal.

El texto señala que los puteros no ocasionales serán castigados, además de con penas de cárcel, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo superior entre tres y seis años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

Además, se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciera a una organización, grupo o asociación criminal que se dedique a la trata o la explotación y si se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior.

El texto también especifica que el consentimiento de la víctima será irrelevante en los delitos de trata. También crea nuevos tipos penales para castigar con penas de cárcel de 5 a 8 años los trabajos forzosos; de seis a nueve años la servidumbre; y de 8 a 12 años, la esclavitud.

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