El sector de la dependencia comenzará mañana con movilizaciones, que llegarán a la Consejería de Política Social

• CCOO pide acabar con el «éxodo masivo» de trabajadores de residencias

EUROPA PRESS – El sector de la dependencia en la Comunidad de Madrid comenzará mañana con movilizaciones en la región, ampliadas también a nivel nacional, y que llegarán el próximo martes a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social para reclamar que se aumente el personal de las residencias y centros de día, se suban los sueldos y se aumente la financiación.

En rueda de prensa, el secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Madrid, Mariano Martín-Maestro, ha informado de que este martes se iniciará la primera concentración para reclamar mejoras en este sector en la sede la patronal –en la calle Diego de León, 50– y continuará el próximo martes 28 de septiembre en la Consejería.

Se trata de unas concentraciones que se realizarán a nivel nacional, para pedir un desbloqueo de la negociación de convenio colectivo para el sector de las residencias y centros de día para mayores y personas dependientes, a lo que se sumarán movilizaciones en todas las comunidades autónomas.

En concreto, en la Comunidad de Madrid, la coordinadora de acción sindical del sector en Madrid, María José Frontino, ha afirmado que la situación en la región es «especialmente alarmante después de dos décadas de políticas del PP».

Así, ha criticado que las residencias madrileñas han pasado a estar en manos de «concentraciones empresariales» y a ser una «oportunidad de negocio para fondos buitres y empresas no especializadas en el sector como aseguradoras o constructoras». «Esto ya era una situación alarmante antes de la pandemia y se encontró con el caldo de cultivo perfecto para arrasar», ha relatado.

«DETERIORO DE LA CALIDAD»

En concreto, ha indicado que de los 500 centros de día y residencias solo 25 son totalmente públicos, lo que ha conllevado un «deterioro de la calidad» y ha ocasionado un «éxodo masivo de trabajadoras a otros sectores».

Frontino ha detallado que una enfermera en residencia no llega a cobrar ni 1.400 euros, por lo que las trabajadores van en busca de unas mejores condiciones laborales y salariales. «Nos parece que es suficientemente grave para que se tomen medidas. Mientras no se firmen unas condiciones dignas, el éxodo va a seguir siendo masivo», ha alertado.

Sin embargo, la responsable de la acción sindical de la dependencia en Madrid ha destacado la firma del acuerdo marco para este sector, del que ha alertado que siguen sin estar en marcha y todavía están pendiente de la publicación de licitaciones.

Sobre la relación con la Consejería de Política Social, ha señalado que se reunieron el pasado mes de febrero para firmar este acuerdo marco y que, desde entonces, no ha habido más negociación. A ello, Martín-Maestro ha añadido que les han enviado dos escritos: uno de ellos fue atendido y del otro recibieron una «respuesta muy difusa» en la que invitaban a remitir más documentación.

Por su parte, la secretaria del sector de Dependencia de CC.OO. Madrid, Juani Peñafiel, ha recordado que se trata de un sector muy feminizado –un 92% de las trabajadores en la Comunidad de Madrid son mujeres– y que muchas de ellas se ven obligadas a combinar dos puestos de trabajo diferentes para llegar a final de mes.

RATIOS AL MÍNIMO

«Las ratios siempre están al mínimo, es una cosa que llevamos luchando durante mucho tiempo. La sobrecarga de trabajo es brutal», ha reprochado.

Sobre las residencias, y en el caso concreto de la Comunidad de Madrid, han recordado que más de 11.300 mayores han fallecido en ellas durante la pandemia de los cuales «el 73% no fueron trasladados a un hospital». «Muchos de los profesionales de estas residencias tuvieron que afrontar la catástrofe sin equipos de protección individual y con unas ratios de personal/bajo mínimo», han denunciado.

«Madrid ha mostrado durante la pandemia el mayor exceso de mortalidad en residencias de todo el país; 52,9%», han subrayado desde CC.OO. y han criticado que en la región se llevó a cabo un protocolo de «exclusión de la atención sanitaria en los hospitales de referencia a los residencias enfermos que tenían deterioro cognitivo o discapacidad motriz», a lo que se suma la no medicalización de residencias.

Por último, han indicado que el convenio de la dependencia es de ámbito estatal y afecta en torno a 275.000 trabajadores en todo el país, para los que CC.OO. pide mejoras salariales. Añaden que los salarios en el sector están «por debajo de los 1.000 euros» y que, por ejemplo, una gerocultora tiene un salario de en torno a 997 euros.