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Gente | Comunidad de Madrid

Comunidad pagará a Encasa Cibeles 107 millones por el retorno de 1.721 pisos del Ivima tras anular su venta la Justicia

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EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid pagará a Encasa Cibeles 107 millones de euros por el retorno a la Agencia de Vivienda y Suelo (AVS) de 1.721 que en 2013 formaban parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y cuya venta –efectuada en 2013– fue anulada por la Justicia.

Esta cifra se trata del resultado de una valoración de los inmuebles que fueron recepcionados por el Ejecutivo regional el pasado septiembre, ha adelantado ’20 Minutos’ y han confirmado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medioambiente, Vivienda y Agricultura.

Para llevar a cabo esta delimitación del precio se ha fijado en la «escritura de los pisos sin actualizar y sin intereses», un peritaje «objetivo» que está «avalado» por la Abogacía General de la Comunidad de Madrid y que ha sido informado al fondo de inversión esta semana.

GARANTÍA DE QUE LOS AFECTADOS SIGUEN VIVIENDO AHÍ

Asimismo, desde la Consejería han insistido en que desde que en septiembre de 2021 se conociera el último de los fallos judiciales desde el Ejecutivo regional se ha «garantizado» que todos los afectados por la enajenación continúan viviendo en sus pisos –ahora dependientes de la AVS–.

«La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura siempre ha trasladado un mensaje de tranquilidad a todas las familias que, tras el fallo judicial, pasaron a ser inquilinos de pleno derecho de la AVS», han incidido.

También han recordado que se creó un grupo de trabajo que se puso en comunicación con los afectados para informarles de su situación y que los técnicos del mismo «trabajan desde hace meses para analizar de forma personalizada caso por caso las condiciones de sus actuales contratos de arrendamiento y sus necesidades sociales».

RECORRIDO LEGAL DE LAS VIVIENDAS DEL IVIMA

En 2013 la Comunidad de Madrid vendió casi 3.000 pisos sociales del antiguo Ivima a Goldman Sachs Azora, medida que fue recurrida a los tribunales.

En 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmaba la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 29 de Madrid, que anulaba la venta. A su vez, tras recurrir la Comunidad el fallo del TSJM, el 11 de marzo de 2020 el Tribunal Supremo volvía a pronunciarse en el mismo sentido. En septiembre el Ejecutivo autonómico confirmaba que no recurriría más autos sobre este tema y acataría la sentencia.

El juez de primera instancia consideró en mayo de 2018 que dicha adjudicación «no se ajustaba a derecho» y no estaba justificada por ningún «informe o análisis complementario de carácter técnico, económico, financiero y legal». En concreto, el fallo señalaba que la enajenación de las viviendas repartidas en 32 promociones se justificó señalando que «no eran necesarias». Sin embargo, alegaban que esta afirmación ni está explicada ni justificada.

«No se ofrece ni justifica la razón o el por qué dejan de ser necesarias dichas promociones, cuando juntan un total de 2.935 viviendas que cumplen una labor social, como es la de proporcionar a clases desfavorecidas una vivienda digna», argumentaba la sentencia en su momento, ratificada posteriormente en sucesivos fallos.

Se indicaba además que faltaba el «requisito de innecesariedad de dichas promociones de patrimonio de la Comunidad de Madrid» y que la venta «supone toda una alteración del programa de actuación del Ivima».

Las viviendas eran en su mayoría pisos de uno y dos dormitorios con un máximo de 70 metros cuadrados de superficie. Las viviendas están ubicadas en las localidades de Madrid (1.380), Móstoles (259), Torrejón de Ardoz (224), Tielmes (21), Parla (240), Collado Villalba (44), Majadahonda (332), Navalcarnero (192), Leganés (36), Valdemoro (80) y Arroyomolinos (127).

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Cultura y sindicatos acuerdan flexibilizar la titulación de vigilante de sala para evitar cierres en museos estatales

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EUROPA PRESS – El Ministerio de Cultura y Deporte y los sindicatos han acordado la flexibilización de la titulación para vigilantes y encargados de sala para evitar cierres parciales en los museos estatales ante la falta de personal necesario, tal y como ha ocurrido en los últimos meses.

Este acuerdo ha sido alcanzado tras una reunión entre representantes del Ministerio y de los sindicatos CC.OO., UGT y CSIF, según han confirmado a Europa Press participantes del encuentro. Los cambios se plasmarán a través de una modificación del Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, que tendrá que ser publicada en el BOE.

De esta manera, a los vigilantes de sala –que con el último convenio laboral se habían quedado fuera de las titulaciones requeridas– se les pedirá una titulación genérica de ESO o EGB o una FP administrativa. Además, van a poder participar en procesos de promoción interna o traslados.

Para los encargados de sala será igual, con una titulación genérica de bachiller o una FP técnica genérica como requerimientos. Y, además, habrá un caso particular también modificado, el de los guías de la cueva de Altamira, a los que se les sube de categoría.

Un portavoz de CSIF ha valorado en declaraciones a Europa Press este acuerdo que «se llevaba reclamando desde hace dos años», pero recordando que «aún quedan cuestiones muy importantes de solucionar» como por ejemplo la necesidad urgente de personal para evitar cierres de salas en los museos.

«Vamos a seguir negociando de manera paralela el sistema de complementos para mejorar las retribuciones. Además, hace falta que la administración sea eficaz y actúe con celeridad para cubrir las necesidades de personal, que defina cuanto antes las vacantes y, mientras se resuelven las ofertas de empleo público, se tienen que cubrir estos puestos a través de interinos», han recordado desde el sindicato.

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La Comunidad adaptará este curso las pruebas para el acceso a la universidad a los alumnos con dislexia

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EUROPA PRESS – La Comunidad de Madrid aplicará una serie de medidas y adaptaciones para los alumnos con dislexia en las pruebas de evaluación para el acceso a la Universidad de este curso 2021/22.

Con esta medida, el Ejecutivo regional «asegura los recursos necesarios para garantizar la equidad en la educación de los estudiantes que requieren una atención específica y diferente a la ordinaria».

Así lo establece la Resolución de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía del Gobierno que se ejecutará durante la EvAU que se llevará a cabo en convocatoria ordinaria del 6 al 9 de junio y en extraordinaria, del 5 y el 7 de julio, asegurando los principios de igualdad, capacidad y mérito, recogida en un comunicado.

La principal novedad es que se deberá evaluar principalmente en base al contenido y no se penalizará la extensión menor de la habitual en las respuestas o una presentación inusual.

Según esta normativa, también se les deberá facilitar papel extra ya que en muchos casos el tamaño de letra es grande y la direccionalidad irregular. Además, cuando lo requieran, podrán solicitar la lectura de las preguntas por los vocales del tribunal.

Como fuente para los textos se recomienda la OpenDyslexic, Comic Sans o Arial, con las dimensiones y los espaciados que se determinen más adecuados.

Los correctores de las materias sabrán que se trata de ejercicios realizados por este tipo de alumnado, manteniendo siempre su anonimato. Para ello se utilizarán señaladores, una serie de numeraciones o cualquier otro método que ayude a detectarlos sin desvelar su identidad.

Para hacer efectivas todas estas medidas, los centros docentes habrán presentado, a petición de los interesados, las solicitudes de esta adaptación, acompañada, si fuese necesario, del certificado médico que diagnostique la dislexia.

Por otra parte, su posterior aplicación será llevada a cabo por la Comisión Organizadora de las pruebas.

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