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Gente | Comunidad de Madrid

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil afea a Ayuso su «silencio» ante la Cañada Real: «Percibimos nulo interés»

EUROPA PRESS –  El Alto Comisionado para la lucha contra la Pobreza Infantil del Gobierno de España, Ernesto Gasco, ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su «nulo interés» por la situación que viven los vecinos de la Cañada Real que llevan ocho meses sin electricidad y que, precisamente, este jueves, elevaron una petición al Parlamento Europeo denunciando la vulneración de derechos humanos que sufren.

«Hemos dirigido cuatro o cinco cartas a la presidenta de la Comunidad de Madrid porque, al ser un tema urbanístico, la comunidad es competente al cien por cien. Desde el Gobierno de España le hemos mandado los programas que existen de vivienda para favorecer reubicaciones en otras zonas, estamos a su disposición para colaborar en la búsqueda de una solución pero, a día de hoy, seguimos percibiendo un nulo interés por parte de la comunidad en esta cuestión y creemos que eso no es correcto ni adecuado», ha criticado Gasco en una entrevista concedida a Europa Press.

Tras «lamentar profundamente» el «silencio» de la Comunidad de Madrid, el Alto Comisionado ha defendido que los vecinos de la Cañada Real deben tener garantizado «un suministro de electricidad básico, tanto en invierno, con las calefacciones, como en verano, con la refrigeración y el frigorífico para mantener los alimentos».

Para Gasco, esa solución pasa por la necesidad de reactivar el pacto regional y de mantener un «diálogo interinstitucional» y, en ese sentido, desde el Gobierno ofrecen toda su «predisposición a dialogar». «Es una solución compleja que requerirá de acuerdos entre todos y nos ofrecemos a la delegada del Gobierno en Madrid a ayudar en todo lo que podamos», ha asegurado.

Mientras tanto, según ha precisado, solo se pueden buscar «soluciones transitorias» o «parches», como la colocación de placas solares, para que estas familias de la Cañada Real puedan tener unos suministros eléctricos básicos.

«Pero la mejor solución sería que la Comunidad de Madrid se implicara; cualquier solución que no contemple a la Comunidad de Madrid serán parches, mejoras que habrá que hacer. El silencio de la Comunidad de Madrid lo lamentamos profundamente», ha declarado.

A Gasco le gustaría que Ayuso se refiriese al problema de la Cañada Real con motivo de su investidura y le recuerda que aunque la Comunidad de Madrid es «una de las más ricas», también es «la zona de España con mayor número de niños en pobreza», con «370.000» menores en esta situación en el área metropolitana. «Es muy desigual la distribución de las rentas y eso a medio o largo plazo puede suponer un problema, estamos a tiempo de solucionarlo», ha concretado.

EL CASO SE ELEVA AL PARLAMENTO EUROPEO

Precisamente, la Asociación de Mujeres Tabadol, en representación de los vecinos del Sector 6 de la Cañada Real, ha elevado una petición al Parlamento Europeo denunciando la vulneración de derechos humanos que sufren por los cortes de luz desde hace ocho meses.

El pasado mes de febrero el Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza, Olivier De Schutter, instó al Gobierno de España a actuar. En concreto, reprochó al Gobierno que no se hiciera «responsable» de lo que estaba sucediendo en la Cañada Real, añadiendo que «lo irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno».

El Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil respondió entonces que la competencia es de la comunidad autónoma de Madrid. «A veces desde el exterior no se comprende pero nuestro respeto es máximo a las competencias que tienen en exclusividad las comunidades autónomas y corporaciones locales», indicó en aquel momento.

La Cañada Real también ha pedido ayuda al Defensor del Pueblo, el cual también llamó la atención al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que actúe y tome medidas que acaben con esta «grave» situación.

LA COMUNIDAD SEÑALA QUE SE TRABAJA PARA COMPLETAR EL PACTO REGIONAL

Por su parte, fuentes del Gobierno regional han remarcado a Europa Press que el suministro eléctrico es «ilegal y fraudulento», por lo que es «difícil hablar de devolución», porque primero habría que hablar de cómo llevar la electricidad «dentro de la legalidad» sobre las dificultades derivadas de la «clasificación urbanística» del suelo.

«Partimos de la base de que estamos en un asentamiento donde hay ocupaciones ilegales porque la clase del suelo impide los asentamientos que allí se producen. La totalidad de las edificaciones, especialmente en el Sector VI, son absolutamente ilegales», han insistido.

Al hilo, han recordado que desde el Comisionado para la Cañada Real se trabaja en completar el Pacto Regional destinado a dar respuesta a la población de este enclave, de más de 7.000 personas, entre la que figuran los realojos.

«Es complicado volver a una situación de normalidad anterior a los cortes, porque ya de por sí no era legal, adecuado ni acorde a la normativa vigente», han zanjado.

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Gente | Comunidad de Madrid

Pérez celebra el sobreseimiento provisional del caso amianto y reitera su «firme» apoyo a los afectados y su familia

EUROPA PRESS – El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, ha celebrado este miércoles el sobreseimiento provisional del caso amianto y ha reiterado su «firme compromiso» tanto en la lucha contra el asbesto como en el «apoyo» a los afectados por esta sustancia cancerígena y sus familiares.

Desde la Consejería han remarcado a Europa Press que desde que Pérez llegase al área se han intensificado las medidas de lucha contra el amianto y, además, se buscó cambiar la postura del suburbano en esta cuestión, que llevaba años judicializada.

Este viraje ha concluido en el acuerdo alcanzado entre Metro, la Fiscalía, sindicatos y afectados este julio para las indemnizaciones que abrió la puerta al fin del conflicto judicial. A esto se sumó el escrito de la Fiscalía de la pasada semana solicitando el archivo del caso y este miércoles el sobreseimiento provisional.

La Fiscalía como parte de sus motivos para cerrar el caso insistió en que la empresa Metro de Madrid ha efectuado las gestiones adecuadas para tratar de reparar el daño de los trabajadores enfermos y sus familias, además de los trabajos para eliminar el riesgo existente desde 2017 cumpliendo con la normativa en prevención de riesgos.

Las mismas fuentes han recalcado que para esta lucha contra el asbesto en un primer momento se provisionó 140 millones y a día de hoy la inversión para el desamiantado se estima en 170 millones de euros hasta 2028, de los que ya se han comprometido más de 62 millones.

En 2018, comenzaron los trabajos enmarcados dentro del Plan de Desamiantado, que actualmente continúan en proceso y se encuentra en un «alto grado de ejecución», en un 46,8%. Metro ha licitado más de un centenar de contratos durante todo este tiempo para llevar a cabo el desamiantado de trenes e instalaciones, por ejemplo los que se están efectuando este verano en la L6 con el correspondiente cierre entre Nuevos Ministerios y Sainz de Baranda o el Plan de Accesibilidad y Modernización de Estaciones o la reseñalización de las líneas 7 y 9.

EL ACUERDO

El acuerdo alcanzado la pasada semana fija que el importe global que Metro pagará tras la firma asciende a 7.359.176,13 euros correspondientes a las indemnizaciones a 7 trabajadores y a los familiares de otros 13.

Para aquellos empleados con enfermedad profesional reconocida que hayan derivado en Incapacidad Permanente Total para su Profesión Habitual se ha establecido una indemnización de 140.000 euros, mientras que para los de Incapacidad Permanente Absoluta para toda Profesión se ha acordado que ascienda a 190.000 euros.

En caso de que el trabajador haya fallecido, el cónyuge percibirá 200.000 euros. En cuanto a los hijos, la cuantía varía en función de si existe o no convivencia y dependencia económica con el trabajador (entre 66.650 y 115.525 euros).

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Gente | Comunidad de Madrid

La DGT intensificará esta semana la vigilancia sobre el consumo de drogas y alcohol en los conductores

EUROPA PRESS – La Dirección General de Tráfico desarrollará esta semana, hasta el 14 de agosto, una campaña especial de vigilancia y control sobre el consumo de drogas y alcohol durante la conducción, dado que estas sustancias suponen uno de los principales factores de riesgo en los siniestros de tráfico y se hallan en casi la mitad de los fallecidos en accidente.

Así, la DGT recuerda que esta época de vacaciones y fiestas patronales, es importante recordar que, al volante, la única tasa segura es 0,0%.

De acuerdo con los datos de la Memoria 2021 de Hallazgos Toxicológicos en Víctimas de Accidente de Tráfico elaborada por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, el análisis toxicológico del 90 por ciento de las víctimas mortales en siniestros de tráfico, refleja que en el 49,4 por ciento de los fallecidos en carretera en 2021 se detectó la presencia de alcohol, drogas o psicofármacos, aisladamente o en combinación.

Asimismo, la Memoria, presentada hace unos días por la ministra de Justicia, Pilar Llop, concluye que el 75 por ciento de los conductores positivos arrojó una tasa de alcoholemia muy alta, igual o superior a 1,2 gramos por litro.

Ante esta realidad, durante esta semana los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil (ATGC) intensificarán los controles sobre este factor de riesgo causante de casi un cuarto (24%) de los accidentes mortales.

En concreto, establecerán puntos de control en todo tipo de carreteras y a cualquier hora del día para evitar que personas que hayan ingerido alcohol o hayan consumido drogas circulen por las carreteras.

Al mismo tiempo, para disuadir del consumo de estas sustancias en la conducción en todo tipo de vías, Tráfico invita a los ayuntamientos de más de 25.000 habitantes para que se sumen a la campaña, con el establecimiento de controles en sus respectivos cascos urbanos.

La DGT en que la única tasa segura es 0,0% ya que, aún con tasas de alcoholemia dentro de los márgenes legales permitidos, el riesgo de provocar un accidente puede verse incrementado. Además, 0,0% es la tasa, tanto en sangre como en aire espirado, que deben respetar los conductores menores de edad que conduzcan cualquier vehículo tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial el pasado mes de marzo.

Tráfico pide tolerancia cero para impedir que personas que hayan bebido o ingerido cualquier tipo de drogas se pongan al volante y, en cualquier caso insta a evitar subirse siempre a un vehículo en el que el conductor esté en esas condiciones.

En 2021 la Fiscalía de Seguridad Vial interpuso más de 53.200 acusaciones y más de 54.700 sentencias condenatorias por conducción bajo la influencia del alcohol o de las drogas, el delito más importante en términos absolutos de todos los delitos viales.

Desde la entrada en vigor del permiso de conducción por puntos, alrededor del 12 por ciento de los infractores sancionados y del 14 por ciento de los puntos detraídos han estado relacionados con el hecho de conducir con una tasa de alcohol superior a la establecida.

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