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Gente | Comunidad de Madrid

La Comunidad y CCOO firman un acuerdo para una subvención para realizar acciones de riesgos laborales

La Comunidad de Madrid y CCOO han firmado un acuerdo sobre la Prevención de Riesgos Laborales

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid (Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo) y la Unión Sindical de Madrid Región de Comisiones Obreras (USMR-CCOO) han firmado un acuerdo para la concesión de una subvención directa para la realización durante 2021 y 2022 de acciones incluidas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.

Según se desprende del Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) el objeto de este Convenio es instrumentar una subvención directa con la finalidad de apoyar las medidas en materia de prevención de riesgos laborales, previstas en los diversos ejes del VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid.

Ello articulándose a través del eje transversal ‘Colaboración con los agentes sociales’, que desarrolle USMR-CC.OO. en orden a impulsar una prevención de riesgos laborales «más práctica y adaptada a la realidad de las empresas y los trabajadores», lo que requiere la colaboración y el empeño de los propios trabajadores, así como el consolidar las políticas públicas en la materia y fortalecer el papel de los diferentes agentes sociales en la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

Pretenden llevar a cabo un mayor acercamiento de la prevención de riesgos laborales a todos los estamentos y contribuir a un mayor desarrollo de la cultura preventiva, a través de los Ejes y las medidas señaladas en el VI Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid 2021-2024.

Gente | Comunidad de Madrid

Facua insta al Gobierno a regular los precios del alquiler para evitar que el bono joven aumente las rentas

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EUROPA PRESS – Facua-Consumidores en Acción ha lamentado este miércoles que el Gobierno «se limite» a aprobar el bono joven de ayuda al alquiler en lugar de intervenir los precios de los arrendamientos para evitar que esta ayuda provoque un aumento de las rentas.

«La creación de esta ayuda de hasta 250 euros durante dos años para menores de 35 años puede derivar en que ese dinero público termine en manos de especuladores, que lo tendrán más fácil para inflar los arrendamientos», ha advertido la asociación en un comunicado.

Facua sostiene que el Gobierno no ha atendido las reivindicaciones de las organizaciones de la sociedad civil y teme que las ayudas solo lleguen al 1,7% de los jóvenes, según las estimaciones del Consejo de la Juventud (CJE).

«Facua insiste en que el Ejecutivo debe intervenir para reducir los precios de los alquileres en multitud de zonas del país, donde los arrendamientos están inflados y son en ocasiones prohibitivos», añade el comunicado.

El bono joven al alquiler, aprobado el martes en el Consejo de Ministros, contempla una ayuda mensual de 250 euros durante dos años para facilitar el acceso al alquiler de los jóvenes de entre 18 y 35 años.

Para poder acceder a ese monto, los solicitantes deberán contar con un contrato de alquiler y con un contrato de trabajo que no les genere ingresos superiores a tres veces el IPREM, 24.318 euros anuales.

No obstante, el límite del alquiler deberá estar en los 600 euros en el caso de los pisos y de 300 en el caso de las habitaciones. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) contempla que se puedan elevar a 900 euros y 450 euros, respectivamente, en las zonas tensionadas.

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Empleo | Comunidad de Madrid

El Gobierno estudia dar incentivos a los funcionarios que quieran trabajar más allá de los 60, según CSIF

Gobierno incentivos a los funcionarios

  • También se compromete a analizar la jubilación anticipada para sanitarios a petición del sindicato

EUROPA PRESS – El Gobierno se ha comprometido a estudiar la puesta en marcha de incentivos para los funcionarios de clases pasivas que prolonguen su vida laboral más allá de los 60 años, así como el reconocimiento de la jubilación anticipada para los empleados públicos del sector sanitario, según CSIF.

El sindicato ha mantenido una reunión con representantes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para trasladarles sus propuestas en materia de pensiones.

Una de ellas, que el Gobierno se ha comprometido a estudiar, según CSIF, es la de establecer un incentivo anual del 5%, acumulable, para el personal de clases pasivas que, con carácter voluntario, decida prorrogar su vida laboral más allá de los 60 años, con el 100% de su haber regulador (la base para calcular el importe de la pensión).

Para calcular el importe de la pensión de jubilación de los funcionarios se aplica un porcentaje que está en función de los años completos de servicios efectivos al haber regulador, cuya cuantía depende del Cuerpo o categoría del funcionario.

A la base o haber regulador que corresponda se aplica el porcentaje que procede de acuerdo con una escala en la que se tienen en cuenta los años de servicio acreditados en el Cuerpo o categoría hasta alcanzar 35 años o más, en los que se aplica el 100% al haber regulador.

Según datos de la Seguridad Social, las jubilaciones voluntarias se incrementaron un 21,9% en 2020 con respecto a la media de 2018 y 2019, aumento que CSIF achaca a la «incertidumbre» creada en el colectivo de funcionarios por el traspaso de las Clases Pasivas desde el Ministerio de Hacienda al Ministerio de la Seguridad Social.

«Este cambio de competencias y la situación económica han generado el temor de que se puedan producir recortes en la pensión», alega CSIF.

El sindicato señala que si la mitad de las 10.502 jubilaciones voluntarias de funcionarios que se produjeron en 2020 se hubieran demorado, el Estado podría haberse ahorrado 49,5 millones de euros.

CSIF defiende que su propuesta de retraso voluntario de la jubilación entre los funcionarios no sólo no genera gasto, sino que además permitiría elevar hasta un 25% la cuantía de la pensión de los funcionarios pertenecientes a Clases Pasivas «y con ello corregir la desigualdad económica con respecto al Régimen General».

En este sentido, el sindicato reclama elevar los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas para equiparar sus pensiones con las del Régimen General. «Se da la circunstancia de que en el régimen funcionarial, al computarse toda la vida laboral, se minora en mayor medida la cuantía de la pensión, fundamentalmente en aquellos casos en que el empleado público ha promocionado a cuerpos superiores. Esta situación provoca una minoración de la pensión de entre un 15% y un 35% en relación al Régimen General», expone CSIF.

JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA SANITARIOS

Otro de los compromisos que, según CSIF, ha adquirido la Seguridad Social con el sindicato es estudiar el reconocimiento de la jubilación anticipada para el personal de la Sanidad por la penosidad de sus condiciones de trabajo, estableciendo para ello coeficientes reductores, como se ha hecho con los policías locales.

Además, CSIF ha hecho otras propuestas a la Seguridad Social para el conjunto de los trabajadores que pasan por permitir la jubilación voluntaria a los 60 años con un periodo mínimo de cotización de 30 años; poder cobrar el 100% de la pensión con un periodo de cotización igual o superior a 38 años para las jubilaciones voluntarias (con menos años cotizados, descuento del 3% por cada año que reste hasta los 38 años cotizados; y permitir el acceso a la jubilación voluntaria a cualquier edad con un periodo de cotización igual o superior a 40 años.

Según CSIF, la reforma de pensiones puesta en marcha por el Gobierno con el acuerdo de los agentes sociales supone un «nuevo recorte» a los derechos de los trabajadores a la hora de acceder a la jubilación voluntaria a partir de los 35 años de cotización, ya que «podrían perder hasta 8.000 euros al año por los nuevos criterios que endurecen las condiciones de la pensión y los tramos reductores».

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