La Comunidad de Madrid ha adoptado más de 200 propuestas de particulares y empresas para reducir las trabas regulatorias y burocráticas que entorpecen la puesta en marcha y desarrollo de negocios y favorecer así la actividad económica.
En concreto, desde la aprobación del Plan de Reactivación de la Comunidad de Madrid, en mayo de 2020, se han incorporado un total de 205 reformas de mejora regulatoria, simplificación administrativa y derogación normativa, de las cuales el 75% ya están ejecutadas y el resto en proceso de tramitación.
En cuanto a las ya ejecutadas, el 35% han requerido una reforma de norma con rango de ley. Además, el 78% ha supuesto una mejora regulatoria y el resto se ha traducido en una simplificación burocrática.
Así lo ha detallado el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, en la presentación del balance de su segundo año en la sede de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM).
HACER QUE LA BUROCRACIA SEA «MENOS IMPOSIBILITADORA»
«Queremos que la regulación sea menos problemática e imposibilitadora de lo que es para las empresas. Es la diferencia entre un Gobierno de la Comunidad que ve a las empresas como algo positivo y un Gobierno de España que lo ve como negativo», ha remarcado Lasquetty.
Ha defendido que en España hay un «exceso de regulación» que muchas veces lastra la Economía y puede disuadir a inversores extranjeros que entienden la burocracia como un problema. Dinero, coste y efectivos humanos se ven afectados negativamente por este exceso de normas. «Por cada aumento del 1% de la carga normativa en España cierran 1.700 empresas», ha cifrado el consejero.
De las 205 propuestas recibidas, el 21% están vinculadas a la Consejería de Medio Ambiente; 17% a Sanidad; 15% a Economía, Hacienda y Empleo, y el 11% a Políticas Sociales, según figura en el ‘Informe anual de lucha contra la hiperregulación’ de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo.
En esa Línea Abierta los interesados pueden describir las barreras que encuentran en aquella normativa sobre la que se rige su actividad y cómo afecta a la hora de poner en marcha sus proyectos. Además, facilita aportar opciones de mejora para estudiar su viabilidad y analizar, en coordinación con las distintas consejerías de la Comunidad de Madrid, de qué manera modificar o suprimir toda aquella regulación que haya podido quedar obsoleta.
Sobre ella, Lasquetty la ha situado como uno de los ejes de este objetivo de aliviar la carga burocrática junto al propio análisis desde la Comunidad hacia adentro. «Menos y mejores leyes implica más flexibilidad, mejores ideas, más competitividad y más crecimiento», ha proseguido el titular madrileño de Economía, quien ha reclamado a los empresarios «colaboración» para identificar cuáles son las normas a aligerar.
INICIATIVAS INCORPORADAS
En este marco, en el área medioambiental de la normativa, destacan iniciativas como la sustitución por declaración responsable de la autorización para ocupar terrenos de vías pecuarias de forma temporal para la práctica de actividades recreativas o deportivas o en las labores de poda en terreno privado.
También la adaptación de la normativa en materia de residuos y suelos contaminados a la legislación estatal básica y la sustitución de la normativa obsoleta relativa a la gestión de pilas y acumuladores figuran entre las propuestas.
Otras medidas han sido la supresión de la necesidad de informe o supervisión de proyectos por la Administración autonómica, para los contratos de obras municipales incluidos en el programa regional de inversiones y servicios, o que agentes de otras regiones puedan desarrollar su actividad en la Comunidad sin requisitos adicionales (Ley de Mercado Abierto).
Además, ha visto luz verde la flexibilización del régimen de las cooperativas de trabajo; la reducción de cargas administrativas para la obtención de las hojas de reclamaciones o la supresión de los trámites administrativos innecesarios en la realización de actividades artesanas; la libertad de elección de Oficina de Empleo.
Igualmente lo han hecho la nueva oficina virtual para el contribuyente, la ampliación de horario de terrazas, o la reducción de los plazos de tramitación y resolución del procedimiento de Renta Mínima de Inserción, entre otras.
LA LEY ÓMNIBUS
El Gobierno madrileño ha puesto en marcha medidas para luchar contra la hiperregulación con el objetivo de que «la actividad económica, la innovación y el empuje de la sociedad no se vean obstaculizados por una profusión de cargas administrativas y una legislación obsoleta, alejada de la realidad actual». Entre ellas, destaca la Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid, conocida como ‘Ley Ómnibus’.
Esta norma, que actúa sobre 50 textos normativos, procediendo a la derogación total o parcial de 4 leyes y 4 decretos, fue aprobada el pasado mes de diciembre con el objetivo de dotar de mayor dinamismo a la actividad económica, adaptar la legislación y modernizar la Administración. A ello se une la Aceleradora de Inversiones, para agilizar los proyectos de especial interés para la región.
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