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Gente | Comunidad de Madrid

Facua acusa a la Comunidad de «pasividad» ante las subidas del alquiler y pide una ley que proteja a los inquilinos

Facua subidas del alquiler

  • La asociación pide que se proteja a la gente de especulación del suelo y que se reajusten los contratos a precios justos y condiciones estables

EUROPA PRESS – Facua-Consumidores en Acción ha acusado este martes al Gobierno de la Comunidad de Madrid de «pasividad» ante las subidas del alquiler y pide una ley que proteja a los inquilinos de la especulación del suelo «y que se reajusten los contratos a precios justos y condiciones estables».

La asociación de consumidores se ha dirigido a la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda para pedirle que intervenga en la «desproporcionada subida» en el precio del alquiler de las viviendas gestionadas por fondos buitres como Blackstone, a través de sus socimis Fidere y Testa.

«No es solo un problema de los inmuebles gestionados por estas empresas, sino que se trata de algo endémico que ocurre en toda la Comunidad ante la pasividad del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso a la hora de aplicar leyes que protejan a los usuarios y ayudas destinadas a las personas con menos recursos», consideran.

Por ello, Facua Madrid se ha dirigido por escrito en varias ocasiones a la Consejería de Vivienda con el fin de que trabaje en una normativa que proteja a los inquilinos «de la especulación del suelo que hacen muchas empresas». Piden además que se reajusten las condiciones del alquiler a precios y plazos justos y adecuados, y se ofrezcan contratos con condiciones «estables y dignas».

En esta ocasión, la asociación también se ha dirigido al Defensor del Pueblo para solicitarle que intervenga y les proteja ante dichas prácticas abusivas.

Facua también ha mostrado su apoyo al Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que lleva tiempo denunciando la situación en la que se encuentran muchos usuarios «al ver cómo el precio de su alquiler ha subido casi un 60 por ciento». Según sus últimos datos, los vecinos de Torrejón de Ardoz, Alcorcón y del madrileño distrito de Vallecas han visto cómo para renovar su contrato con dichos fondos «les piden pasar de pagar unos 740 a 1.176 euros al mes».

A su vez, desde el sindicato también denuncian que ofrecen condiciones diferentes a los inquilinos en el marco de las negociaciones individuales, otorgándoles distintos porcentajes de subida, «así como distintos plazos de prórroga y a algunos mayores beneficios que otros, con el fin de evitar una negociación colectiva».

COMUNIDAD DE MADRID: «EL PROBLEMA NO ES DE DEMANDA, SINO DE OFERTA»

En respuesta a estas demandas, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda han explicado a Europa Press que el problema actual de la vivienda no es de demanda sino de oferta. Por eso trabajan en políticas de fomento del alquiler ligadas al incremento de la oferta, «lo que necesariamente lleva a una reducción de los precios».

Por otro lado, la Consejería señala que avanza en medidas que aumenten la seguridad jurídica de los propietarios de los inmuebles. Lo hace mediante seguros de impago de rentas –como se ofrece en el Plan Alquila y que alcanza hasta dos años en el caso de jóvenes menores de 35 años–, y ofreciendo la seguridad de recuperar la vivienda mediante el Consejo Arbitral del Alquiler. Además, actúa mediante políticas antiokupación, recalcan.

«Este modelo basado en la movilización de la oferta, la seguridad y los incentivos está intensificando la política de deducciones fiscales para jóvenes y familias, simplificando los trámites administrativos y estableciendo nuevos planes para fomentar tanto la compra como el alquiler de viviendas. Y está funcionando, porque la única región de España que experimentó un descenso en los alquileres en 2021 fue precisamente la Comunidad de Madrid», indican desde el departamento que dirige Paloma Martín.

El Gobierno regional ya ha licitado el 40% de las 191 parcelas del Plan de venta de suelo público. Y, en el año que queda de legislatura, mediante la construcción de las viviendas del Plan VIVE (5402 viviendas) y el incremento de inmuebles de la Agencia de Vivienda Social (más de 1000 viviendas) se conseguirá incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler en suelos de la Comunidad de Madrid en un 25% respecto a la actual, que es de unas 25.000 viviendas. «Esto contribuirá de manera fundamental, junto con la oferta privada, a la reducción de los precios», explican.

La Consejería ha destacado que también se ha intensificado la política de deducciones fiscales para los jóvenes que quieren alquilarse o comprar una vivienda. «Promovemos el alquiler desde un papel intermediador, poniendo en contacto al posible inquilino con el futuro arrendador, además de reforzar la seguridad de cobro de los propietarios al ampliar a dos años el seguro de impago de las rentas. Y como Madrid es la región que más vivienda protegida genera, se va a seguir ampliando el parque de vivienda social con 1.741 viviendas adicionales», añaden.

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Pérez celebra el sobreseimiento provisional del caso amianto y reitera su «firme» apoyo a los afectados y su familia

EUROPA PRESS – El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha celebrado este miércoles el sobreseimiento provisional del caso amianto y ha reiterado su «firme compromiso» tanto en la lucha contra el asbesto como en el «apoyo» a los afectados por esta sustancia cancerígena y sus familiares.

Desde la Consejería han remarcado a Europa Press que desde que Pérez llegase al área se han intensificado las medidas de lucha contra el amianto y, además, se buscó cambiar la postura del suburbano en esta cuestión, que llevaba años judicializada.

Este viraje ha concluido en el acuerdo alcanzado entre Metro, la Fiscalía, sindicatos y afectados este julio para las indemnizaciones que abrió la puerta al fin del conflicto judicial. A esto se sumó el escrito de la Fiscalía de la pasada semana solicitando el archivo del caso y este miércoles el sobreseimiento provisional.

La Fiscalía como parte de sus motivos para cerrar el caso insistió en que la empresa Metro de Madrid ha efectuado las gestiones adecuadas para tratar de reparar el daño de los trabajadores enfermos y sus familias, además de los trabajos para eliminar el riesgo existente desde 2017 cumpliendo con la normativa en prevención de riesgos.

Las mismas fuentes han recalcado que para esta lucha contra el asbesto en un primer momento se provisionó 140 millones y a día de hoy la inversión para el desamiantado se estima en 170 millones de euros hasta 2028, de los que ya se han comprometido más de 62 millones.

En 2018, comenzaron los trabajos enmarcados dentro del Plan de Desamiantado, que actualmente continúan en proceso y se encuentra en un «alto grado de ejecución», en un 46,8%. Metro ha licitado más de un centenar de contratos durante todo este tiempo para llevar a cabo el desamiantado de trenes e instalaciones, por ejemplo los que se están efectuando este verano en la L6 con el correspondiente cierre entre Nuevos Ministerios y Sainz de Baranda o el Plan de Accesibilidad y Modernización de Estaciones o la reseñalización de las líneas 7 y 9.

EL ACUERDO

El acuerdo alcanzado la pasada semana fija que el importe global que Metro pagará tras la firma asciende a 7.359.176,13 euros correspondientes a las indemnizaciones a 7 trabajadores y a los familiares de otros 13.

Para aquellos empleados con enfermedad profesional reconocida que hayan derivado en Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual se ha establecido una indemnización de 140.000 euros, mientras que para los de Incapacidad Permanente Absoluta para toda Profesión se ha acordado que ascienda a 190.000 euros.

En caso de que el trabajador haya fallecido, el cónyuge percibirá 200.000 euros. En cuanto a los hijos, la cuantía varía en función de si existe o no convivencia y dependencia económica con el trabajador (entre 66.650 y 115.525 euros).

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La DGT intensificará esta semana la vigilancia sobre el consumo de drogas y alcohol en los conductores

EUROPA PRESS – La Dirección General de Tráfico desarrollará esta semana, hasta el 14 de agosto, una campaña especial de vigilancia y control sobre el consumo de drogas y alcohol durante la conducción, dado que estas sustancias suponen uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tráfico y se hallan en casi la mitad de los fallecidos en accidente.

Así, la DGT recuerda que esta época de vacaciones y fiestas patronales, es importante recordar que, al volante, la única tasa segura es 0,0%.

De acuerdo con los datos de la Memoria 2021 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el análisis toxicológico del 90 por ciento de las víctimas mortales en siniestros de tráfico, refleja que en el 49,4 por ciento de los fallecidos en carretera en 2021 se detectó la presencia de alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación.

Asimismo, la Memoria, presentada hace unos días por la ministra de Justicia, Pilar Llop, concluye que el 75 por ciento de los conductores positivos arrojó una tasa de alcoholemia muy alta, igual o superior a 1,2 gramos por litro.

Ante esta realidad, durante esta semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24%) de los accidentes mortales.

En concreto, establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Al mismo tiempo, para disuadir del consumo de estas sustancias en la conducción en todo tipo de vías, Tráfico invita a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.

La DGT en que la única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, el riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado. Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial el pasado mes de marzo.

Tráfico pide tolerancia cero para impedir que personas que hayan bebido o ingerido cualquier tipo de drogas se pongan al volante y, en cualquier caso insta a evitar subirse siempre a un vehículo en el que el conductor esté en esas condiciones.

En 2021 la Fiscalía de Seguridad Vial interpuso más de 53.200 acusaciones y más de 54.700 sentencias condenatorias por conducción bajo la influencia del alcohol o de las drogas, el delito más importante en términos absolutos de todos los delitos viales.

Desde la entrada en vigor del permiso de conducción por puntos, alrededor del 12 por ciento de los infractores sancionados y del 14 por ciento de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida.

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