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Gente | Comunidad de Madrid

Las librerías de Madrid denuncian problemas del Plan Accede y piden a Educación apostar por cheque-libro y precio fijo

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El Gremio de Librerías de Madrid ha denunciado este martes los problemas que acarrea al sector el Plan Accede de la Comunidad, basado en la compra centralizada de libros, y ha reclamado a la Consejería de Educación un cambio de modelo que pasa por el cheque-libro y la vuelta al precio fijo.

En concreto, este plan, que alcanza su cuarto año de vigencia en este curso 2022-2023, regula la compra centralizada de libros de texto por parte de los centros educativos de la Comunidad. Según las librerías de Madrid, «sigue haciendo estragos» entre estos establecimientos, que se enfrentan «a un futuro incierto debido a los problemas derivados del nulo interés en desarrollarlo adecuadamente».

«Las librerías temen que se vuelva a repetir el mismo escenario de incertidumbre de los cursos anteriores, dado que, aparte de otros problemas derivados de la mala gestión de dicho plan, la Consejería de Educación vuelve a agotar los plazos para dotar a los centros de los recursos económicos necesarios para la compra de los libros con las negativas consecuencias que ello trae consigo para todas las partes implicadas», ha señalado en un comunicado.

En esta línea, critican «este escenario de incertidumbre» que afecta tanto a los centros como a los numerosos establecimientos libreros «que deben gran parte de su facturación al suministro de libros de texto», una situación que provocó el cierre de 129 pequeñas librerías en 2020. Según sus datos, las librerías que trabajan en Accede «rara vez llegan al 10% de margen comercial bruto».

En este sentido, a la dirección del Gremio de Librerías de Madrid le consta que, a finales de la semana pasada, a punto de comenzar el nuevo curso escolar, aún había centros pendientes de recibir la dotación correspondiente que les permita iniciar el proceso administrativo para adquirir los libros de texto que necesita el alumnado.

Según indican las propias librerías, en el mejor de los casos, se requiere posteriormente de unas tres semanas de gestión para que cada uno de los alumnos pueda recibir su material curricular en préstamo. Por todo ello, esta entidad teme que la situación genere «demoras innecesarias que afectarán al alumnado, al profesorado y a sus equipos directivos y, por supuesto, a la cadena comercial que lleva los libros a los centros educativos».

Asimismo, desde gran parte del sector librero madrileño teme que, debido a la premura de tiempo, la Consejería de Educación no haga una correcta aplicación de la Ley 7/2017, de 27 de junio, de Gratuidad de los Libros de Texto y el Material Curricular de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a la cual se había presupuestado una partida de 50 millones de euros destinados a los centros educativos de la región.

SEÑALAN QUE EL SECTOR «PIERDE CAPACIDAD»

«El Gremio de Librerías de Madrid entiende que, si bien la Consejería de Educación ha aplicado la ley educativa en vigor –la LOMLOE o Ley Celaá–, lo ha hecho intentando minimizar las consecuencias económicas de su aplicación», ha señalado Pablo Bonet, secretario del Gremio. Algo que explicaría la recomendación de no cambiar los libros para este curso, en comunicaciones directas realizadas a los centros escolares el pasado mes de junio por parte del departamento que dirige Enrique Ossorio.

«De este modo, la Consejería consigue ahorrarse una cantidad importante de ese dinero que tenía que gastar, sin tener en cuenta la inversión realizada por el sector editorial para adecuar los materiales curriculares en tiempo y forma ante la entrada en vigor de la LOMLOE», ha explicado Bonet, quien, además, ha manifestado su «temor» y que «otra parte importante del tejido comercial de pequeñas librerías pueda desaparecer si la Consejería no arbitra alguna solución alternativa».

«El sector pierde capacidad y volumen de negocio aceleradamente, puesto que muchas librerías no pueden participar de la venta de libros, porque no han podido entrar en el Acuerdo Marco como empresas licitadoras. Por otro lado, las librerías que trabajan en Accede rara vez llegan al 10% de margen comercial bruto y en algunos casos, se ven obligadas a rechazar ofertas, porque significaría vender a pérdidas, debido a la fijación arbitraria de precios realizada por la Consejería hace cuatro años», ha indicado.

PIDEN UN CAMBIO DEL MODELO Y VOLVER AL PRECIO FIJO

En todas las reuniones mantenidas con la Consejería, tanto las librerías agrupadas en la Asociación de Pequeñas Librerías como en el Gremio, han pedido un cambio de modelo basado en la gratuidad, pero pasando por la implantación del cheque-libro.

Consideran necesario, asimismo, volver al precio fijo. «No tiene sentido el precio libre en los libros de texto, sobre todo cuando la fijación de precios en el Acuerdo Marco de 2018 se hizo sin tener en cuenta los márgenes comerciales establecidos para las librerías», ha zanjado Bonet.

«Pensamos que ambas cosas podrían volver a regular la actividad comercial de nuestros pequeños comercios y a darles la oportunidad de seguir subsistiendo», ha concluido el secretario del Gremio de Librerías de Madrid.

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Los obispos acceden a prestar su «colaboración concreta» sobre los abusos cuando Gabilondo se la solicite

obispos sobre la investigación de abusos

El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha confirmado que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, aún no les ha pedido «ninguna colaboración concreta» para su investigación sobre los abusos sexuales a menores en el ámbito eclesial y ha asegurado que los obispos están a la «espera» de dicha petición para prestar su colaboración, ya sea desde sus archivos o desde el conocimiento que tengan.

«Todavía no se nos ha solicitado ninguna colaboración concreta. Tanto el presidente de la CEE como yo mismo nos hemos entrevistado con él (el Defensor del Pueblo) y sabe bien nuestro deseo de colaboración, que no ha sido formar parte institucionalmente de la comisión –también reconoció que hay miembros de la Iglesia católica que forman parte de su grupo de trabajo–; entonces, nosotros esperamos esa petición de colaboración, pero la valoración de entusiasmo o no cuando todavía no se nos ha pedido esa colaboración, eso ya son valoraciones emocionales, cada cual puede tener las suyas, nosotros estamos dispuestos a colaborar», ha asegurado Argüello.

Así lo ha manifestado este jueves en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Permanente de la CEE, que se ha celebrado los días 27 y 28 de septiembre en Madrid, al ser preguntado por las declaraciones del Defensor del Pueblo que avanzó el pasado martes que va a pedir formas de colaboración específicas a la Iglesia y que no ve mucho «entusiasmo» entre los miembros de la Iglesia sobre su investigación.

Gabilondo indicó que estas formas de colaboración concretas pueden consistir en pedir a la Iglesia información sobre una determinada congregación, sobre un caso de abusos concreto o solicitarle que abra los archivos, aunque reconoció que esto último era un «problema» ya que los Acuerdos firmados entre la Iglesia y el Estado recogen la «inviolabilidad» de los archivos eclesiales.

Por su parte, Luis Argüello ha asegurado que colaborarán ante las peticiones que reciban sobre personas o situaciones concretas. «Haremos la aportación, si está contenido en nuestros archivos, desde nuestros archivos y, si no lo está, desde lo que hayamos vivido o conocido en este tiempo», ha remarcado.

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Casi un 60% de los estudiantes de secundaria de centros públicos identifican las noticias falsas, según la UC3M

estudiantes noticias falsas

Más de la mitad de los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) de España distingue entre noticias falsas y reales, según una de las conclusiones de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza la aproximación a los medios de comunicación de los estudiantes de los centros públicos españoles.

La investigación muestra cómo se informan estos estudiantes (de entre 11 y 16 años) y cómo se enfrentan a la desinformación, entre otros factores. «Un titular falso sobre la Covid-19 fue identificado como un bulo por el 58,8% de los estudiantes, mientras que el 51,8% dio por verdadero un titular que contenía un bulo sobre inmigración», ha señalado una de las autoras del estudio, Eva Herrero, que ha publicado este trabajo en la revista científica Comunicar junto a Leonardo La Rosa, ambos del Departamento de Comunicación de la UC3M.

En cuanto a la discriminación entre géneros periodísticos, el 92,1% dice que es capaz de distinguir entre información y opinión, pero los investigadores han comprobado que un 64,4% «confunde una pieza de opinión con un texto informativo». En relación a las plataformas preferidas para informarse, la mayoría lo hace a través de las redes sociales (55,5%), la televisión (29,1%) y sus grupos de familia y amigos (7,9%), por delante de los periódicos digitales (6,5%) o la radio (1%).

Los investigadores han estudiado cómo se enfrentan los adolescentes a los medios de comunicación desde un enfoque mixto. En primer lugar, han llevado a cabo un análisis cuantitativo, encuestando a más de 1600 estudiantes de la ESO de centros públicos de España. En segundo lugar, se han realizado más de 75 entrevistas en profundidad a docentes de este nivel de enseñanza. Según el profesorado de estos centros, existe entre los estudiantes un consumo mediático caracterizado por el «uso intensivo y acrítico de determinados medios audiovisuales y digitales como Tik Tok, Instagram o Youtube».

Tras las entrevistas realizadas a los docentes, la mayoría del profesorado de secundaria señaló la oportunidad de introducir en los planes de estudio contenidos relacionados con el funcionamiento de los medios de comunicación. En este sentido, han detectado que cuando trabajan con el alumnado en el aula en temas relacionados con los contenidos que consumen en sus redes sociales, la motivación y la atención por parte de los estudiantes es mayor.

Esta investigación, realizada con el apoyo de una Beca Leonardo a Investigadores y Creadores Culturales de la Fundación BBVA, pone en evidencia que la alfabetización mediática e informacional sigue siendo una asignatura pendiente en los planes de estudio de secundaria.

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