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Gente | Comunidad de Madrid

El TSJM reconoce que las restricciones de acceso de abogados en los juzgados carece de amparo normativo

EUROPA PRESS – El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, ha remitido al decano del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) un acuerdo adoptado por la Sala de Gobierno del TSJM que reconoce que las restricciones de acceso a abogados y procuradores en algunas de las dependencias de los órganos judiciales carecen de amparo normativo o reglamentario.

Según ha informado el ICAM en un comunicado, este acuerdo es resultado de las reiteradas solicitudes y conversaciones que el decano del ICAM, José María Alonso, y el departamento de Defensa de la Abogacía del ICAM han tenido durante meses con el Alto Tribunal madrileño con el objetivo de terminar con las medidas de limitación y restricción de acceso a las dependencias judiciales que vienen sufriendo los letrados y letradas en el ejercicio de su profesión.

Tal y como reconoce el presidente del TSJ en el acuerdo, las restricciones de entrada a abogados y procuradores «ni se contemplaba en el artículo 18 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia».

Tampoco figura en «la Tercera Actualización de la Guía de Buenas prácticas y adopción de medidas de Salud Profesional aprobada por Acuerdo de 12 de agosto de 2021, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, al haberse suprimido la mención a «profesionales» en el apartado VIII-4″, por lo que solicita la notificación de este acuerdo a todos los órganos judiciales del territorio.

El decano ha destacado que se trataba de «una cuestión» que les preocupaba enormemente en tanto que «se estaba impidiendo a los profesionales de la abogacía realizar su labor de forma digna cuando acudían diariamente a las oficinas judiciales para realizar distintos trámites, tomar vista de las actuaciones o solicitar cualquier tipo de información sobre la tramitación de un procedimiento, limitándoles el libre acceso al interior de la oficina judicial».

Y ello se hacía mediante «la instalación de verdaderas ‘barricadas’ o barreras físicas, conformadas con mesas, mamparas o carteles con mensajes prohibiendo el acceso, con un contenido que en muchos casos podríamos calificar incluso de desconsiderados, no solo para los profesionales, sino también para la ciudadanía».

«Se trata de una situación ante la que no podíamos permanecer inactivos y frente a la que hemos estados trabajando incansablemente desde el Colegio a través de Defensa de la Abogacía. Por supuesto continuaremos realizando un seguimiento diario, hasta que tengamos constancia de que los compañeros y compañeras pueden transitar libremente para realizar debidamente su trabajo por cualquier oficina judicial», ha recalcado.

El Departamento de Defensa de la Abogacía ha agradecido a todos los letrados que han dado traslado al Colegio de la situación que se estaba viviendo en los Juzgados y que ha permitido formular las quejas pertinentes y poner en marcha distintas acciones para terminar con esta situación que afecta gravemente a la dignidad de la profesión y al ejercicio del derecho de defensa.

En ese sentido, seguirán trabajando para perfeccionar los canales de recepción de incidencias a través de «Justicia en imágenes» de la App +ICAM para seguir denunciando situaciones de este tipo.

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Gente | Comunidad de Madrid

Mayores en situación de soledad podrán pasar las fiestas en residencias en el marco del programa Navidad en compañía

Navidad en compañía

  • Se ofrecen estancias en residencias para que pasen las fiestas acompañados los días que elijan entre el 23 de diciembre y el 7 de enero

El Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles el convenio para poner en marcha Navidad en compañía, una iniciativa de la Comunidad de Madrid que ofrece a las personas de más de 65 años que estén en situación de soledad no deseada la posibilidad de pasar las fiestas navideñas en una residencia de mayores de la región.

Este novedoso programa forma parte de las actuaciones de la Red Regional contra la Soledad No Deseada, con la que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social quiere identificar a las personas que están viviendo esta realidad y desarrollar las intervenciones adecuadas para combatirla en colaboración con ayuntamientos, organizaciones sin ánimo de lucro y entidades sociales, ha detallado el vicepresidente y consejero de Educación y Universidades, Enrique Ossorio, en rueda de prensa.

Navidad en compañía se va a llevar a cabo a través de un acuerdo con una de estas entidades, la Asociación Lares de Madrid, que recibirá una subvención de 173.813 euros para poner a disposición de la iniciativa un total de 200 plazas privadas en distintas residencias de la región entre el 23 de diciembre y el próximo 7 de enero.

Durante las jornadas que elijan dentro de ese periodo de 16 días, los beneficiarios disfrutarán de manera gratuita de alojamiento con pensión completa en el centro, en el que estarán acompañados por los residentes y podrán establecer relaciones con ellos, participando en todas las actividades que se desarrollan en estas instalaciones con motivo de las fechas navideñas. También se incluye el traslado desde su vivienda y la asistencia por parte de los trabajadores sociales y psicólogos del recurso

Los participantes en este programa, mayores de 65 años autónomos o dependientes en grado I (el más leve), serán localizados a través de los servicios sociales municipales, centros de mayores o servicios públicos como la teleasistencia o la ayuda a domicilio que hayan detectado esa situación de soledad no deseada, y la propia Asociación se encargará de ayudarles a presentar la solicitud y asignarles una plaza.

La iniciativa se extiende también a los refugiados ucranianos desplazados por la invasión rusa que estén solos en la región y cumplan el requisito de edad.

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Gente | Comunidad de Madrid

La Ley de Trata exime de cárcel a puteros ocasionales que usen servicios de víctimas cuando lo denuncien a la Policía

Ley de Trata

La futura Ley de Trata recoge penas de cárcel de entre uno y cuatro años para quienes hagan uso de servicios, prestaciones o actividades de la víctima, pero exime de las mismas a aquellos que hagan un uso ocasional y lo denuncien ante la autoridad que tenga el deber de proceder a su averiguación antes de la apertura del procedimiento o de las correspondientes diligencias policiales o judiciales.

Así consta en el anteproyecto de Ley, al que ha tenido acceso Europa Press, que ha sido aprobado este martes por el Consejo de Ministros y que modifica varios artículos del Código Penal.

El texto señala que los puteros no ocasionales serán castigados, además de con penas de cárcel, con inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por un tiempo superior entre tres y seis años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este Código.

Además, se impondrá la pena superior en grado cuando el culpable perteneciera a una organización, grupo o asociación criminal que se dedique a la trata o la explotación y si se dedicare a la realización de tales actividades. Cuando se trate de los jefes, administradores o encargados de dichas organizaciones o grupos, se les aplicará la pena en su mitad superior.

El texto también especifica que el consentimiento de la víctima será irrelevante en los delitos de trata. También crea nuevos tipos penales para castigar con penas de cárcel de 5 a 8 años los trabajos forzosos; de seis a nueve años la servidumbre; y de 8 a 12 años, la esclavitud.

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