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Gente | Comunidad de Madrid

Defensor del Pueblo pide a la Comunidad que elimine el requisito de no estar ‘okupando’ para pedir una vivienda social

EUROPA PRESS.- El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid que elimine del decreto del Parque de Viviendas de Emergencia Social, que regula su adjudicación, el epígrafe en el que se establece como requisito no encontrarse «okupando una vivienda o inmueble sin suficiente para ello y sin el consentimiento del titular».

Así se recoge en si Informe Anual de 2020 en el que subraya que el Estado debe de eliminar la exclusión automática de las listas de solicitantes de vivienda de «todas aquellas personas que se encuentren okupando una vivienda por estado de necesidad».

Dedica un epígrafe al fenómeno de la okupación, que define como «una realidad compleja desde el punto de vista jurídico», ya que hay «al menos cuatro casos distintos» y diferencia entre la okupación del domicilio habitual de una persona, la de una propiedad de un particular que no sea domicilio habitual; la de una entidad bancaria, fondo de inversión o «gran tenedor de vivienda» que no puede considerarse domicilio; y la de una propiedad pública.

Destaca también que en el caso de las personas que tienen una «necesidad efectiva de vivienda» suelen ser «mujeres, fundamentalmente con hijos a cargo, el colectivo más vulnerable y castigado, y las que con más frecuencia acuden a esta institución solicitando auxilio».

Censura, además, que en la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020 no menciona el fenómeno de la ocupación ilegal, a pesar de ser «digno de atención», y añade que en una resolución de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que recoge un apartado de Atención Residencia, «tampoco tiene cabida el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles por causa de necesidad».

«Básicamente esto implica que el sistema español de servicios sociales parte de la negación de la ocupación ilegal de una vivienda como una situación de necesidad. Es decir, que los servicios sociales atenderían a una persona sin hogar, pero no a una persona que estuviera ocupando un piso de forma ilegal. O, dicho de otro modo, el sistema español de servicios sociales impele a las personas que estén ocupando ilegalmente una vivienda a que su situación empeore aún más, quedándose sin hogar, aunque este sea precario, si quieren acceder a alguna de las prestaciones que los poderes públicos ofrecen a los ciudadanos. El Defensor del Pueblo considera que esta situación no es admisible», recoge.

El Defensor del Pueblo pone el foco, además, en que «en muchas ocasiones» acuden ala institución «familias con hijos menores de edad» para remitir sus quejas como «ultimo recurso».

Insta así a «hacer una reflexión» sobre la ‘okupación’ y la situación en la que se encuentran muchas de las personas que recurren a esta práctica, especialmente cuando el sector de la vivienda es «uno de los que más duramente» está siendo «castigados» a raíz del Covid-19.

Apunta que, aunque es un hecho delictivo, se necesita observar cómo afecta a los procesos de adjudicación de viviendas públicas y reprocha que en Madrid se excluya a personas que residen en inmuebles «sin título legal que ampare su residencia».

«Con ello se excluye no solo a las personas que han ocupado ilegalmente un inmueble, que habrían incurrido en un delito, sino a todos aquellos que se encuentran en precario, por la razón que sea, y con independencia del estado de necesidad en que se encuentren y cual sea su situación económica y social real», explica el Defensor del Puelbo, que ve que esta situación «no es correcta» porque implica que para poder optar estas personas deberían «empeorar su situación», lo que implica un «círculo vicioso» porque esto tampoco les «garantizaría» que acabasen siendo beneficiarios de una vivienda social.

Entiende que los servicios sociales y las condiciones para su acceso deben ser «razonables y estar cuidadosamente diseñadas» tanto para evitar «estigmatizaciones» como porque «su conducta no puede ser en sí misma una justificación para que el Estado parte le deniegue una vivienda social».

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El domingo acaba el plazo para votar a los finalistas del VII Concurso de Fotografía del Parque Nacional del Guadarrama

Concurso de Fotografía del Parque Nacional de Guadarrama

EUROPA PRESS – El VII Concurso de Fotografía del Parque Nacional de Guadarrama presenta las fotografías finalistas, escogidas por el jurado, para que se realice la votación ‘online’ del 15 al 21 de agosto, que otorgará la Mención de Honor, ha informado la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid.

El plazo de presentación de las fotos terminó el 1 de agosto. La entrega de premios del VII Concurso de Fotografía tendrá lugar en Miraflores de la Sierra, en un acto público, el sábado 27 de agosto. Además del primer y segundo premio, se otorgará una Mención de Honor votada online, cuyo proceso de participación se publicará en la web del Parque.

El primer premio consta de una cámara Bridge con bolsa y trípode (valor aproximado 500€), el segundo premio una cámara compacta (valor aproximado 250€) y la fotografía que reciba la mención de honor recibirá una cámara instantánea (valor aproximado 120€).

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El programa ‘Mi Primera Vivienda’ facilitará la concesión de hasta el 95% de la hipoteca a los menores de 35 años

Mi Primera Vivienda

EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid publica hoy en el BOCM la orden que regula el programa ‘Mi Primera Vivienda’, para ayudar a los jóvenes menores de 35 años con la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de su primer hogar.

Con esta publicación se abre el plazo, que durará hasta el próximo 15 de septiembre, para que las entidades financieras que cumplan los requisitos puedan solicitar su adhesión.

El Gobierno regional destina una inversión de 18 millones de euros, un 50% más del presupuesto previsto inicialmente, para favorecer la emancipación de aquellos jóvenes madrileños que a pesar de tener una solvencia económica no disponen del ahorro suficiente para lograr una hipoteca. De este modo, en colaboración con las entidades financieras, «ofrecerá una garantía a aquellos que sí cuentan con los recursos económicos suficientes para hacer frente a las cantidades restantes del importe de la vivienda que van a comprar».

Los interesados en ser beneficiarios de ‘Mi Primera Vivienda’ no podrán superar los 35 años en el momento de presentar la solicitud de financiación a la entidad financiera, acreditar su residencia legal en la Comunidad de Madrid de manera continuada e ininterrumpida durante los dos años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del préstamo y ser su primera adquisición de vivienda en propiedad en el territorio nacional.

Serán los bancos, una vez que se hayan adherido al convenio con la Administración autonómica, quienes valorarán las solicitudes de los particulares y concederán los préstamos hipotecarios para la adquisición de los pisos por un importe superior al 80% y hasta el 95% del valor del inmueble, siempre que este no rebase los 390.000 euros tomando como referencia su valor de tasación o el precio de compraventa.

REQUISITOS

Las entidades financieras deberán cumplir, asimismo, una serie de requisitos para adherirse al programa ‘Mi Primera Vivienda’, entre ellos una calificación crediticia mínima de grado de inversión otorgada por una agencia de calificación del sistema de evaluación del crédito del Eurosistema y certificación del Registro de Entidades de Crédito del Banco de España, con sucursales de la entidad financiera en todos los municipios de la Comunidad de Madrid con población superior a 50.000 habitantes.

La iniciativa ‘Mi Primera Vivienda’ está incluida en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2022/26 de la Comunidad de Madrid. Dotada de 4.800 millones, se orienta al fomento y la protección de la maternidad y la paternidad o la conciliación familiar.

Las futuras madres menores de 35 años tendrán acceso a diferentes medidas regionales orientadas a facilitar la compra de una casa, como es el caso de este nuevo programa; también ayudas para el alquiler de inmuebles públicos, como el Plan Vive del Gobierno autonómico que ofrece precios para el alquiler un 40% por debajo del precio de marcado, o para la ampliación de un máximo de dos años del seguro del impago de rentas a través del Plan Alquiler Joven.

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